'Caso Koldo': una empresa que pasa de cero a 54 millones, compras de pisos a 'tocateja' y artimañas para ocultarlo

• El asesor de Ábalos habría ejercido de intermediario en los contratos de la trama de 'mordidas' en la venta de mascarillas
• Su patrimonio inmobiliario se incrementó en 1,5 millones y hubo otros beneficiados

Koldo García, el intermediario en la compra de mascarillas que se hizo con un patrimonio de 1,5 millones de euros

En los peores meses de la pandemia de coronavirus, hubo quien se lucró en grandes cantidades con la venta de material sanitario a las administraciones públicas, como ha demostrado el ‘caso Koldo’, vinculado al exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos. Koldo García se llegó a hacer con un patrimonio inmobiliario de 1,5 millones de euros a raíz de los contratos para proporcionar mascarillas entre la empresa Soluciones de Gestión y administraciones públicas en los que él habría intermediado abusando de su cargo público. Esa empresa, inactiva hasta 2020, había pasado de cero a 54 millones de euros en un año. Hubo muchos más beneficiados de esta trama. Todo, en medio de presuntas irregularidades y artimañas para evitar las sospechas de Hacienda y las investigaciones.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al que ha tenido acceso RTVE, incluye el relato pormenorizado que la Fiscalía hace de los hechos en base a nueve contratos sospechosos de los 13 que el PP de Madrid denunció al Ministerio Público por presuntas irregularidades entre el 21 de marzo y el 8 de mayo de 2020. Soluciones de Gestión vendió material sanitario a Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior, y a los servicios de salud de Canarias y Baleares. Todo, por un montante que asciende a casi 50 millones de euros. 

Koldo y Joseba García: pisos en Benidorm, ingresos en efectivo y más

En tan solo cinco meses, a raíz de los tres primeros contratos con los ministerios de Transportes y del Interior, se detectó un “notable incremento del patrimonio” de Koldo García, de su mujer Patricia Uriz Iriarte y de su hija menor que “no se corresponden con los ingresos procedentes de sus actividades profesionales”, según el auto. Los tres, pasaron a ser titulares de bienes inmuebles por valor de 1,5 millones de euros. La Fiscalía destaca también el aumento de ingresos en efectivo, sin especificar cuánto, lo que denota “otra posible fuente financiera de origen desconocido”. 

Asimismo observa un “incremento sustancial” de sus aportaciones a hipotecas y préstamos a partir de diciembre de 2020, aportaciones ligadas a la adquisición de tres bienes inmuebles en la localidad de Benidorm. 

Uno de esos bienes se puso a nombre de su hija y se compró por 115.000 euros sin necesidad de hipoteca. 11.500 de esta cantidad se pagó en metálico sin que conste justificante, y el resto con cuatro cheques de fondos provenientes de una cuenta bancaria a nombre de la hija y que se habían ingresado dos días antes de la compraventa. El dinero de dicha cuenta venía de traspasos ordenados de la cuenta de Joseba García (hermano de Koldo y tío de la niña, también investigado en el caso) y de fondos aportados por los padres de la menor entre los que se encuentra una donación de 90.000 euros en efectivo y “de la que no se ha encontrado movimiento bancario alguno”.

El Ministerio Público sostiene que Joseba García y su exmujer, Ana María Rodríguez, “eran utilizados para ocultar la titularidad real de algunos inmuebles”, y no descarta que personas ajenas al ámbito familiar también hubieran podido ser utilizados con el mismo fin. Destaca que el hermano de Koldo García también ha estado vinculado, desde 2019, a órganos dependientes del Ministerio de Transportes (como INECO y EMFESA), “un aspecto que no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en el Ministerio”.

La implicación de Joseba García en la causa va más allá de la relación con su hermano. Habría adquirido, además, varios vehículos para otro investigado, el presidente del Zampoña CF Víctor Aldama, que era quien conocía personalmente a Koldo García desde 2018 y quien le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, propiedad del empresario Íñigo Rotaeche (también investigado). 

Con todo, Joseba García “ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros; 84.907,61 euros en el año  2021, y 52.125 euros en el año 2022", apunta el auto. 

Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto: un beneficio de 15 millones

Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto son otras dos de las piezas centrales en esta causa. El segundo es el hijo de los dueños del Grupo Cueto, que era “quien realmente controlaba” a la empresa Soluciones de Gestión. El presidente del Zamora CF, dueño también de la empresa MTM 180 Capital SL, estaba “vinculado personalmente” a dicho grupo. Y ambos, junto a Koldo García, Koldo, mantenían “una estrecha relación”.

El juez cree que Soluciones de Gestión “habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común” entre Víctor Aldama y Juan Carlos Cueto, que pese a “no figurar documentalmente” en dicha empresa, habrían sido responsables de los contratos investigados.  Esta empresa se había constituido en 2017 y se mantuvo inactiva hasta la pandemia en 2020. “La actividad  social de la empresa adjudicataria”, más relacionada con la electricidad que con la salud, “no tiene relación directa con el objeto del contrato”, dice la Fiscalía. Esto no impidió que en 2020 pasara a ingresar 54 millones de euros y en 2021 845.670. De todo ese dinero, la empresa solo pagó un 13% para la compra de material sanitario y se hizo con unos beneficios del 32%.

Todos los contratos de esta empresa con las administraciones públicas generaron un beneficio a Juan Carlos Cueto de 9,6 millones y a Aldama de 5,5. Parte de ese dinero lo destinaron a comprar fincas rústicas en Carballeda de Valdeorras (Ourense), cuya titularidad pasó de una empresa a otra del Grupo Cueto para dificultar su seguimiento.

Además, parte las ganancias obtenidas por Soluciones de Gestión en los contratos adjudicados gracias a la intermediación de Koldo García “habían sido transferidos a Suro Capital Brasil Paricipacoes LTDA, en una cuenta en Brasil", explica el auto. Ello, con “el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero". Aldama también habría realizado transferencias a una sociedad en Luxemburgo.

Los pinchazos telefónicos acreditan las comisiones irregulares

En 2022, el juez ordenó pinchar los teléfonos de los investigados y vigilar los movimientos. Ante las sospechas de la investigación, los implicados trataron de extremar las precauciones. Precisamente, cuando Hacienda cita a cita a Koldo García a declarar los investigados se aconsejan entre ellos ir con abogado: “Como vaya alguien y empiece a largar y rajar, tiene un problema”.

Algunas de esas conversaciones acreditan las comisiones que Koldo habría cobrado a cambio de su intermediación. Por ejemplo, la que mantuvo Cueto con Rotaeche el 4 de diciembre de 2023 sobre los “hechos investigados”: “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su exjefe... y parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio”. El auto no aclara a quién se refería al hablar de "su exjefe".

Las conversaciones también acreditan que se movían en dinero en efectivo. Joseba García asegura a otra persona que su hermano le dijo: “No te voy a dejar ni un duro, ni te lo voy a cambiar por billetes en mano”. Según auto, esto demostraría que Joseba “habría recibido dinero en efectivo propiedad de Koldo”.

Koldo García y su hermano, así como Íñigo Rotaeche y Víctor Aldama, pasaron este jueves a disposición judicial, aunque se negaron a declarar ante el juez. Fueron puestos en libertad con medidas cautelares (todos menos Joseba García). Son parte de la veintena de personas que la Guardia Civil detuvo el pasado martes en el marco de 'operación Delorme', dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.