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El juez Griesa sanciona a Argentina por no informar de sus activos a los fondos de inversión

  • Ha aceptado una solicitud de los fondos, propietarios de deuda argentina
  • Los activos argentinos en EE.UU. serán considerados de uso comercial
  • La medida, a priori, puede facilitar su apropiación por parte de los acreedores

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Imagen de archivo de una manifestación en Buenos Aires contra la actitud de los fondos de inversión.
Imagen de archivo de una manifestación en Buenos Aires contra la actitud de los fondos de inversión.

El juez estadounidense Thomas Griesa ha sancionado este miércoles a Argentina por no haber facilitado a los fondos de inversión con los que se enfrenta en Nueva York información sobre sus activos en Estados Unidos con vistas a posibles embargos.

Griesa ha aceptado parcialmente una solicitud de los fondos que poseen deuda argentina no sujeta a las reestructuraciones de 2005 y 2010 y que están en mora desde el cese de pagos de 2001. De este modo, ha decretado que todos los activos argentinos en territorio estadounidense, con excepción de aquellos de tipo diplomático o militar, serán considerados de uso comercial.

Esa medida, a priori, puede facilitar su apropiación por parte de estos acreedores, que cuentan con un fallo a su favor por el que Argentina debe pagarles unos 1.300 millones de dólares, más intereses. El juez, además, ha dado al país un plazo de diez días para presentar un listado de la información, hasta ahora protegida, relativa a sus activos.

Según el juez, Argentina ha obstruido el cobro

Mientras tanto, Griesa no ha atendido otra solicitud de los fondos, que pretendían que se decretase que entidades argentinas como el Banco Central o YPF fuesen consideradas alter egos del país y que, por tanto, sus activos también pudiesen ser perseguidos para cobrar las deudas.

El juez ha anunciado su decisión tras una vista que se prolongó durante más de tres horas y en la que dejó claro que, a su juicio, Argentina ha incumplido las decisiones judiciales que la obligaban a facilitar información sobre sus cuentas, propiedades y otros activos en EE.UU. y se ha obstruido el cobro de las cantidades que adeuda a los fondos que demandaron al país en Nueva York. Por ello, ha considerado que las peticiones de los demandantes eran "razonables" en su intento por lograr información sobre activos con los que satisfacer las deudas.

"No tenemos otra opción que seguir encontrando activos, no vamos a renunciar", ha explicado el abogado del fondo NML Capital, Robert Cohen, quien ha recordado que hasta ahora Argentina se ha negado a pagar las cantidades concedidas a su cliente por la Justicia estadounidense.

Argentina defiende que sus activos no son de carácter comercial

Los abogados de Argentina, mientras tanto, defendieron durante la vista que las sanciones no tienen precedentes e irían en contra de decisiones de otras cortes de EE.UU., en las que los fondos no lograron probar el carácter comercial de bienes que trataban de embargar. En ese sentido, defendieron que el país no tiene en EE.UU. activos de carácter comercial e insistieron en que darle esa categoría a todos de forma generalizada no está justificado.

Así, solicitaron que, de imponerse castigos, estos fuesen más limitados de lo que pedían los fondos, algo que Griesa tuvo en cuenta en parte al señalar explícitamente que los activos militares y diplomáticos están exentos y al no pronunciarse sobre los supuestos "alter egos".

Posteriormente, el Ministerio argentino de Economía ha minimizado la sanción. La cartera encabezada por Axel Kicillof ha sostenido en un comunicado que la audiencia "concluyó con un nuevo fracaso de los fondos buitre, que únicamente lograron una declaración del juez sin ningún tipo de consecuencia práctica".

Esta decisión supone un nuevo episodio en la batalla que mantienen desde hace años en Nueva York Argentina y un pequeño grupo de fondos que posee bonos no sujetos a las reestructuraciones de la deuda argentina de 2005 y 2010 y que por lo tanto están en mora desde el cese de pagos de 2001.

Una orden del juez Griesa ratificada por la Corte Suprema dio la razón a los litigantes, que representan poco más del 1 % de los acreedores de la deuda externa argentina, y bloqueó los pagos depositados por el país para cumplir con el 92,4 % de los bonistas que sí aceptaron las reestructuraciones.