Suiza ve un posible "carácter político" en la investigación de García-Castellón y rechaza darle información sobre Rovira

• La justicia helvética duda de la pertenencia de la secretaria general de ERC a 'Tsunami Democratic'
• Exige al juez español más información sobre la supuesta implicación de Rovira y sobre la ley de amnistía

Imagen de la protesta convocada por 'Tsunami Democràtic' en octubre de 2019 en El Prat tras la sentencia del 'procès' EFE/Alejandro García

La justicia suiza ve un posible “carácter político” en la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón respecto a la causa ‘Tsunami Democràtic’, relativa a los disturbios y protestas tras la sentencia del 'procès', y le pide más información para cursar la comisión rogatoria que solicitó el magistrado a Suiza para conocer el paradero de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, principal imputada. En esta causa por terrorismo, el magistrado investiga además el papel del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuestiona que tanto Rovira como el líder de Junts puedan beneficiarse de la ley de amnistía. Suiza, en cambio, duda de la pertenencia de Rovira a la plataforma ‘Tsunami’.

La Oficina Federal de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia suizo, ha respondido así a la solicitud de auxilio judicial del juez García-Castellón del pasado mes de noviembre para localizar el paradero de Rovira. Una solicitud, por otra parte, que muestra similitudes con otra cursada por el Juzgado Central de Instrucción número 006 de Madrid de diciembre de 2019 y que resultó denegada.

En su respuesta, según ha podido saber RTVE, la Oficina Federal alerta de que debe verificar si la causa tiene carácter "político", porque de ser así, la legislación suiza impide dar asistencia a otro país en materia penal, con lo que no podría cooperar con la Audiencia Nacional.

Duda de la pertenencia de Rovira a 'Tsunami' y pide más datos

La justicia suiza no ve clara la pertenencia de Rovira a Tsunami, como considera García-Castellón. Así, dice no entender por qué el magistrado español, que investiga los disturbios tras la sentencia del ‘procés’, solicita el paradero de Rovira, huida a Suiza en 2018, ya que esta medida podría llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación judicial. Y tampoco entiende la finalidad con la que se persigue esa localización.

En concreto, Suiza pide a García Castellón conocer la relación exacta entre Rovira y las protestas en los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona) tras la sentencia del ‘procès’ de 2019. Y también la implicación precisa de la secretaria general de ERC en dichas manifestaciones y en las acciones emprendidas contra los funcionarios españoles y saqueos cometidos en este contexto.

Por otra parte, pide también, por “proporcionalidad”, información respecto a por qué el magistrado español solicita también los movimientos hasta 2020 de una cuenta bancaria que habría dado apoyo financiero a las protestas en los aeropuertos de Barcelona y Madrid, ya que éstos habrían tenido lugar el 14 de octubre de 2019. 

Por último, la justicia suiza hace referencia a la ley de amnistía al ‘procès’ que está tramitando en España el Congreso de los Diputados, por la que dice haberse enterado por la prensa. Pide también al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que amplíe la información al respecto y considera conveniente que explique las posibles consecuencias de dicha ley sobre la propia Rovira y sobre los implicados en la causa de Tsunami Democràtic.

El juez español argumentó que Rovira fue la primera en retuitear a Tsunami

En la comisión rogatoria de noviembre, el juez explica que sospecha que Rovira pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de 'Tsunami' en agosto de 2019, y en la que está "acreditado indiciariamente" que también acudió Puigdemont, al que el juez le otorga un "rol de liderazgo" en esta iniciativa. Precisamente, por la condición de eurodiputado del ‘expresident’, el juez solicitó al Supremo que asuma la causa contra él.

Para argumentarlo, explica que Rovira fue “la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami”. En solo tres minutos, expone, leyó el tuit, pensó un comentario, lo transcribió y retuiteó el mensaje de Tsunami.

En este contexto, García-Castellón apunta también a “una conversación mantenida el 3 de octubre de 2019 de Marta Rovira (alias Matagalls) con el investigado" Xavier Vendrell, exdiputado de ERC. "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción, que lo está charlando en la dirección", le habría señalado Rovira, que explica que existen "ciertos problemas para llevar a término el encargo".

El magistrado menciona igualmente un mensaje del 14 de octubre de 2019 en el que Rovira "le dice a Vendrell que felicite a todo el mundo" de su parte. Ese mismo día, recuerda, "fue el que tuvo lugar la acción de bloqueo de Tsunami en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat".

Suiza ya rechazó la anterior comisión rogatoria de García-Castellón

En marzo de 2020, Suiza rechazó la anterior comisión rogatoria remitida por García Castellón, por los delitos de organización criminal y terrorismo, argumentando que la legislación de su país considera inadmisibles las solicitudes de asistencia en actos con un "carácter político preponderante".

En este sentido, las autoridades suizas apuntaron que tampoco se cumplían los requisitos para colaborar en casos de delitos políticos, que su legislación sólo permite si se trata de actos "especialmente reprensibles", como la coacción o extorsión que ponga en peligro la vida de personas mediante el secuestro de avión, el uso de medios de exterminio masivo o la provocación de una catástrofe o toma de rehenes.

En su escrito de 2020, Suiza también advertía de que, aunque se negara la naturaleza política de los actos en cuestión, sólo podrían colaborar con la justicia española si los hechos expuestos correspondieran a infracciones castigadas por el derecho suizo.

Y en el caso de Tsunami, añadía la respuesta a la comisión rogatoria, "las manifestaciones de desobediencia civil contra el poder central español" no encajaban con su definición ni de organización criminal ni de terrorismo.