La nueva tasa de basuras será obligatoria desde el 10 de abril para municipios de más de 5.000 habitantes
- La obligación de cobrar el impuesto de basuras se hace efectiva al cumplirse tres años tras la entrada en vigor de la ley
- Los ayuntamientos establecerán sus propios criterios, lo que podría generar disparidades significativas entre territorios
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A partir del 10 de abril, todos los ayuntamientos españoles con más de 5.000 habitantes estarán obligados a aplicar una nueva tasa de basuras. El objetivo es cumplir con los compromisos europeos en materia de gestión de residuos, aunque se ha topado con cierta polémica.
La nueva tasa de basuras responde al principio de "quien contamina, paga". Es un tributo municipal que busca financiar servicios como la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, así como el mantenimiento de vertederos. Está contemplada en la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados, que incorpora una directiva europea de 2018 para avanzar hacia una economía circular. Entre los objetivos marcados por la Unión Europea, se exige que para 2025 al menos el 55 % de los residuos se reutilicen o reciclen, un porcentaje que deberá alcanzar el 65 % en 2035.
Disparidades entre municipios
Aunque algunos municipios ya contaban con tasas similares, la novedad es su obligatoriedad en todo el país para localidades de más de 5.000 habitantes, que comienza a partir del 10 de abril, al cumplirse tres años de la entrada en vigor de la ley. Cada ayuntamiento podrá decidir los criterios para calcular el importe. En Madrid, por ejemplo, los recibos se empezarán a emitir en julio de 2025. La normativa establece que el sujeto pasivo de la tasa es quien disfruta del servicio, es decir, el ocupante del inmueble, por lo que, en principio, serán los inquilinos quienes deban asumir el pago.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha expresado su preocupación por la "regulación dispar" en la que se enmarca la ley. "Cada ayuntamiento decide el criterio a partir del cual define su tasa", señala Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la FEMP. Algunas localidades la calcularán en función del consumo de agua, otras del valor catastral o del número de residentes. Desde la FEMP, piden evitar la discrecionalidad y respetar la autonomía local para no generar desigualdades entre territorios.
El coste medio de la tasa ronda los 80 euros anuales, aunque las cifras varían notablemente. Algunas son fijas y otras dependen de varios factores como el número de empadronados, la ubicación del inmueble o el consumo de agua.
Polémica por los mecanismos que establece la ley
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que el sistema debe ser sencillo para la ciudadanía. Entiende que es fundamental evitar procedimientos complejos como el uso de bolsas específicas y propone que las tasas se adapten de la forma más individualizada posible, para evitar que quienes reciclan correctamente se vean perjudicados por quienes no lo hacen. También sugiere establecer bonificaciones para colectivos vulnerables, como desempleados, pensionistas o familias numerosas.
Mientras el PSOE y otros grupos de la izquierda apoyan el impuesto como herramienta para fomentar el reciclaje y penalizar a quienes no lo practican, el Partido Popular ha impulsado en el Senado una proposición de ley para suprimir la obligatoriedad del cobro. El PP argumenta que la directiva europea no obliga expresamente a aplicar esta tasa ni exige que los ciudadanos asuman el coste total del servicio. En su lugar, plantea explorar otros mecanismos financieros y mejorar la eficiencia de las infraestructuras existentes.
