El Gobierno argentino retira los subsidios a la electricidad lo que provocará subidas en el recibo de hasta el 300%

• Las facturas pasarán a emitirse mensualmente en lugar de cada dos meses
• La normativa contempla una tarifa social para jubilados y desempleados

Panorámica de Buenos Aires.

El Gobierno argentino ha publicado en el Boletín Oficial la resolución que instruye a las empresas concesionarias de luz en Buenos Aires y sus alrededores para que realicen ajustes en las tarifas, que a partir de febrero implicarán subidas de hasta el 300% para los clientes de mayor consumo, mientras que la subida se reducirá si el consumo es menor de 300 kilovatios, según la agencia oficial Télam.

La resolución supone el cese de la transferencia de recursos del Estado para subsidiar a los consumidores de las eléctricas Edenor y Edesur, que suponían importantes ahorros para los vecinos de la capital argentina y su cinturón metropolitano, la zona más poblada del país.

Con ello, se autoriza a las concesionarias a realizar ajustes en los cuadros tarifarios que implicarán, en total, incrementos en los recibos de hasta un 300%.

La normativa contempla también una tarifa social, que se aplicará a usuarios que cumplan requisitos como ser jubilado, empleado cuya remuneración bruta sea menor o igual a dos salarios mínimos (unos 866 dólares), ser titular de programas sociales o estar percibiendo retribución por desempleo.

Las facturas pasarán a emitirse mensualmente en lugar de cada dos meses a fin de que los usuarios "puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar", ha detallado la Presidencia argentina en un comunicado.

El Ministerio de Energía y Minería también establecerá un sistema de premios al ahorro de energía eléctrica que podría reducir los importes finales a aquellos que consuman menos energía. Según el Gobierno de Mauricio Macri, la normativa aplicada por el anterior Ejecutivo "implicó la ausencia de un esquema tarifario que brindara señales hacia un consumo eficiente y racional para los distintos segmentos y tipos de usuarios".

Tampoco favorecía "la correcta orientación de los comportamientos de las distribuidoras", lo que desembocó en una ausencia de inversiones y una deficiente planificación en el ámbito de la distribución, ha puntualizado la cartera que encabeza Juan José Aranguren. "Tales circunstancias han derivado en un progresivo decrecimiento en la calidad del servicio público de distribución" y hacen "necesario" aplicar un nuevo régimen de precios, apunta el texto.