El juez Ruz ve motivos para juzgar al presidente de Damm por defraudar 72 millones a Hacienda

• Así como a su padre, Demetrio Carceller Coll; el abogado Ignacio Pretus
• Y a su "hombre de confianza", José Luis Serrano Flórez
• Utilizó un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha abierto la vía para juzgar al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y tres colaboradores, entre ellos a su padre, por defraudar supuestamente 72,04 millones de euros a Hacienda y cometer un delito de blanqueo de capitales.

En un auto, en el que el magistrado transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, da un plazo de veinte días a la Fiscalía y al resto de partes personadas para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.

Además de Demetrio Carceller, al que se atribuye desde los  años  noventa "una actividad dirigida a ocultar que su residencia  efectiva y  real radicaba en España", el juez dirige la acción penal  contra su padre, Demetrio Carceller Coll; el abogado del despacho  Petrus de  Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen; y su "hombre de  confianza",  José Luis Serrano Flórez.

Por su parte, Damm ha precisado en un comunicado que la defensa de  Carceller Arce considera el auto del juez como "extemporáneo por  prematuro, ya que está aún pendiente la práctica pericial de la  defensa, admitida por el propio magistrado". Por ello, el empresario  impugnará este auto en el plazo previsto por la ley.

Estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales

Ruz señala que, a pesar de que su domicilio estaba en Madrid y   Galapagar, el empresario llevó a cabo maniobras para "ocultar sus   rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española" mediante la   utilización de estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales  y  la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también   controlaba.

El juez cree que, mediante este sistema, Carceller podría haber defraudado entre  los años 2001 y 2009 más de 72 millones de euros, 42.348.099 euros por el IRPF y 29.698.772 del Impuesto sobre el Patrimonio.

Excluyendo los ejercicios en los que el delito fiscal habría  prescrito, el auto señala que se habrían defraudado las cuotas de  IRPF entre los años 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a  2007 y el Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006. En todo caso,  estas cuantías superarían el límite de 120.000 euros a partir del  cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.

Simuló su residencia en Portugal y Reino Unido

El magistrado también detalla que el abogado Pretus Labayen se  encargó de "articular todas las sociedades" utilizadas por el  entramado societario y planificar la simulación de su residencia en  Portugal y Reino Unido; Serrano Flórez le aportó la "información y  documentación necesaria" para este fin; y Carceller Arce participó  "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente  en las inversiones que tiene en Arizona (Estados Unidos).

Entre las actividades de ocultación que habría realizado Carceller  se encuentran la de la titularidad de "importantes paquetes  accionariales" de la empresa Atlántica Petrogas y de las sociedades  canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa.

Además, la Agencia Tributaria  denunció que su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del  Cantábrico se colocó detrás de una estructura societaria con  entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana  NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).

Finalmente, los inspectores de Hacienda trasladaron al juez que  Carceller creó "un entramado societario extranjero" a través del cual  se ocultó la titularidad real de Carceller de paquetes accionariales  en siete sociedades agrarias del sur de España.