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El Gobierno no aplazará más el decreto ley de la estiba y pide responsabilidad a sindicatos y partidos

  • El decreto se demoró una semana para que negociaran trabajadores y empresarios
  • La oposición, que debe convalidar el decreto, pidió más tiempo para la negociación
  • El Gobierno dice que el decreto no tiene margen y se ajusta a lo que exige la UE
  • Los sindicatos mantienen nueve días de huelga alternos desde el 6 de marzo

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El ministro y el secretario de Estado responsables de la reforma de la estiba
El ministro y el secretario de Estado responsables de la reforma de la estiba

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, confirmó este jueves que el Consejo de Ministros aprobará mañana, viernes, el decreto que liberalizará el sector de la estiba pese a la convocatoria de huelga, la falta de acuerdo en una negociación colectiva todavía abierta y la falta de apoyo, de momento, del resto de partidos.

En esta semana de prórroga nada hacía vislumbrar que el Gobierno fuera a retrasar la liberalización del sector otro viernes, incluso con la posibilidad de que sirviera para desconvocar nueve días de huelga en los puertos.

De la Serna, el segundo ministro que trata de reformar la estiba desde la sentencia condenatoria contra España en 2014, siempre ha mantenido que el decreto responde a lo exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que lo que piden los estibadores, en cuanto a la protección de sus puestos de trabajo, debe ser negociaciado con la patronal a través del convenio colectivo.

Pero Podemos, PSOE y Ciudadanos, que deben aportar votos para convalidar el decreto, pidieron que se abriera plazo a la negociación porque consideraban que el decreto no había escuchado lo suficiente a las partes y se había tramitado en un período exprés, aunque España ha tenido casi dos años para no exponerse a una onerosa segunda multa. Todavía no se han pronunciado si esta semana extra la consideran suficiente para dar el apoyo al Gobierno en el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes.

De la Serna reprocha la estrategia de los estibadores

Fomento, que se reunió tres veces con patronal y sindicatos desde el 2 de febrero, día en que presentó el borrador del decreto, ha valorado desde el primer día que las exigencias de los estibadores eran incompatibles con la exigencia de apertura del sector de la Unión Europea. Sin embargo, la Coordinadora de Trabajadores del Mar, donde se agrupa el 98% de los estibadores, y el resto de sindicatos mantienen que el decreto va más allá de lo que pide Bruselas y que se trata de un "ERE encubierto", dado el poder que tiene el colectivo con el actual marco.

Tampoco cree De la Serna que su actitud haya sido la más constructiva en la reunión que patrocinó entre trabajadores y empresarios, con la mediación del Consejo Económico y Social: "Es un poco extraño estar sentado en una negociación que tiene que ser sosegada para alcanzar acuerdos con voluntad de diálogo y por otro lado tener convocada una huelga para presionar a las empresas que están sentadas a la mesa".

Ahora, aplazado el diálogo bilitareal hasta el próximo martes, el ministro pide "coherencia y responsabilidad" a los sindicatos, aunque agradece que siga abierta la vía del diálogo. Lo mismo pide a los partidos políticos del Parlmento: "responsabilidad"

Asegura que no se podrá modificar en el Parlamento

El ministro admite que "no es un decreto ley al uso" que no se pueda llevar al Congreso sin garantía de aprobación porque "estamos atados de pies y manos".

"No hay margen de negociación en el decreto ley", según De la Serna, que advierte de que los grupos de la oposición "saben cuáles son las consecuencias: una sangría en el bolsillo de los españoles".

Por ello, advierte de que el decreto no podrá ser modificado tampoco durante su tramitación parlamentaria, para la que pidió "sentido común" y "responsabilidad" a los grupos parlamentarios. "No es por una decisión del Gobierno es por una obligación que tenemos de acatar una sentencia del tribunal de la Unión Europea", concluyó.

Por último, asegura que "aquellas cosas que no van en el decreto y pidieron los sindicatos no es porque el Gobierno no haya querido, es porque la Comisión Europea ha dejado claro que en ningún caso las aceptaría".