España advierte a Israel de que "ilegalidad" de la ocupación de Palestina no le libera de su deber hacia la población local
- La embajadora española, Consuelo Femenía Guardiola, ha recalcado que Israel "ha ocupado el territorio palestino desde 1967"
- La CIJ escucha hasta el viernes argumentos de más de 40 países y organizaciones sobre las obligaciones humanitarias de Israel
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El Gobierno español ha alertado este martes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que la "ilegalidad de la ocupación" de Israel de los territorios palestinos "no le libera de sus obligaciones" hacia la población civil local y subrayó que "no tiene derecho a revocar unilateralmente" el acuerdo con la UNRWA, que asiste a los refugiados palestinos.
En su intervención ante la CIJ, la embajadora española, Consuelo Femenía Guardiola, ha recalcado que Israel "ha ocupado el territorio palestino desde 1967" y ha advertido de que "la ilegalidad de la ocupación (declarada así por la CIJ) no libera a Israel de sus obligaciones y responsabilidades bajo el derecho internacional hacia la población palestina y respecto a otros Estados".
Además, ha subrayado que Israel tiene "la obligación de asegurar que se satisfagan las necesidades básicas de la población local", puesto que, como "potencia ocupante", debe garantizar el suministro de alimentos, medicinas, ropa, camas, medios de refugio y otros artículos esenciales para la supervivencia si los recursos del territorio ocupado son "insuficientes".
Según el derecho internacional aplicable a todas las potencias ocupantes, ha añadido, Israel "no tiene derecho a revocar unilateralmente el acuerdo" con UNRWA y el veto a esta agencia, a través de una ley aprobada el pasado octubre, es una "violación" de la ley y "una retención arbitraria del consentimiento" a las organizaciones humanitarias "para proporcionar asistencia humanitaria".
Israel "debe respetar la independencia y autonomía" de la ONU
Como Estado miembro de la ONU, ha añadido, Israel "debe respetar la independencia y autonomía de Naciones Unidas y asistirla en el cumplimiento de sus actividades", lo que incluye cooperar de "buena fe con las agencias y órganos de la ONU" y "no impedir que lleven a cabo sus actividades", como se hizo con la UNRWA.
"Este mandato fue establecido por la Asamblea General y solo puede ser modificado por la propia Asamblea General. Ningún Estado puede cambiarlo o cancelarlo unilateralmente", ha añadido, al tiempo que mencionaba que Israel está obligado a "abstenerse de ejecutar cualquier acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa que limite o impida el disfrute de los privilegios e inmunidades" otorgados a la ONU y a su personal.
Naciones Unidas tiene, además, "la responsabilidad permanente" hacia la cuestión de Palestina hasta que "se resuelva en todos sus aspectos de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes". "Como potencia ocupante, Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado y está legalmente obligado a abstenerse de ejercer actos de soberanía (…) Israel tiene la obligación de administrar el territorio palestino ocupado en beneficio de la población local", ha dicho Femenía, que ha hecho mención a dos opiniones consultivas de la CIJ de 2004 y 2024 sobre la cuestión.
El año pasado, la CIJ consideró que las políticas de asentamientos israelíes "violan el derecho internacional" y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal", por lo que le exigió la "evacuación de todos los colonos", el "desmantelamiento" del muro de separación y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.
Además, en otro caso separado por una acusación de genocidio en Gaza, la CIJ emitió medidas cautelares en varias ocasiones. Exigió pasos "inmediatos y efectivos" que impidan el genocidio y pidió evitar que el Ejército israelí impida "mediante cualquier acción la entrega de asistencia humanitaria urgente" a los civiles, que afrontan, alertó, en "condiciones de vida catastróficas".
La CIJ escucha desde el lunes y hasta el viernes argumentos de más de 40 países y organizaciones sobre las obligaciones de Israel hacia las organizaciones humanitarias, antes de emitir una opinión consultiva solicitada el año pasado por la ONU.
