José Luis Rodríguez Zapatero dice adiós al cheque-bebé, su medida estrella en política social

• Las familias no podrán acceder a la ayuda a partir del 1 de enero de 2011
• En el primer año se gastaron 1.000 millones en  400.000 familias

La polémica ayuda conocida como cheque-bebé, que suponía una prestación de 2.500 euros para cada nuevo nacimiento o adopción, tiene los días contados, según ha adelantado este miércoles el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el debate sobre el plan de reducción del déficit en el Congreso de los Diputados.

Las familias que tengan un hijo a partir del 1 de enero de 2011 ya no podrán acceder a la prestación, que fue aprobada por el Senado en noviembre de 2007 y comenzó a cobrarse a finales del mismo mes durante el mandato del entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

Todas las madres que han dado a luz o adoptado un hijo después del 1 de julio de 2007 han tenido derecho a esta prestación, que en septiembre de 2007 se decidió incrementar en 1.000 euros en los casos de madres solteras, familias numerosas o recién nacidos discapacitados.

En el primer año se gastaron 1.000 millones en 400.000 familias

Según datos facilitados por el Gobierno en agosto de 2008, la Agencia Tributaria pagó algo más de 1.000 millones de euros al menos 400.000 familias que se beneficiaron del cheque-bebé entre julio de 2007 y junio de 2008. Andalucía, Madrid y Cataluña fueron las comunidades autónomas con mayor número de familias beneficiadas, según las mismas fuentes.

Estos datos se ajustaron bastante a las previsiones del Ministerio de Trabajo que esperaban un gasto de algo más de 1.200 millones al año.

Hasta la fecha, la medida se ha tramitado a través de una doble vía de pago. En la mayor parte de los casos se percibe como una deducción fiscal en la cuota del IRPF, pero en el caso de las mujeres no trabajadoras o de aquellas residentes en Navarra y País Vasco (con sistema fiscal proprio), se tramita como prestación no contributiva a través de la Seguridad Social.

Todas las madres residentes en España podían acceder a la prestación

El único requisito que en principio se exigía para solicitar la ayuda era que la madre fuera española o que llevara viviendo en España durante forma continuada durante al menos dos años.

Una condición que fue criticada ya que suponía un agravio comparativo para los matrimonios mixtos en los que la mujer era inmigrante y no llevaba el tiempo necesario residiendo en el país; frente a aquellos en los que el inmigrante era el padre, ya que la prestación en principio se concedía a las madres.

A finales de marzo de 2009, sin embargo, la ayuda se amplió también a las madres inmigrantes que llevaran menos de dos años en España, convirtiéndose así en una prestación a la que podían acceder todas las madres residentes en el país.

Una medida muy criticada

La medida se gestó como una ayuda universal -se concede independientemente del nivel de las familias- y acumulativa -se suma a las ayudas que ya concedía el Estado y las comunidades autónomas-.

Desde que Zapatero anunciara la medida del cheque-bebé, el 3 de julio de 2007, la iniciativa fue considerada por las voces de la oposición como una medida electoralista dado que las ayudas comenzaron a pagarse a pocos meses de las últimas elecciones generales. Además, se la tachó de injusta, al considerar que no podía concederse el mismo dinero a una familia con pocos ingresos que a una cuyo nivel de renta es alto.

El mismo día en el que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para regular la prestación, la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, bautizó la medida como "cheque voto". Por su parte, Izquierda Unida definió la ayuda como "oportunista" y CiU apostaba por impulsar la natalidad más que por iniciativas "coyunturales".

Entre las medidas anunciadas este jueves por el presidente del Ejecutivo se encuentran además la reducción de un 5% del salario de los funcionarios, la congelación de las pensiones contributivas en 2011, la congelación de los sueldos públicos en 2011 y una serie de restricciones en las solicitudes para la ley de dependencia, que tendrán que resolverse en seis meses y para las que se elimina la retroactividad.