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Garzón señala que los nuevos imputados cobraron más de 3 millones

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en un auto hecho público que los nuevos imputados en la operación Gürtel, entre los que se encuentran los alcaldes de Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey, ambos del PP, habrían cobrado más de tres millones de euros en concepto de comisiones a cambio de adjudicaciones a las empresas del presunto cabecilla de la trama Francisco Correa.

En concreto, todos ellos habrían percibido 3.297.566 euros que en la mayor parte de los casos cobraron en efectivo y en sobres personales.

En dos autos, el magistrado destaca que los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor, a los que imputa por varios delitos, entre ellos el de asociación ilícita, habrían percibido de las empresas de la trama investigada las cantidades de 563.000, 437.166 y 255.562 euros, respectivamente, lo que sumaría un total de 1.250.728 euros.

Sobre los nuevos imputados, citados para el próximo día 18, Garzón detalla que el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, habría percibido 1,3 millones de euros; y que las comisiones para el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y su director general Tomás Martín habrían ascendido a 510.000 euros, a los que habría que sumar otros 378.172 que habría cobrado este último en solitario.

La Caja 'B'

El instructor añade que el ex edil de Boadilla José Galeote habría cobrado comisiones por importe de 612.506 euros; el regidor de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, 422.992 euros; el ex edil de Estepona Ricardo Galeote 42.469 euros en efectivo; y el ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente, 16.000 euros.

Todos estos datos provienen de la contabilidad grabada en un 'pen drive' que el financiero del entramado, José Luis Izquierdo, guardaba en la sede de la calle Serrano de Madrid. En estos apuntes de "contabilidad B" existía una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación contable, algunas de las cuales estaban designadas con el nombre de los imputados y buena parte de ellas con sus iniciales.

Monopolio y concursos a medida

El grupo de Correa, según la resolución judicial, llegó a "gozar" en estos ayuntamientos de "una situación próxima al monopolio" en la organización de eventos. Asimismo, entró en "el sector de la construcción de alto nivel especulativo aprovechando el control de los municipios y el hecho de que las sociedades municipales de gestión de suelo se realizaban importantes actuaciones para el desarrollo de nuevas áreas".

Como ejemplo de esta forma de actuar, Garzón cita la adjudicación de una parcela de Boadilla a la empresa UFC, de la que era administrador el imputado José Luis Ulibarri, las actuaciones que la sociedad Constructora Hispánica llevó a cabo en esta localidad y en Pozuelo de Alarcón; o los negocios que Teconsa y Martinsa desarrollaron, respectivamente, en Castilla y León y Arganda del Rey.

Billetes de avión, bodas y viajes de novios  

Según las resoluciones judiciales, en el momento procesal actual "constan acreditadas indiciariamente" tácticas de adjudicaciones a cambio de dádivas y sobornos desarrolladas en los ayuntamientos madrileños de Arganda del Rey, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.

En Arganda del Rey, la trama consiguió el apoyo del alcalde, Ginés López, del diputado autonómico Martín Vasco, director de la empresa que se encargaba de la promoción del suelo urbano, y de Tomás Martín, que llegó a tener despacho en la Alcaldía.

Así, el regidor habría recibido entre 2004 y 2008 billetes de avión, estancias en hoteles, pagos del alquiler de coches y tres entregas en efectivo de 480.000 euros. Martín Vasco, por su parte, habría sido obsequiado con, entre otros regalos, la organización de su boda, el viaje de novios a Polinesia (por valor de 28.800 euros) y compras en una joyería.

En el caso del Ayuntamiento de Majadahonda, Correa tenía relación con el ex alcalde Guillermo Ortega y los concejales responsables de las áreas de Hacienda y Urbanismo, José Luis Peñas y Juan José Moreno, respectivamente, al tiempo que llegó a colocar a su mujer, Carmen Rodríguez Quijano, como jefa de Gabinete de la Alcaldía.

Enemistado con Foxá

Con el nuevo regidor, Narciso de Foxá, el empresario mantenía una situación de "enemistad", por lo que trasladó su centro de operaciones al Ayuntamiento de Boadilla, donde "colocó a personas de su confianza en puestos clave", en referencia a González Panero; Tomás Martín, al que situó como vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda; y Alfonso Bosch, nombrado gerente de esta entidad.

En concreto, Bosch concedió eventos a la sociedad de la trama Easy Concept y desarrolló un papel destacado en las operaciones inmobiliarias de este municipio. En las diligencias previas consta una grabación en la que Correa asegura que el diputado regional se encuentra "detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a todas las operaciones de naturaleza urbanística".

Con respecto a Pozuelo de Alarcón, Garzón afirma que el alcalde, Jesús Sepúlveda, era una "persona de su confianza en el partido y con la que ya había trabajado". Además, mantuvo relación con la concejal de Obras, Yolanda Estrada. Según declaraciones que obran en la causa, el regidor habría recibido regalos como un vehículo todoterreno o una pantalla de plasma.

López Viejo fraccionó contratos

En relación con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, los autos apuntan que benefició a la trama en diferentes eventos desde su cargo de organizador de actos de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A cambio habría recibido entregas de dinero recogidas en la contabilidad B de las empresas de la trama en las que aparece literalmente su nombre.

Según el juez, López Viejo "daba de órdenes de cómo tenía que estar el evento y los demás lo seguían". Entre las estrategias para "disimular el favorecimiento" de las empresas de Correa, López Viejo, según Garzón, se dedicó a no facturar por cantidades no superiores a dos millones de pesetas (12.000 euros) para que la concesión del evento no saliera a concurso público.

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido de una parte del caso "Gürtel" en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) por haber hallado indicios contra el presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y su número dos. Además ha cedido parte de la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ante la presencia de aforados.