Belarra insiste en llamar "juez corrupto" a García Castellón y el Supremo pregunta si puede investigarla por ello
- La líder de Podemos defiende que le ampara la "inviolabilidad parlamentaria" en sus declaraciones
- El TS ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien sobre su competencia para investigarla
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto este jueves a calificar de "juez corrupto" a Manuel García Castellón, el magistrado jubilado que interpuso una demanda contra ella precisamente por llamarle de esa manera en redes sociales, justo el día en el que el Tribunal Supremo ha aplazado su decisión sobre este asunto para aclarar si puede juzgarla como aforada.
En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha explicado que el artículo 10 del estatuto del diputado le "garantiza la inviolabilidad por la expresión de sus opiniones durante el ejercicio de su cargo" y ha vuelto a cargar contra el exjuez de la Audiencia Nacional, a quien ha acusado de seguir con la "guerra sucia judicial" contra su partido.
Según Belarra, debería ser García Castellón el que fuera juzgado "por sus acciones durante su ejercicio profesional" y no ella, "por decir única y exclusivamente la verdad" sobre el juez. En este sentido, ha repasado los asuntos de los que se hizo cargo el magistrado desde que fuera "traído de vuelta por el PP de su retiro dorado en Italia".
Así, ha recordado que "libró de la cárcel" al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, "rechazó imputar a pesar de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción" a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y "archivó la causa" sobre la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre por la 'caja B' del PP. "Ha perseguido al independentismo, intentando acusarles de terrorismo en la causa de 'Tsunami Democrátic', ha perseguido a Podemos intentando darle la vuelta al 'caso Dina' y ha perseguido de manera prospectiva a Podemos con investigaciones sobre la financiación que ha quedado en nada", ha recordado.
Para la líder de Podemos, "afirmar que García Castellón es un juez corrupto que ha utilizado su posición profesional para perseguir a los adversarios políticos del PP y para proteger a los corruptos del PP no es una opinión, es una pura descripción de la realidad".
A su parecer, demandas como la que hay contra ella tienen "como objetivo amedrentarles, criminalizarles y silenciarles", pero ha avisado de que la mejor manera de "responder a esta guerra sucia judicial [...] es seguir haciendo política".
El Supremo pregunta si puede investigarla
Estas declaraciones se han producido justo poco antes de que el Supremo haya dado un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si el alto tribunal es competente para resolver la demanda que interpuso el juez jubilado García Castellón contra Belarra por presunta "intromisión legítima en el derecho al honor" por llamarle "corrupto" y en la que reclama 240.000 euros.
En la audiencia previa, el presidente del tribunal, Ignacio Sancho ha explicado que dado que esas manifestaciones las hizo en su cuenta personal en X, la Sala quiere saber si las hizo en calidad de diputada, en cuyo caso sería competencia del Supremo, o como ciudadana, en tal caso la demanda sería competencia de un juzgado ordinario.
El magistrado ha recalcado que, toda vez que Belarra no ha negado sus declaraciones, la cuestión es determinar si se manifestó en condición de diputada y puede acogerse a la inmunidad parlamentaria, o si, por el contrario, sus publicaciones quedarían limitadas al ámbito privado.
En el marco de la vista de este jueves, la defensa de Belarra ha recalcado que el propio García Castellón en unas jornadas celebradas el pasado enero dijo que los "ataques" de miembros del Gobierno o diputados le daba "igual". Además, el letrado ha subrayado que el magistrado ha recibido premios "con posterioridad" a las manifestaciones de Belarra, lo que, a su juicio, "corroboraría una ausencia de merma en su prestigio".
Por su parte, la abogada de García Castellón ha incidido en que esta misma semana Belarra ha ratificado "íntegramente" sus manifestaciones en un programa de canal Red.es.
Para la Fiscalía, "no cabe duda de que tachar a un juez de corrupto, prevaricador y parcial por proteger a un partido político y perseguir a los adversarios constituyen expresiones objetivamente injuriosas por cuanto se le está atribuyendo la comisión de unos hechos delictivos y el incumplimiento de una obligación esencial e inherente a sus funciones como es la imparcialidad; lo que es siempre insultante y descalificador y, en consecuencia, lesivo para su honor".
Cabe recordar que la Fiscalía ya aseguró en el informe escrito que presentó ante el tribunal que "las declaraciones realizadas por un parlamentario en redes sociales desde su propio perfil, especialmente si son ofensivas o atentan contra el honor de terceros, no están protegidas por las prerrogativas de inviolabilidad".
El origen de la demanda
El primer comentario que denunció el magistrado fue publicado el pasado 2 de septiembre, cuando se hizo efectiva su jubilación. "Hoy el BOE publica la jubilación forzosa del juez García-Castellón. Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción, algunas gracias al PSOE. Vergüenza", publicó Belarra.
En un principio, el magistrado solicitaba una indemnización de 120.000 euros, si bien más tarde amplió su demanda y reclamó 240.000 euros al incorporar otra publicación de la diputada en la red social X que consideraba que vulneraban su derecho al honor. La Fiscalía lo rebaja a 20.000 euros.