Corrupción urbanística y política, el cáncer que no entiende de siglas ni de límites territoriales

• Hay más de 800 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios
• Más de medio centenar de ayuntamientos tienen algún caso en investigación 
• Una veintena de alcaldes en el ejercicio de sus funciones han sido detenidos
• Las investigaciones de Anticorrupción se incrementaron tras el 'caso Malaya'

El 'caso Malaya', cuya investigación se inició a finales de 2005, marcó un antes y un después en el destape de escándalos de corrupción urbanística y política en España. Desde que se detuviera en 2006 por ese caso a la entonces alcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe (GIL), otros 19 regidores municipales en el ejercicio de sus funciones han sido detenidos y han sido imputados otras decenas de alcaldes y concejales, y hasta ex presidentes de comunidades autónomas, de todos los signos políticos y en todos los rincones de España, incluidos los archipiélagos.

Pero antes del 'caso Malaya' también había corrupción urbanística y política, que tiene especialmente en los ayuntamientos de la costa un caldo de cultivo importante. Los recientes casos de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Castro de Rei (Lugo) o El Ejido (Almería) vienen a engrosar la cifra del más de medio centenar de ayuntamientos españoles con casos de corrupción, en investigación o ya sentenciados, y más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.  

Por el caso de Santa Coloma de Gramenet, la denominada 'Operación Pretoria', están en prisión el alcalde, Bartomeu Muñoz, del PSC, y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol, por su presunta implicación en una trama a la que se imputan modificaciones de ordenación urbana, cobro de comisiones, cohecho y fraude a la Hacienda Pública, entre otros delitos.

En la 'Operación Poniente', desatada también este pasado octubre, fueron detenidos el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) -en prisión incondicional-, y otras 19 personas, entre ellas el interventor municipal y el ex gerente de una sociedad municipal, además de varios empresarios, por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.

El caso de Castro de Rei, en el que fueron detenidos el alcalde, Juan José Díaz Valiño (PSOE) y otros tres concejales, dos de ellos socialistas y uno de Terra Galega, no se encuadra específicamente en la corrupción urbanística, aunque sí contempla presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pero en esta ocasión por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico. En definitiva, un presunto uso del cargo público para el provecho personal.

En Sevilla, este año también se destapó el 'caso Mercasevilla' -una sociedad participada por el Ayuntamiento y una sociedad estatal-, en el que están imputados un alto cargo de la Junta de Andalucía, el delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas (PSOE), el ex gerente de la sociedad y varias personas más. Se investiga la presunta petición de una comisión de 450.000 euros a dos empresarios a cambio de subvenciones de la Junta, además de la presunta venta fraudulenta de suelo.

Pero estos son sólo tres de los múltiples casos de corrupción que manchan el mapa de España y cuya investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción se incrementó notablemente a partir de 2006, coincidiendo con el 'caso Malaya'. Y eso, según la Fiscalía General del Estado, ha sido gracias, sobre todo, a la "perfecta coordinación" entre jueces, fiscales, Policía Judicial o la Agencia Tributaria y a una investigación "con mayor profundidad".

“La corrupción afecta a todos los partidos políticos“

Estos son, por comunidades autónomas, algunos de los casos más sonados de corrupción cuyos protagonistas han sido, en la mayoría de los casos, expulsados de sus partidos si no han dimitido antes:

Andalucía

Sólo el 'caso Malaya' se saldó con más de 100 procesados, con el paso por prisión de dos ex regidores municipales, Yagüe y Julián Muñoz (GIL) y con la primera disolución de un ayuntamiento (el de Marbella) en la historia de la democracia española.

En toda la comunidad hay más de 200 imputados por malversación de fondos, prevaricación urbanística o blanqueo de capitales. Entre los afectados, además del alcalde de El Ejido en Almería, del PAL -un partido escindido del PP-, también está imputado el de Almogía (Málaga), Cristóbal Torreblanca (PSOE); el de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), detenido en la 'Operación Astapa'; el de Alcaucín (Málaga), José Manuel Alba (PSOE); el de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA); o el de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), entre otros.

El alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), y el interventor municipal, José Alemán, que han sido enviados a prisión incondicional. RTVE.ES

Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana: 'caso Gürtel'

Uno de los casos más sonados ha sido el de la trama Gürtel, cuyos tentáculos se extienden por dos comunidades autónomas, la de Madrid y la Valenciana, y liderada por el empresario encarcelado Francisco Correa, presuntamente vinculada a cargos del PP en ambas autonomías. El caso ha costado el cargo al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) archivó su imputación y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

También en la Comunidad de Madrid se han visto afectados y están imputados -en total son 64 personas- diputados populares de la Asamblea de Madrid y varios alcaldes y ex regidores de municipios madrileños como Pozuelo, Boadilla del Monte o Majadahonda, mientras que un senador y un diputado del PP, Luis Bárcenas y Jesús Merino, están imputados por el Tribunal Supremo.

Pero los casos de corrupción no estas dos comunidades no se limitan a Gürtel. En Madrid, en el caso Ciempozuelos hay dos ex alcaldes socialistas, Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, imputados en 2006 por el presunto cobro de una comisión de 40 millones de euros por beneficiar a una promotora; o el 'caso Guateque', en la capital, en el que están implicados varios funcionarios que presuntamente cobraron comisiones para agilizar las concesiones de licencias municipales.

En la Comunidad Valenciana, en 2008 ingresó en prisión provisional el alcalde de Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya (PSOE), por presunta prevaricación por una permuta de terrenos en suelo industrial; también en octubre de 2008 fue detenido el alcalde de Zarra (Valencia), el independiente y ex socialista Juan José Rubio, por prevaricación, fraude y estafa; y ese mismo año, en julio, fue detenido el alcalde de Benitatxell (Alicante), el también independiente Juan Cardona, por presunta prevaricación en una recalificación de terrenos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), está imputado por delitos como tráfico de influencias, cohecho o fraude fiscal.

La corrupción en las islas

La corrupción también cruza 'charcos' y en Baleares está imputado, entre otros, el ex presidente del Govern, Jaume Matas (PP), en el denominado 'caso Palma Arena', por el sobrecoste en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca; mientras que otros antiguos consejeros populares de su Ejecutivo están imputados en otros presuntos casos de corrupción, como Jaume Font, Josep Juan Cardona o Bartolomeu Vicens (UM). De éste último partido, Unió Mallorquina (UM), está imputada su presidenta y también del Parlamento balear, María Antonia Munar, por la presunta venta de solares públicos a mitad de precio.

También en Mallorca, en Andraxt, el ex alcalde Eugenio Hidalgo (PP) fue condenado a cuatro años de cárcel por corrupción urbanística por construir un chalet ilegal; y por presuntas irregularidades en ese mismo municipio la Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el ex presidente balear Gabriel Cañellas.

A 2.500 kilómetros, en las Islas Canarias hay alrededor de 200 imputados entre políticos, funcionarios y empresarios en varios casos de corrupción. Uno de los más polémicos es el 'caso Faycan', por el presunto cobro de comisiones por la concesión de licencias de obras que se saldó con la detención del alcalde de Telde (Gran Canaria), Francisco Valido (PP) y cinco concejales; o el caso Las Teresitas, de presunta prevaricación y malversación en una compra de terrenos y en el que está imputado el alcalde, Miguel Zerolo (CC). También hay cargos del PP, PSOE, Coalición Canaria y otros partidos canarios implicados en casos de presunta corrupción en Santa Brígida (Gran Canaria), Yaiza (Lanzarote), Santa Lucía (Gran Canaria), Mogán (Gran Canaria) o El Rosario (Tenerife).

En el resto de la piel de toro

En otras comunidades autónomas tampoco se libran del mal de la corrupción. En Murcia hay alrededor de 40 imputados en varios casos, como el de Totana, que se saldó con la detención de su alcalde, José Martínez Andreo (PP), en noviembre de 2007, por el intento de cobro de comisiones a cambio de recalificaciones; o el de Torre Pacheco, cuyo primer edil, Daniel García Martín (PP), fue detenido en abril de 2008 por prevaricación y malversación en permutas de terrenos. También están imputados alcaldes y ex alcaldes de Águilas, Juan Ramírez (PP), Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE), y Librilla, José Martínez García (PP).

En Aragón, en La Muela está imputada la alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), y un concejal por su implicación en una trama de corrupción urbanística; en Cantabria, está imputado el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza (no adscrito a ningún partido y expulsado del regionalista PRC), por presunta prevaricación en la construcción de viviendas; en Extremadura está imputado el ex alcalde de Plasenzuela José Luis Villegas (PSOE); en Castilla-La Mancha, el ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE), está imputado por prevaricación, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública por la recalificación del suelo para la urbanización de Paco El Pocero.

En Galicia, además del reciente caso de Castro de Rei, en Gondomar (Pontevedra) fueron detenidos dos concejales del PP en 2007 por el cobro de comisiones y el fiscal pide dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez (PP), por supuesto trato de favor a sus empresas desde el ayuntamiento.