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Cajamar forma el primer Sistema Institucional de Protección con 26.845 millones en activos

  • Caja Campo y Caja Rural de Casinos se han integrado ya con Cajamar
  • Caixa Albalat lo hará cuando lo autorice el Banco de España

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El Banco de España ha autorizado la constitución del Grupo Cooperativo Cajamar como grupo consolidable de entidades de crédito y ha calificado el acuerdo como un Sistema Institucional de Protección (SIP), el primero formado en España.

Las cuatro cajas rurales que formarán este grupo -Cajamar Caja Rural, Caja Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa Albalat- suman activos valorados en 26.845 millones de euros, que suponen en torno al 30% del balance de las 76 cajas rurales que operan en España.

Caixa Albalat a la espera

De momento la calificación concierne a Cajamar Caja Rural, Caja Campo y Caja Rural de Casinos, que aprobaron el acuerdo de constitución y funcionamiento el 23 de junio, si bien se espera que en fecha próxima autorice a Caixa Albalat, cuya asamblea general aprobó su incorporación al SIP el 2 de octubre.

Tras la autorización, las entidades participantes consolidarán sus balances al cierre del ejercicio 2009 y concluirán su proceso de integración operativa el próximo 15 de febrero, fecha en la que ya compartirán una única plataforma tecnológica.

Según la caja almeriense, el grupo ha sido constituido para "fortalecer y mejorar la eficiencia de las entidades que lo integran", y representa una de cada cuatro oficinas y uno de cada cuatro empleados del sector de cajas rurales, si bien está abierto a la participación de más entidades de este tipo.

Un negocio de 44.400 millones

A 30 de septiembre de 2009, el Grupo Cooperativo Cajamar se constituye con 982 oficinas y 4.311 empleados en 36 provincias de once comunidades autónomas, y tendría activos valorados en 26.845 millones de euros, así como un volumen de negocio de más de 44.400 millones de euros.

El grupo contribuirá a reforzar a las entidades que lo integran, concentrando su negocio y sus políticas de gestión y de control de riesgos, solvencia y liquidez, manteniendo cada una su personalidad jurídica y sus órganos de gobierno y dirección, sedes sociales y la gestión del fondo de educación y promoción.

Estos son los supuestos que representa un SIP, que carece de personalidad jurídica y tiene como objetivo último el de controlar el riesgo de sus asociados y evitar de este modo que la hipotética caída de una de las cajas pueda afectar al resto.

"La situación presente de la economía y del sistema financiero en España nos obliga a reconsiderar los principios y los modelos de actuación que han sustentado la actividad de las cajas rurales durante los últimos veinte años", ha señalado el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao.