Montoro instará a las CC.AA. a reducir sus déficits bajo amenaza de sanciones

• El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne este martes
• Las comunidades pedirán de nuevo la reforma del modelo

Montoro pedirá a las comunidades que establezcan un techo de gasto

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, instará este martes a las comunidades autónomas a recortar más sus déficits y cumplir con las nuevas normas de austeridad bajo amenaza de sanciones. Será en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que por primera vez se reunirá bajo la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy y al que asistirán los responsables de Economía y Hacienda de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla.

Los consejeros autonómicos tendrán ocasión de debatir los principios del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria que el Ejecutivo acaba de aprobar y en el que fijará techos de gasto y deuda para todas las administraciones y penalizaciones a quienes no los cumplan. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya ha señalado que está de acuerdo con las propuestas del Ejecutivo, al que pedirán que el Estado avale la deuda de las CC.AA.

Esa ley es el desarrollo de la reforma constitucional que pactaron el PSOE y PP el pasado verano bajo presión de los mercados y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, y que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto.

La reunión del CPFF se produce poco después de que se haya anunciado la nueva previsión de déficit para el último ejercicio, mucho mayor de los esperado (el 8% del PIB en vez de el 6% comprometido), y que fundamentalmente se achaca a las CC. AA.

En el caso de las autonomías, su déficit en conjunto será aproximadamente del 2,7%, frente al 1,3% exigido. Los anteriores datos que habían facilitado, en noviembre, hablaban de un déficit del 1,2% hasta septiembre. Esta gran desviación en las cuentas autonómicas (que supone unos 15.000 millones de euros) no se ha detallado aún.

Límites frente a autonomía financiera

Montoro ya mantuvo un encuentro el pasado martes con los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP, la gran mayoría (11 de 17), que ratificaron su compromiso con la contención del gasto.

En ella también ratificó la idea del Gobierno de penalizar a aquellas que sobrepasen el déficit comprometido. Hasta ahora, una de las pocas medidas que podía tomar el Gobierno era impedir que emitieran deuda a largo plazo. En esa línea va otra idea de los nuevos responsables de Hacienda: limitar la financiación a las comunidades que reciban ayudas. El anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria no precisa esas sanciones, que pueden empezar a detallarse este martes.

En todo caso, parece que finalmente el Ejecutivo central no planteará un control previo de las cuentas, algo que se planteó desde el ministerio de Economía y fue rechazado frontalmente por algunas comunidades que veían en ello una violación de autonomía financiera.

Además, el Gobierno les pedirán que expliquen por qué han incumplido el acuerdo de 2010 por el que debían reducir el número de organismos y empresas públicas de las comunidades, que cumplen en su mayoría servicios básicos.

Sin planes de estímulo

En la antesala de la cita, los responsables apenas han hablado de planes de inversión pública, otro de los asuntos sobre los que tiene competencia el CPFF, y que algunos economistas reclaman como medida alternativa para generar empleo en este contexto de grave crisis.

La última medida anunciada por el Gobierno el viernes relajó un poco la presión sobre las CC. AA.  al aplazarles diez años la devolución de unas cantidades que el Gobierno les adelantó de más, cuestión que centró buena parte del debate del anterior CPFF, celebrado en julio.

En la reunión, que comenzará en la sede del Ministerio de Hacienda a las 17.00 hora penisular, Cataluña  insistirá en la necesidad de lograr un pacto fiscal para esa comunidad y el País Vasco intentará dar un impulso a la negociación de la Ley del Cupo.

En la cita de Madrid, otras comunidades volverán a pedir una reforma del sistema y reclamarán que sea más justo cada una pidiendo que se prioricen determinados criterios demográficos, sociales y económicos.