Las movilizaciones contra la motosierra de Milei: "Muchos jubilados han dejado de comer para comprar medicamentos"
- Los pensionistas de Buenos Aires se concentran los miércoles frente al Congreso para exigir una mejora de sus condiciones
- Además de jubilados, se han movilizado universitarios, organizaciones LGTBI+ y feministas o víctimas de la dictadura
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La primera protesta masiva contra el Gobierno ultraderechista de Javier Milei fue la huelga general de enero de 2024. Cuatro meses después, en abril, los docentes y los alumnos universitarios salieron a las calles. Repitieron en octubre. En diciembre lo hicieron las organizaciones LGTBI+ y los familiares de los desaparecidos en la dictadura militar argentina. En abril de 2025 los sindicatos y, cada miércoles, los jubilados.
En 2023, el mandatario se impuso en las urnas gracias a un mensaje en el que prometía recortar el gasto público con su famosa "motosierra" en un país asfixiado por la inflación. Desde que tomó posesión no ha dejado de defender el libre mercado mientras ha descalificado la Constitución, ha acusado a los homosexuales de pedófilos, ha negado la dictadura de Videla y ha insultado a periodistas en directo. Y todo, sin dejar de lado su violencia discursiva. A esto se suma una política de ajuste fiscal sin precedentes en la que Milei se ha puesto como objetivo "dinamitar el Estado desde dentro". "En sus declaraciones siempre lo repite: él es un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Esa es su definición y fue lo que le llevó a ganar las elecciones", explica el rector de la Universidad de La Pampa y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa.
La respuesta de las clases populares, cada vez más empobrecidas, ha sido inevitable. "La realidad, tarde o temprano, se abre paso y ante las condiciones de vida cada vez más deterioradas, son más los sectores que salen a movilizarse", explica el abogado especializado en derechos humanos, Matías Auferi.
Jubilados, sindicatos y organizaciones sociales marchan frente al Congreso Naciona el 9 de abril de 2025 Luciano Gonzalez/Anadolu vía Getty Images
Los jubilados, los protagonistas
Los jubilados porteños son los principales protagonistas de esta crisis. Desde marzo, miles de ellos se concentran cada miércoles frente al Congreso para exigir una actualización de las pensiones, la recuperación del acceso gratuito a los medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional, que permitía acceder a una pensión a quienes no tenían suficientes años cotizados.
En 2024, más de la mitad de la población vivía en situación de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino. Pero en el caso de los jubilados la situación es todavía más crítica. En uno de los países más caros del continente, la pensión mínima ha sido reducida a los 300 dólares mientras que la cesta básica de la compra supera los 1.200.
"El pago no llega ni a un tercio de lo que necesitaría realmente para vivir. Además se ha recortado la gratuidad de los medicamentos, que es una cuestión muy importante dentro de mi presupuesto de adulto mayor. A muchos compañeros le produjo la muerte porque no pudieron pagar los remedios oncológicos o contra la diabetes. Hay muchos jubilados que han dejado de comer para comprarse los medicamentos o viceversa. Otros están en situación de calle", denuncia Manuel Gutiérrez. Hace siete años que está retirado y desde hace tres meses participa en las protestas como Secretario General de la MESA coordinadora de jubilados.
Poco a poco, la lucha de los jubilados se ha ido transformando en una suerte de trinchera para los sectores populares, que han encontrado en las reivindicaciones de los mayores un punto de encuentro y de resistencia frente al Gobierno de Milei. Junto a la tercera edad han marchado los sindicatos, las centrales obreras, trabajadores del sector cultural, docentes, profesionales de la salud y estudiantes. También les acompañaron los hinchas de fútbol, evocando a Maradona y su "hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados". "Nosotros ya estamos en la última etapa de nuestra vida. Lo que queremos es que trascienda las nuevas generaciones y que no se naturalice, bajo ningún concepto, que los adultos mayores estén condenados a la miseria y marginalidad social", explica Gutiérrez.
Un jubilado golpea una barricada con una plancha de metal durante una protesta. Cristina Sille/picture alliance vía Getty Images
La represión, la gran aliada de Milei
Las movilizaciones contra el mandatario en las calles se han traducido en un aumento de la presencia policial. Las imágenes de gendarmes pegando a ancianos no han dejado de repetirse. Pero no solo a los jubilados, sino contra todos los que se oponen a las medidas del Gobierno. Mafalda, personaje icónico de la cultura argentina, ironizaba diciendo que las porras policiales eran "el palito de abolir ideologías", y hoy esa frase parece más cierta que nunca. Los cuerpos de seguridad no han hecho distinciones y han reprimido también a niños y periodistas, como el fotorreportero Pablo Grillo, en coma desde el 21 de marzo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
"El clima social se ha vuelto notablemente más violento en Argentina. El Gobierno ha adoptado un espíritu de agitador y provoca situaciones violentas. Todo esto, sumado al agravamiento de la crisis económica, genera un contexto social complejo, atravesado por las desigualdades sociales y por la falta de respuestas del Gobierno, que opta por reprimir la protesta en lugar de atender los reclamos sociales", analiza la politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Ana Natalucci.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado un aumento del uso de la fuerza contra manifestantes, así como detenciones arbitrarias y lesiones graves.
"Esta es la política del Gobierno: redoblar la apuesta siempre. Defiende todas sus acciones, incluso cuando intenta aleccionar al conjunto de la población", denuncia Auferi a RTVE.es. Él lo sabe bien. El 1 de febrero de 2024 protestaba ante el Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía la Ley Ómnibus, cuando perdió por completo la visión de uno de sus ojos por el impacto de una bala de goma disparada por la policía. Su caso ha sido denunciado por diferentes organismos, entre ellos Amnistía Internacional, que han advertido sobre el uso desproporcionado de la fuerza estatal y la falta de justicia. Auferi, igual que muchos otros, nunca recibió una respuesta de las autoridades.
Cuando el Gobierno solo llevaba un mes al frente del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó el 'Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público', una medida que autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir rápidamente para desalojar a quienes corten espacios públicos y restringir la actuación de organismos de derechos humanos y periodistas en las movilizaciones.
Manifestantes participan en una protesta para exigir mejores pensiones para los jubilados el 2 de abril de 2025 Matias Baglietto/NurPhoto vía Getty Images
"Se han deteriorado tanto las condiciones de vida que cuando sectores enormes se movilizan se demuestra que sí hay recursos para reprimirlos y para el equipamiento represivo de las fuerzas de seguridad", expone el abogado. Es una referencia implícita a la denuncia de los jubilados, que sostienen que el gas pimienta vale incluso más que la pensión mínima, poniendo en duda el lema del presidente de que "no hay plata". En Argentina, un aerosol profesional se comercializa a 288 dólares, mientras que la pensión mínima de marzo de 2025 fue de 279.
El Gobierno ha descalificado y minimizado las protestas, que atribuye a sectores de izquierda. Por ejemplo, en la marcha universitaria de abril de 2024, Milei y Bullrich señalaron que los más 1,2 millones de manifestantes eran "los mismos de siempre", en referencia a las organizaciones sociales y de izquierda. La ministra de Seguridad llegó a acusar en varias ocasiones a los asistentes de intentar desestabilizar al Ejecutivo y ha utilizado términos como "golpe de Estado moderno" o "intento de golpe institucional" para justificar la respuesta represiva.
Contra todo lo público
En 2024, organismos de la ONU expresaron su preocupación por el cierre y deterioro de las instituciones argentinas y la reducción del alcance de las políticas públicas. Y es que la disputa entre Milei y las clases populares no gira en torno a los medicamentos o las jubilaciones, sino a todo lo que pertenece al ámbito popular.
El presidente ha arremetido abiertamente contra el sistema universitario, que considera como un espacio controlado por "gente de izquierda" y un centro de adoctrinamiento político para deslegitimar las movilizaciones que denuncian una educación cada vez más precaria. "Desde América Latina siempre hemos defendido que la educación universitaria es un derecho humano universal y, por lo tanto, es una obligación del Estado garantizarla. La universidad pública ha demostrado ser una herramienta fundamental para el ascenso social y para ampliar las perspectivas dentro del sistema. Sin embargo, las políticas actuales están afectando la conformación del entramado social", denuncia el rector de la Universidad de La Pampa.
Los salarios de los docentes universitarios figuran entre los más golpeados por el ajuste fiscal de Milei. "Cuando comienza este Gobierno, estudiamos los sueldos de los docentes y no docentes contra la inflación y, hasta ahora, un tercio del sueldo se ha perdido a pesar de los aumentos", identifica Alpa. El conflicto entre el Ejecutivo y el ámbito universitario tuvo su primer gran estallido en abril de 2024, cuando una multitud se movilizó en distintas partes del país para rechazar los recortes presupuestarios que siguen amenazando el funcionamiento de las universidades.
Un bandera de las Madres de la Plaza de Mayo en la manifestación del 2 de abril de 2025 Catriel Gallucci Bordoni/NurPhoto vía Getty Images
Según la prensa argentina, debido a la política de ajuste del presidente se han registrado más de 43.000 despidos en la Administración, lo que representa una reducción del 12,8% del empleo público. Los que todavía siguen, trabajan con un nivel adquisitivo cada vez más bajo. Con todo este desgaste, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los familiares de desaparecidos y detenidos están siendo testigos de la política de "desmemoria". En 2024, el Gobierno, que niega la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, ordenó el cierre de la Unidad Especial de Investigación dedicada a la localización de niños arrebatados a sus familias y sometidos a desaparición forzada durante el régimen militar de 1976-1983. La respuesta volvieron a ser las calles.
Otras de las políticas públicas eliminadas son aquellas que brindaban apoyo económico, asistencia psicológica y asesoramiento legal a las supervivientes de femicidios y a familiares de víctimas, porque para Milei todo los derechos sociales se esconden detrás de los "zurdos", de "la casta"o "lo woke". De hecho, el presidente prohibió el lenguaje inclusivo y "todo lo referente a la perspectiva de género" en la Administración. Así lo explica Natalucci, quien asegura que "hoy no hay ningún sector en la Argentina que no esté afectado directamente por la política de Gobierno".
Por eso, la movilización es la única opción para muchos. "Más allá de la lucha política, es una lucha la dignidad", sentencia Gutiérrez.
