Sanidad avisa que devolver la tarjeta a los inmigrantes irregulares puede conllevar multas millonarias

• Afirma que la UE también podría paralizar todos los fondos comunitarios
• El Ministerio está estudiando si las Comunidades están vulnerando competencias

En la imagen, acceso al centro de salud de la calle Espronceda, en Madrid.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha advertido a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.

"Si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas", ha advertido el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 y que ascienden a 317,21 millones de euros, un 2,05 % más que en 2014.

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato.

Ante las críticas de la diputada del PSOE Guadalupe Martín por no haber materializado aún la devolución de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, como anunció el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, Moreno ha señalado que se tiene que estudiar "muy bien" la manera por los problemas que podría acarrear.

Valoran si invade competencias

El 'número dos' del departamento de Alonso ha asegurado que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invade competencias estatales o vulnera la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".

Sin embargo, ha añadido Moreno, el "problema más grave" es que esas normas son las consecuencias que puedan conllevar, porque si las comunidades autónomas devuelven la tarjeta sanitaria a los irregulares, también tendrían que atender a los ciudadanos europeos que acudan a esa región tras tres meses de residencia y que no paguen el seguro en su país de origen.

"Imagínate tratar a los pacientes europeos y que en lugar de asumir los costes el país de origen lo haga la comunidad autónoma que le toque", ha dicho el secretario general, en declaraciones a los periodistas tras la comparecencia.

En ese caso, según ha dicho, España volvería a la situación previa de la reforma sanitaria en la que estuvo a punto de ser condenada por el Tribunal de Justicia Europeo y eso implicaría pagar multas millonarias cada día y la paralización de los fondos europeos, entre otros.

Multas millonarias

"Y si fuéramos condenados como estuvimos a punto de serlo, supondrá una multa millonaria por cada día que pasa de incumplimiento, se paralizan todos los fondos europeos que recibe a España, y se debe asumir la tesis de que cualquier ciudadano europeo que venga, tenga o no seguro, se le tiene que dar tarjeta sanitaria", ha avisado.

El problema, según el secretario general de Sanidad, es que en las comunidades "hay consejeros de ahora que no lo saben" y por ello les ha ofrecido asesoramiento "en todo lo que necesiten" para evitar esta situación.

De hecho, Moreno ha recordado que el Ministerio ya había negociado con los anteriores gobiernos autonómicos un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.

Para ello, Sanidad establecía como condición un periodo mínimo de empadronamiento de un año y la imposibilidad de exportar ese derecho a la atención sanitaria más allá de la comunidad de residencia. Moreno ha asegurado que este sistema se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del SNS.

Fondos para costear la atención de los ciudadanos en otra comunidad

Por otro lado, el secretario general de Sanidad también ha defendido que el Fondo de Cohesión, que ha desaparecido del proyecto de Presupuestos para 2016, ya era extrapresupuestario desde 2013 y ha propuesto a las comunidades que pongan en marcha "fondos de maniobra" para costear la atención de sus ciudadanos cuando están en otra comunidad.

Propone que si las comunidades provisionaran una partida específica para cubrir este gasto no tendrían que esperar a final de año a que el Gobierno ajuste el balance de lo que han gastado las comunidades en atender a otros ciudadanos y lo que deben abonar por la atención de sus ciudadanos en otras comunidades.

En lo que respecta a las partidas específicas del Ministerio en materia sanitaria, Moreno ha explicado que uno de los departamentos que más aumenta su presupuesto es la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, que asciende a 241,94 millones de euros (2,98% más).

Como novedad, se incorpora una partida de 1,75 millones de euros para el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados de la Unión Europea. Además, dentro de esta partida está gran parte del dinero se destina al INGESA, 217,83 millones de euros, destinada a la atención sanitaria en Ceuta y Melilla.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación tendrá para 2016 una dotación de 38,34 millones de euros, destinada a estrategias de salud, como el proyecto de Gestión de Enfermedades Crónicas. Este presupuesto se destinará también a la puesta en marcha del Registro Estatal de Enfermedades Raras, que se elevó al pasado Consejo Interterritorial y que esperan poder poner en marcha en 2016.

Por su parte, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, ha defendido que contará para 2016 con un presupuesto de 14,6 millones de euros, un 1% más que este año, y que gracias a la aportación del Fondo de Bienes Decomisados se podrá desarrollar "de manera efectiva" todos sus cometidos e impulsar el Plan de Acción que finaliza en diciembre de 2016.