Enlaces accesibilidad

El Gobierno y los agentes sociales firman el acuerdo para la reforma de las pensiones: "Garantiza su viabilidad"

  • El acuerdo suprime el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad
  • Se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en el Consejo de Ministros

Por
El Gobierno y los agentes sociales firman el acuerdo para la reforma de las pensiones

El Gobierno y los agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo para reformar el sistema de pensiones que entrará en vigor a partir del próximo año 2022, que según han coincidido en señalar los interlocutores sociales tras su firma en el Palacio de la Moncloa, supone garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones.

La firma con los interlocutores sociales ha tenido lugar en el Palacio de La Moncloa después de que el lunes el Gobierno y los interlocutores sociales alcanzaran un pacto para reformar el sistema de pensiones, por el cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.

El texto se va a aprobar como anteproyecto de Ley el próximo martes en Consejo de Ministros. Además, la semana que viene está previsto que comparezca Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo para informar sobre el acuerdo.

Sánchez: este acuerdo asegura la sostenibilidad del sistema de pensiones

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado tras la firma del acuerdo que el objetivo es garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y su "sostenibilidad financiera" ante "el gran desafío que supone la generación del 'baby boom'".

Mediante este acuerdo, ha señalado Sánchez, se va a proceder a la sustitución del factor de sostenibilidad "que reducía las pensiones con el paso del tiempo y se va a remplazar por un nuevo mecanismo" denominado equidad intergeneracional, que entrará en vigor a partir del año 2027 "para evitar que "caiga en las generaciones más jóvenes la llegada de las cohortes de trabajadores más pobladas".

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha señalado por su parte tras la firma del acuerdo que este supone "eliminar la incertidumbre sobre las pensiones" para "millones de pensionistas y futuros pensionistas"y asegura "la suficiencia de las pensiones y su poder adquisitivo reforzando la sosteniblidad del sistema a medio y largo plazo e introduciendo elementos de equidad".

Los sindicatos ven un acuerdo que "restablece el consenso"

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el acuerdo "restablece el consenso y el acuerdo en el denominado Pacto de Toledo" y ha recordado que en el año 2011 los agentes sociales y el Gobierno llegaron a un acuerdo que en 2013 "sin ningún tipo de negociación fue roto".

Álvarez ha considerado que, tras este primer bloque de pensiones, las próximas negociaciones "no van a ser sencillas, ni por la parte empresarial, a todas luces, pero tampoco por la sindical", y ha recordado a todas las partes que en el último acuerdo de pensiones, en 2011, los sindicatos hicieron "un gran esfuerzo".

"Este proyecto se tramitará como un proyecto de ley que volverá a remitirse a la sede de la soberanía popular y recuperar los consensos en materia de Segurida Social es un intangible muy importante para este país", ha dicho por su parte el secretario general del sindicato CC.OO., Unai Sordo. Sordo también ha querido destacar que la reforma recoge medidas para "fortalecer" el pacto intergeneracional y dar certidumbre a las generaciones más jóvenes.

La CEOE señala que genera "confianza"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamenti ha dicho que el acuerdo alcanzado "genera confianza, también en los inversores de este país" y que no solo tiene que generarla en las personas ya jubiladas sino también "en las perosnas que entran en el sistema, esa parte intergeneracional que es la que realmente tiene que conseguir que estas pensiones funcionen en el tiempo".

Garamendi también ha insistido en que para la patronal ha sido fundamental que se mantenga un mecanismo de ajuste, "se llame como se llame", y ha subrayado, mirando a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la importancia de contar con un marco flexible para poder crear empleo.

El líder de los empresarios también ha avanzado que la negociación de los siguientes bloques de la reforma no serán sencillos pero ha mostrado su disposición a seguir trabajando "con lealtad institucional".

El texto lo han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, así como el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. No ha asistido el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, por motivos de agenda y en su lugar, en representación de Cepyme, ha asitido Santiago Aparicio, uno de sus vicepresidentes.

Suprime el índice de revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad

Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

La reforma garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Además, en el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.