La Justicia madrileña pide proteger a empleados sanitarios y de residencias

• Los magistrados ponen un plazo de 72 horas para evaluar los riesgos que corren los sanitarios y el material que precisan
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Una cuidadora ayuda a comer a una anciana en una residencia madrileña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que evalúe en 72 horas los riesgos y medios de protección necesarios, para evitar contagios por el coronavirus, para los trabajadores de los centros sanitarios y residencias, y que se los facilite en cuanto disponga de ellos.

En un auto la sección segunda de la Sala de lo Social estima parcialmente las medidas cautelarísimas presentadas por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la Consejería madrileña y el SERMAS.

Pero, consciente de las "dificultades" de adquisición de material en el mercado, "incluso para las administraciones públicas", los magistrados ponen un plazo de 72 horas para evaluar dichos riesgos, pero no para su entrega, sujeta a la posibilidad material de disponer de estos equipos de protección.

La Sala acuerda que se realice dicha "evaluación de riesgos de cada tipo de puesto afectado" en base al protocolo dictado por los Ministerios de Sanidad y de Trabajo y que, una vez determinados los equipos de protección individual (EPIs) necesarios, "se proporcionen" a los trabajadores "con los repuestos o medios de desinfección necesarios".

La Sala no atiende la petición de los centros de disponer de kits de diagnóstico

De esta forma, la Consejería y el SERMAS deberán definir las necesidades de seguridad de cada tipo de puesto ocupado por el "personal laboral, funcionario o estatutario a su servicio" en hospitales, centros de atención primaria y especializada, Summa 112, demás centros sanitarios y residencias de personas mayores de titularidad de ambas.

El tribunal también les requiere que pongan a disposición de los trabajadores en cada centro recipientes seguros e identificables de recogida de residuos sanitarios.

No atiende la Sala, sin embargo, la pretensión de los demandantes de poner a disposición de los centros los kits PCR de diagnóstico COVID-19, "no porque puedan no ser necesarios", sino porque lo que se pide es "ajeno a la prevención de riesgos laborales" y "ni siquiera se especifica con quién deberían utilizarse esos tests", si para trabajadores o pacientes con los que están en contacto.

En un comunicado, CSIF asegura que seguirá "defendiendo la utilidad de estos test para los trabajadores de la Sanidad y de residencias, para velar por su seguridad y la de los pacientes y usuarios".

A falta de realizar esos test generalizados, es imposible saber el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las residencias de ancianos. Pero, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido con COVID-19 o síntomas similares superan los 10.000, la mayoría en Madrid, Cataluña y Castilla y León, y representan en torno al 47% del total de fallecidos notificados por el Ministerio de Sanidad.