Enlaces accesibilidad

La amnistía que pide Puigdemont marca la semana: de la ambigüedad del PSOE al "encaje" catalán de Feijóo

  • La investidura sigue atascada mientras Puigdemont no de su 'sí', y sus condiciones pasan por la amnistía y un mediador
  • El PSOE no se pronuncia sobre si ve constitucional la amnistía y Feijóo niega críticas internas en su partido

Por
El 'expresident' Carles Puigdemont
El 'expresident' Carles Puigdemont

La investidura de Alberto Núñez Feijóo (PP) o de Pedro Sánchez (PSOE) como presidente del Gobierno pasa inevitablemente por el ‘sí’ del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont (Junts), que esta semana ha revuelto la política exigiendo una ley de amnistía para los responsables del ‘procés’ como condición necesaria para negociar con cualquier partido. No es una petición en absoluto nueva, pero nunca antes este partido independentista había tenido tanto poder para decidir sobre la gobernabilidad en España, ya que si no apoya a ningún candidato habrá repetición de elecciones, un escenario del que no quieren hablar en los principales partidos. De ahí que la “amnistía” haya sido el centro del debate político esta semana.

De hecho, está siendo un quebradero de cabeza para los dos principales partidos. Feijóo cree que Puigdemont busca devolverle el “155” a España con una ley de amnistía "inconstitucional" que implicaría, a su juicio, equiparar la democracia con una “dictadura” y pide ahora a Sánchez buscar juntos una “tercera vía” a la gobernabilidad del país y un “encaje” al “problema territorial” de Cataluña, palabras que han generado cierto revuelo en su partido.

Mientras, Sánchez no se ha pronunciado sobre la amnistía, si bien insiste en el “diálogo” y la “concordia” para Cataluña dentro de la Constitución (en el pasado dijo abiertamente que un referéndum y una amnistía no tenían cabida en la Carta Magna y no las aceptaría su partido). En el PSOE se ha instalado la ambigüedad. Dicen ahora, en palabras de Patxi López, que es el Constitucional el que deberá determinar si una ley así entra en la Carta Magna o no, pero creen que ahora “no es el momento” de hablar de esto porque le toca a Feijóo intentar su investidura. Y entre los históricos dirigentes socialistas han surgido algunas críticas por parte de personalidades como Felipe González o Alfonso Guerra.

Feijóo da de lado a Junts y vuelve la cara a Sánchez, que rechaza reunirse con él

Con la amnistía como condición de Puigdemont, Feijóo ha dejado de lado la reunión con Junts por la que abogaba (entre duras críticas por parte del PP catalán, que no entiende "de qué hay que hablar" con un partido cuya tesis es que España "es una dictadura"). En cambio, esta semana se abrió a una reunión con Sánchez antes del debate de su investidura los días 26 y 27 de septiembre para tratar el pleno y el problema catalán. Pero el PSOE lo ha vuelto a rechazar y ha dicho que "lo primero que tiene que hacer es aclararse con su propio partido antes de pedir reuniones a los demás", en palabras de Pilar Alegría este viernes.

Sumar es el único partido no independentista que apuesta abiertamente por buscar un “encaje” constitucional a una ley de amnistía y advierte a Puigdemont de que una ley de estas características sería en sí en el pacto de investidura de Sánchez y no una condición previa a negociar. Vox, por su parte, ha reafirmado su apoyo incondicional a una investidura de Alberto Núñez Feijóo para evitar un nuevo “golpe” en España, algo que el 'popular' ha celebrado al considerar que Abascal se abre por primera vez a apoyar un posible “acuerdo histórico” entre PP y PSOE, que es su apuesta para ser investido. Los líderes de PP y Vox se reunieron el martes y ambos se erigieron como "alternativa" a la "subasta" de los independentistas.

Mientras, el independentismo aboga por mantenerse coordinado en las negociaciones para una investidura. ERC, que ha perdido ante Junts tras las elecciones su condición de partido independentista determinante en la gobernabilidad de España, ve "lógico" lo planteado por Puigdemont y la amnistía como una "línea roja". Al cierre de filas entre ambos (tras una última legislatura de divorcio independentista) se suma la CUP, que ha avisado de que solo puede "imaginar y concebir" un diálogo con el Estado español si se incluye "de forma explícita, inseparable y efectiva tanto la amnistía como la autodeterminación".

Y si el debate político está servido, también lo está el jurídico, donde hay división de opiniones respecto a si una amnistía, empleada en las democracias cuando se ha producido un cambio de régimen, el fin de una guerra civil o de un periodo de excepción, es o no constitucional. El Supremo ya ha dejado claro que, si la amnistía se aprueba en el Congreso, podrá plantear una cuestión de inconstitucional al TC o preguntar también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo que, llegado el caso, podría implicar una suspensión de la ley.

Una semana caliente que comenzó con la reunión Díaz-Puigdemont

La polémica comenzó el lunes con una reunión que se había mantenido en secreto hasta esa misma mañana entre la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, y Puigdemont en el Parlamento Europeo para tratar una posible investidura de Sánchez. No era una cita más, sino la primera vez que un miembro del gobierno de España se reunía con Puigdemont desde que huyó de la justicia en 2017 tras el ‘procés’ y, además, tenía lugar el día antes de que el líder de Junts expusiera las líneas para negociar la investidura. Aún así, tanto desde Sumar como desde el PSOE dejaron claro que Díaz acudió en calidad de líder política y no como Gobierno, argumento que no convenció al PP al considerar que "una vicepresidenta lo es 24 horas al día".

Aparte de Díaz y Puigdemont, en la reunión participaron Jaume Asens (En Comú), el encargado de Sumar para negociar con el ‘expresident’, y el 'exconseller' huido de la justicia Toni Comín. Del encuentro salió un comunicado conjunto en el que Junts y Sumar coincidían en “explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político”, porque “los problemas políticos deben volver a los cauces políticos”.

Vox, por su parte, solicitó al Supremo que Díaz y Asens testificaran tras reunirse con Puigdemont, que sigue pendiente de que la Justicia europea decida si le devuelve la inmunidad como europarlamentario o no, una decisión de la que también está pendiente el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para reactivar o no la orden europea de detención contra él y contra Comín.

El martes, Puigdemont expuso en Bruselas las condiciones para una negociación, que consistían no solo en la amnistía sino en la figura de un ‘mediador’ y reconocimiento de la “legitimidad del independentismo”, y pidió igualmente reconocer los “elementos del conflicto” catalán y que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue “una respuesta legítima” al mismo.

El líder de Junts reconoció que ahora “no existen las condiciones” para llegar a ese pacto, pero no lo vio igual Yolanda Díaz, que se mostró optimista: "Después de conversar con Puigdemont estoy convencida de que va a haber un Gobierno progresista". También el Gobierno en funciones celebró que Puigdemont esté “abierto al diálogo” pese a estar en unas posiciones "de máximos". Y es que Junts ha dejado de lado por ahora su exigencia de un referéndum y habla de una amnistía que, a su juicio, tiene cabida en la Constitución.

Las explicaciones de Feijóo sobre el “encaje” catalán y las críticas en el PSOE

El “encaje territorial” de Cataluña y la amnistía son dos puntos de fricción internos en el PP y PSOE, respectivamente. El pasado miércoles, tras apostar Feijóo por un “acuerdo histórico” entre PP y PSOE que le permitiera ser investido y buscar conjuntamente un “encaje” al problema catalán, varios medios publicaron el malestar en las filas ‘populares’. La dirección del PP aclaró inmediatamente que la postura de Feijóo “no es novedosa” y parte de un principio de “igualdad entre territorios y de respeto a la ley y a la Constitución”.

El propio líder del Partido Popular se reafirmó un día después en Antena 3, asegurando que los términos empleados, “encaje territorial”, fueron “a propósito” y admitió que son propios del “independentismo”, si bien incidió en que su propuesta pasa por buscar una solución en el marco de la Constitución, de los pactos de Estado y de la ley. Negó además tener “esos problemas” internos sobre esta cuestión como sí tiene, dijo, el PSOE.

Mientras, al PSOE le crecen las voces críticas entre históricos dirigentes. El primero en hablar fue el expresidente del Gobierno Felipe González, que pidió el martes a Sánchez que aclare que “la amnistía es inconstitucional” y que “no cabe” en la Carta Magna, como tampoco la autodetermnación. Le siguió quien fuera su número dos en el gobierno, Alfonso Guerra, que pidió al Gobierno “como demócrata y como socialista” que no apoye la amnistía porque “es negar” la Transición y “es muy grave”. Almunia coincide en que no hay “condiciones” para la amnistía. Y el exdirigente socialista Nicolás Redondo o los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla se han sumado al rechazo a la medida de gracia, así como el senador y expresidente de Aragón Javier Lambán, que además ha criticado que la reunión entre Díaz y Puigdemont "es lo más obsceno que hay (...) absolutamente deplorable".

Ante estas voces, los ministros socialistas del Gobierno en funciones han tratado de desviar la atención incidiendo en que “no es el momento” de hablar de la amnistía y en que su postura está dentro de la Constitución, entre ellos Pilar Alegría, Isabel Rodríguez, Joan Subirats, María Jesus Montero y Raquel Sánchez. El Gobierno, eso sí, celebra que Feijóo acepte que España es “más compleja” al hablar del “encaje territorial” de Cataluña.

Y en medio de la polémica por la amnistía, otra se instauró en el Congreso a raíz de la petición registrada en el Congreso por los partidos del Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios para permitir usar las lenguas cooficiales en debates y textos de la Cámara Baja. Esperan, de hecho, que puedan usarse ya en el debate de investidura de Feijóo, que rechaza esta medida porque no concibe el Congreso “con pinganillos” y añadió que Díaz y Puigdemont “no necesitaron traductor” en su reunión en Bruselas.

Más allá de las lenguas que se empleen en su debate de investidura, parece que tanto ésta como la posible investidura de Pedro Sánchez están atascadas mientras no se alcance un acuerdo con el partido de Puigdemont. Si Feijóo fracasa en su intento de septiembre, comenzará a correr el reloj para unas nuevas elecciones, que llegarán inevitablemente si Sánchez tampoco logra hacerse con el ‘sí’ de Junts.