El Gobierno muestra su disconformidad con la intención de Argelia de invadir aguas territoriales de Baleares

• González Laya recuerda que no se está negociando aunque hace dos años que Argelia expresó su voluntad
• Recalca la diferencia con Marruecos, donde "solo hay una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este miércoles que España y Argelia, ya que ambos países tienen pretensiones no coincidentes, aunque hasta ese momento nos hay más que "pretensiones".

Así ha respondido González Laya en una conferencia de prensa al ser preguntada por la intención de Argelia de declarar aguas territoriales y ampliar su zona económica exclusiva hasta invadir parte de las aguas del archipiélago del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, en las Islas Baleares.

La zona económica exclusiva es un espacio marítimo de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros) desde el límite de las aguas interiores de un país ribereño, y cualquier modificación que afecte a un país vecino debe hacerse de forma negociada.

España mantiene un contencioso similar con Marruecos, que ha votado varias leyes que determinan su frontera marítima hasta incluir aguas de Canarias.

González Laya: "Las dos partes deben negociar"

Según González Laya, que la próxima semana viajará al país africano, hace ya dos años Argelia expresó su voluntad de delimitar sus fronteras marítimas incluyendo aguas de Cabrear y además "presentó ya su visión de cómo debería delimitarse esas aguas". En aquel momento, España indicó que no estaba de acuerdo con las pretensiones argelinas "y lo pusimos en su conocimiento", ha explicado la ministra, que ha recalcado la diferencia con el caso marroquí, en el que, según ha explicado, "solo hay, de momento, una expresión de interés de delimitar las aguas marítimas".

Por otra parte, González Laya ha recordado que, "a partir de ahí, lo que dice la convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar es que las dos partes deben negociar, negociación que todavía no ha comenzado". Por ello, ha pedido tener "cuidado" con el uso de expresiones como "se han apropiado o similares, porque eso no ha ocurrido".

Así, pues, por el momento, "hay una pretensión que se responde con otra pretensión y, a partir de ahí, lo que corresponde es una negociación, cosa que todavía no ha ocurrido", ha zanjado.

Posible búsqueda de nuevos recursos petrolíferos

Por su parte, el Gobierno de Baleares ha pedido información al Gobierno de España sobre el conflicto ya que el departamento de Cartografía de la Conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio ha advertido de esta invasión tras la aprobación del real decreto argelino. El temor del Ejecutivo autonómico se debe a la posibilidad de que se pudieran desarrollar futuros proyectos de extracción petrolífera, aunque no hay "evidencias" sobre ello, ha señalado el conseller Miquel Mir.

Precisamente, la decisión del Gobierno argelino en 2018 a la que ha hecho referencia la ministra se produjo dos meses antes de que la empresa española Gas Natural y la compañía estatal de hidrocarburos argelinos Sonatrach anunciaran la ampliación hasta 2030 del acuerdo de explotación y suministro de gas que expiraba en 2021 y en plenas negociaciones con otras multinacionales del sector petrolero y gasístico como la italiana ENI para iniciar la explotación de yacimientos de gas esquisto al sur del país.

Argelia está sumida en una grave crisis económica desde que en 2014 se desplomaran loas precios del petróleo y el gas, materias que son la base de su frágil economía y que suponen el 95% de las exportaciones de un estado sin tejido industrial. En apenas cinco años, Argelia consumió más de la mitad de las reservas nacionales de divisas, calculadas en 178.000 millones de dólares en 2014, una actuación que condujo a una crisis política que el pasado abril acabó con el largo gobierno de Abdelaziz Bouteflika, obligado a dimitir por las protestas populares en la calle y la presión del Ejército.

A finales del pasado año, días antes de la elección del nuevo presidente, Abdelmejid Tebboun, el Parlamento argelino aprobó la nueva ley energética que permite y facilita la explotación de estos polémicos yacimientos.

España no aceptará "hechos consumados" de Marruecos

Por otra parte, González Laya también ha contestado a una pregunta parlamentaria sobre la delimitación de aguas de Marruecos garantizando que España no aceptará una política de "hechos consumados" y que emprenderá las acciones internacionales que crea oportunas si el país decide actuar unilateralmente.

La ministra ha insistido este miércoles en que España estudiará "meticulosamente" el contenido de la normativa marroquí, que aún se encuentra en tramitación parlamentaria y que debe remitirse a Naciones Unidas, al tiempo que se reserva el derecho a adoptar las medidas que considere oportunas si ve que afecta a los intereses españoles.

De todos modos, González Laya ha pedido no caer en el "alarmismo" porque, a su juicio, Marruecos está haciendo "lo mismo" que España, que es emplear la normativa internacional para fijar sus fronteras marítimas e insistió en que "no es momento de ir a una instancia internacional a quejarse".

Una ambición surgida en los años 90 y reactivada en 2018

Argelia activo su ambición marítima en abril de 2018 a través de un decreto firmado por el entonces presidente Abdelaziz Bouteflika que incluía las aguas del Mediterráneo que rodean a Argelia desde la frontera de Marruecos a la de Túnez, en una zona económica exclusiva (ZEE).

Según aquel decreto, la República Democrática Popular de Argelia podía ejerce sus derechos soberanos y jurisdicción en su zona económica exclusiva de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

"Un Estado ribereño ejerce derechos soberanos en materia de exploración y uso de recursos", argumentaba el Gobierno argelino, que también reconocía que los límites externos de la ZEE podían, si era necesario, modificarse en el marco de acuerdos bilaterales con los Estados cuyas costas son adyacentes o que se enfrentan a las costas argelinas.

Más allá de este intento, que como ha explicado la ministra fue rechazado por España, la posible ampliación de la zona marítima ya desató una agria polémica en 1994, año en el que Argelia anunció que ampliaba de forma unilateral sus aguas jurisdiccionales un máximo de 53 millas marítimas (95,5 kilómetros), superando la franja de 12 millas que se atribuyen tradicionalmente los países mediterráneos.

La decisión, que fue retirada tras las protestas del gobierno español, estaba incluida en un decreto ley elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y aprobado por el Consejo de Ministros, y su objetivo declarado era "potenciar la industria de la pesca y poner fin al monopolio que sobre este sector mantiene la Administración desde 1976".