Enlaces accesibilidad

Madrid pide ante la Justicia suspender las restricciones por la "invasión de competencias" y el "daño económico"

Por
Enrique López, consejero madrileño de Justicia: "Estamos ante una sustracción de competencias injustificada"

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ministerio de Sanidad que recoge las medidas de restricción para municipios con alta incidencia de coronavirus y ha solicitado la suspensión cautelar de esta normativa.

En el recurso, al que ha tenido acceso RTVE, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso alega "invasión de competencias" por parte del Ejecutivo central y el "impacto económico negativo" que supondría la adopción de estas restricciones.

Las restricciones decretadas, que entran en vigor este mismo viernes, afectan a diez municipios madrileños donde residen un total de 4.786.948 ciudadanos: Madrid capital, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas.

En estos municipios no estará permitido entrar o salir salvo para actividades "adecuadamente justificadas", como ir a trabajar, y habrá más reducciones de aforos y de horarios en locales comerciales y de hostelería.

Justicia entiende que es "jurídicamente nula"

Según ha señalado en rueda de prensa el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, la Comunidad de Madrid entiende que la orden de Sanidad "es jurídicamente nula" pero por la forma en que está redactada obliga a su entrada en vigor "tras la intimidación a la Comunidad de Madrid".

El consejero ha insistido en que el recurso presentado no es "contra el funcionamiento del estado de derecho, ni para cambiar la Constitución, ni para saltarse las leyes, sino para defender el estado de derecho, el autogobierno y las competencias; y, sobre todo, para proteger la salud de los madrileños".

López ha subrayado que el Gobierno de Madrid ha actuado "con lealtad, responsabilidad y, sobre todo, coherencia" y ha pedido disculpas a los ciudadanos por el "caos, incertidumbre y desasosiego" que van a provocar estas medidas "como consecuencia de la forma en que están redactadas".

Por ese motivo, asegura, la Comunidad de Madrid ha renunciado a pedir en su recurso medidas cautelarísimas y solo ha reclamado en su recurso medidas cautelares, por lo que entrarán en vigor antes de que se pronuncien los tribunales.

Sin sanciones en Madrid por las restricciones hasta que el TSJ responda al recurso de Madrid

"Limitaciones propias del estado de alarma"

En el recurso, el letrado de la Comunidad de Madrid alega que la orden ministerial supone una invasión de competencias "mediante una utilización torticera" del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, en el que no hubo el "consenso legalmente necesario" a la hora de adoptar esta decisión. Por ese motivo, el texto afirma que "lo que debe ser un órgano para la coordinación consensuada" se convierte "en un mecanismo de invasión de la competencia autonómica".

Además, considera que la adopción de estas medidas tendrán "un impacto económico negativo totalmente injustificado",y que supone la aplicación de "unas limitaciones propias del estado de alarma".

También insiste en que la administración regional, con su actuación, "no ha perseguido otra cosa que la protección de la salud" y afirma que, con el criterio adoptado por Madrid hasta el momento -en base a zonas básicas de salud en lugar de municipios enteros- las restricciones afectan a un 15,4% de la población mientras que con la decisión de Sanidad se actuará sobre el 72% del total de la población regional.

El documento señala finalmente "irregularidades manifiestas en la Orden del Ministerio que la dotan de aparente nulidad".

A pesar de este recurso, el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto publicar este mismo viernes en su Boletín Oficial (BOCM) la resolución del Ministerio de Sanidad, ya que el plazo para su entrada en vigor se cumple antes de las 22:48 horas.

Las medidas deberán ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene tres días para pronunciarse, como ha hecho con las restricciones que la Comunidad de Madrid impuso a 45 áreas básicas de salud de la región, muchas de las cuales dejarán de estar en vigor con la nueva normativa.