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Las asociaciones de jueces y fiscales se unen para exigir a Gallardón que "rectifique"

       
  • Las tasas judiciales suponen pasar de "la tutela judicial efectiva al  efectivo"
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  • Afirman que se unen por primera vez como un "ejercicio de responsabilidad"
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  • Las asociaciones convocantes dicen que "no es momento de plantear huelgas"

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Las siete asociaciones de jueces y fiscales, las de secretarios  judiciales, cuatro sindicatos y  organizaciones de consumidores y  usuarios -un total de 18 colectivos-,  han celebrado un inédito  acto público "en Defensa de la Administración de Justicia" en el que  han coincidido en criticar duramente la gestión de Alberto  Ruiz-Gallardón, al que exigen que "rectifique" para evitar una  "mercantización" y "privatización" de este servicio que nos sitúa en  épocas "precnostitucionales".

El acto se ha celebrado en la sede del Consejo General de la  Abogacía Española, y en él han intervenido brevemente representantes  de todas las organizaciones convocadas para coincidir en la  realización de un diagnóstico muy negativo sobre la situación de la  Justicia.

Advierten del coste para los derechos de los ciudadanos que tendrán  proyectos la ley de tasas, la cesión a registradores o notarios de  trámites realizados ahora por el Registro Civil o la práctica  desaparición de los jueces sustitutos, entre otras políticas.

Pese a la insistencia de los periodistas presentes en el acto, a  cuyo término se leyó un comunicado conjunto, los participantes no  consideran que sea ahora el momento de plantear huelgas como las que  se desarrollan en los sectores educativo y sanitario y tampoco han  dado el paso de pedir la dimisión del ministro con excepción de dos  asociaciones de secretarios judiciales.

No obstante, consideran que Ruiz-Gallardón ya no es interlocutor  válido, porque se ha dedicado ha "descalificarlos" desde los medios  de comunicación, sin tratar de llegar a consenso alguno, y han pedido  una reunión con el preside del Gobierno, Mariano Rajoy.

Durante su intervención, el portavoz de Jueces para la Democracia  (JpD), Joaquim Bosch, ha manifestado que los planes del Ministerio  suponen pasar de "la tutela judicial efectiva a la tutela judicial en  efectivo", y ha lamentado que tras un año de gestión Ruiz-Gallardón  ni siquiera haya visitado los juzgados para conocer la situación  real.

Reunión con parlamentarios del PP

Bosch ha anunciado que las asociaciones de jueces han sido  convocadas el próximo miércoles por el grupo popular en el Congreso,  a cuyos diputados ha pedido diálogo para la consecución de  soluciones.

Por su parte, el representante de la Asociación Profesional de la  Magistratura (AMP), Alvaro Martín, ha sido el más tibio de los  participantes al limitarse a reclamar independencia judicial y que  las reformas previstas, como la que prevé una nueva regulación del  Consejo General del Poder Judicial, tenga en cuenta los  planteamientos del colectivo.

Más duro en sus planteamientos fue el portavoz de la asociación de  jueces Francisco de Vitoria (FdV) y decano de los jueces de Madrid,  José Luis González Armengol, que ha señalado que observan con  preocupación la quiebra del estado social proclamado en el artículo  primero de la Constitución y que se obstruya el acceso del ciudadano  a la justicia poniendo como excusa la crisis económica. "Tras ello  puede esconderse una crisis de incompetencia para garantizar la  gestión de la Justicia", ha dicho.

El portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Angel Dolado,  ha afirmado que la finalidad de la reforma son "ideológicas" y no  buscan la mejora del servicio de Justicia, mientras que la práctica  totalidad de los asistentes ha insistido en destacar la importancia  de que, por  primera vez en la historia, el Ministerio haya logrado  reunir a todas las organizaciones presentes, con sus diferentes  orígenes profesionales e ideológicos.

En su manifiesto, los asistentes reclaman " una rectificación de  la gestión actual y la apuesta por una nueva etapa en la que, desde  el diálogo constructivo, se fijen soluciones eficaces a los graves  problemas existentes".

Desde esta prespectiva, y queriendo ser destructivos, manifiestan  su voluntad  de efectuar "aportaciones representativas de todos los  ámbitos de la Justicia, pues será imposible acometer cambios  estructurales efectivos sin las opiniones de quienes mejor conocen  estas importantes carencias".

Así, solicitan al Gobierno que demuestre "una altura de miras"  semejante a la de quienes, desde distintas sensibilidades, se han  marcado con el acto de hoy como objetivo común "la defensa de la  Administración de Justicia, para que pueda cumplir las elevadas  funciones que le asigna nuestra Constitución".

Cortan la Gran Vía

Un centenar de trabajadores de la Administración de Justicia madrileña ha cortado esta tarde la Gran Vía  durante más de diez minutos en el transcurso de un concentración en  protesta por el "desmantelamiento" de la Justicia que pretenden los  Gobiernos central y regional.

Convocados por los sindicatos  STAJ, CSIF, CCOO y UGT, los manifestantes han desocupado la calzada de  la Gran Vía, a la altura de la sede de la Consejería de Justicia, cuando  agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) les han conminado a ello.

Horas  antes, delegados de estos sindicatos se han reunido con la  viceconsejera de Justicia, Elena González, para pedirle la paralización  de los "fuertes recortes presupuestarios" que incluyen, según los  sindicatos, "la pérdida de unos 550 puestos de trabajo" en la Administración de Justicia madrileña.

Los asistentes a las concentración, en la que se han escuchado gritos de "Gallardón dimisión",  han mostrado su descontento tras la reunión con la viceconsejera que,  "en un primer encuentro se mostró cautelosa", pero hoy les ha dado una  respuesta "negativa a todo".

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