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La Fiscalía mantiene la investigación sobre el rey emérito y valorará si su regularización fiscal es válida

  • De lo contrario, el Tribunal Supremo podría invalidar la regularización y el monarca no quedaría eximido de sus responsabilidades
  • La Fiscalía notificó en noviembre a su abogado que había una investigación abierta, lo que podría perjudicar al emérito

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La Fiscalía valorará si la regularización del rey emérito es "veraz, completa y espontánea"

La Fiscalía del Tribunal Supremo seguirá investigando posibles irregularidades en las finanzas del rey Juan Carlos I y estudiará en una "investigación más amplia" si la regularización fiscal que ha hecho tras pagar a Hacienda 678.393 es "espontánea, veraz y completa". De lo contrario, el Tribunal Supremo podría invalidar la regularización y el monarca no quedaría eximido de sus responsabilidades.

Así lo han acordado los fiscales responsables de la investigación sobre el rey emérito tras una reunión mantenida este viernes. En un comunicado, la Fiscalía ha informado de que "valorará el alcance de la declaración tributaria" por la que el monarca ha regularizado, según su entorno, unos 800.000 euros en donaciones que le habría hecho su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Dinero del que él y algunos miembros de su familia habrían hecho uso, presuntamente, por medio de tarjetas opacas. Unas tarjetas sobre las que, también este viernes, Unidas Podemos y los partidos independentistas han pedido investigar en el Congreso.

Esos 800.000 euros en donaciones constituyen el principal motivo de una de las tres investigaciones que la Fiscalía del Tribunal Supremo dirige sobre las finanzas del monarca. Las otras dos investigaciones de la Fiscalía se refieren a una supuesta cuenta con 10 millones de euros en la isla de Jersey y a las presuntas comisiones millonarias por las obras del AVE a la Meca, que no se verían afectadas por la regularización del emérito, sea válida o no.

Para que exista un delito fiscal en concepto de donaciones, el Código Penal establece que debe tratarse a una cuantía superior a los 120.000 euros durante un ejercicio fiscal. Aunque la declaración complementaria del monarca no hace referencia al período en el que se produjo la deuda -podrían ser varios ejercicios-, en alguno de ellos las donaciones podrían haber superado esta cifra. Pero si su declaración complementaria a Hacienda se da por válida, desaparecería dicho delito fiscal.

Los peritos de Hacienda entregaron este jueves documentación a los fiscales que avalaba que Juan Carlos I había regularizado su situación, pero ahora es el Ministerio Público quien está estudiando si esta regularización es válida o no. 

Si lo fuera, el rey emérito no podría ser imputado en el marco la investigación de la Fiscalía relativa a las donaciones de este empresario, ya que la regularización saldaría su deuda con el fisco y le eximiría de un posible delito fiscal o contra la Hacienda Pública. 

Las condiciones para quedar libre de toda responsabilidad

Pero existen unas condiciones para que el contribuyente dé por regularizada su situación fiscal y fuera eximido de sus responsabilidades administrativas y penales sobre la cantidad defraudada, que están establecidas en el artículo 305 del Código Penal.

La primera de ellas, implica el "completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria". Los técnicos de Hacienda consultados por TVE señalan al respecto que, si existieran otras donaciones ajenas a por las que ha pagado el monarca, la declaración no sería válida porque no sería "completa".

El siguiente requisito, es el de la "espontaneidad de la declaración". Es decir, que esta declaración complementaria y pago que hace el contribuyente para regularizar su situación se haya dado antes de que exista un requerimiento o investigación por parte de la Agencia Tributaria -en este caso, no lo hay-, y antes que al contribuyente "se le haya notificado el inicio de las actuaciones de investigación" relativas a las deudas tributarias por parte, en este caso, del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo notificó formalmente el pasado mes de noviembre a la defensa de Juan Carlos I, que ejerce el despacho de Javier Sánchez Junco, la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por el ex monarca de tarjetas bancarias con fondos opacos. 

Fuentes del entorno del monarca han señalado que el rey Juan Carlos I sopesa regresar a España tras haber regularizado su situación fiscal, pero es la Fiscalía quien debe decidir, por tanto, si es válida. 

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