Lissavetzky duda de la legalidad del CONI italiano a la hora de obtener pruebas contra Valverde

• Reacción del secretario de Estado ante la sanción al murciano
• El CSD se reafirma en su comunicado del 1 de abril

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, en una imagen de archivo.

El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, afirmó  hoy en Murcia que por una razón que desconoce "si será legal o no" el  Comité Olímpico Italiano (CONI) obtuvo la prueba que supuestamente  relaciona al ciclista murciano Alejandro Valverde con la 'Operación  Puerto'. 

En este sentido, Lissavetzky señaló que: "No voy a entrar en  términos jurídicos ni competenciales, porque no soy la persona  adecuada y eso lo tendrá que dirimir en primera instancia el Tribunal  de Arbitraje Deportivo", al tiempo que añadió que no le corresponde a  él "decir si la actuación del CONI tiene una base legal suficiente". 

La 'Operación Puerto' llevada a cabo por la Guardia Civil contra  el dopaje en el deporte español permitió desarticular una red  liderada por el doctor Eufemiano Fuentes.

Dicha red ofrecía diversas  prácticas ilícitas para mejorar el rendimiento de sus clientes  deportistas, tales como hormonas (incluyendo EPO, testosterona y  otros anabolizantes), medicamentos y transfusiones sanguíneas. 

Las investigaciones de la Guardia Civil comenzaron en febrero de  2006 y desembocaron en las detenciones y registros del 23 de mayo,  fecha en que se conoció la existencia de dicha operación. En ese  momento se anunció entonces que entre los deportistas clientes de la  red de dopaje desarticulada había futbolistas, tenistas, ciclistas y  atletas. 

Sin embargo, en el sumario del caso el instituto armado sólo  identificó a 58 ciclistas como clientes de la red. La investigación  se vio lastrada al no permitir el juez Serrano a los investigadores  que se analizara toda la documentación incautada. 

Lissavetzky recordó que el CSD llevó a cabo una impecable  operación judicial, en la que la Guardia Civil realizó las escuchas y  el seguimiento de sospechosos, y donde ellos recurrieron cuando se  sobreseyó el caso, consiguiendo un juicio oral que se celebrará en  fechas próximas. 

Y es que, cuando el CSD o la UCI solicitaron las pruebas recogidas  en la Operación Puerto, el juez rechazó esa petición basándose en que  como esas pruebas habían sido obtenidas por un presunto delito no  podían utilizarse para temas que tenían que ver con sanciones  administrativas, que son las únicas que pueden recibir los  deportistas. 

"¿Por qué a nosotros se nos niega esas pruebas para cerrar la  Operación Puerto en su fase no judicial, que va con su juicio oral y  el CONI sí lo consigue? Por una razón, que no sé si será legal o no  porque han habido dos posiciones del mismo juzgado al respecto",  indicó el secretario de Estado para el Deporte. 

En aquel momento, explicó Lissavetzky, se realizó una convención  internacional para el intercambio de pruebas referidas a aspectos  jurídicos de la Operación Puerto entre países de la Unión Europea.  "En función de esto, el CONI actuó y obtuvo determinada prueba muy  concreta referida a Alejandro Valverde", señaló. 

El secretario de Estado para el Deporte entendió que la posición  del Tribunal de Arbitraje Deportivo será definitiva en el ámbito  deportivo, más allá de los tribunales ordinarios. "Lo único que me  compete decir es que la 'Operación Puerto' fue un éxito porque se  consiguió desmantelar una red de distribución de sustancias dopantes  que perjudicaban a la salud de deportistas y que, cuando se llevó a  cabo en el informe de la Guardia Civil, no estaba el nombre de  Alejando Valverde", finalizó.     

Comunicado del CSD y la agencia antidopaje

Ante la resolución del CONI de suspender durante dos años al  corredor Alejando Valverde para competir en territorio italiano, el  Consejo Superior de Deportes y la Agencia Estatal Antidopaje  reiteraron ayer lo manifestado en su comunicado del pasado día 1 de  abril, tras el anuncio de la Fiscalía Antidopaje del CONI en el que  solicitaba la sanción que se la impuesto. 

En primer lugar, expresaron su "decidida política de lucha contra  el dopaje y el firme compromiso de poner todos los medios a nuestro  alcance en defensa del juego limpio dentro del absoluto respeto al  Estado de Derecho. Por ello, llevamos a cabo todas las actuaciones  necesarias para resolver cuanto antes y de forma definitiva los  procedimientos disciplinarios por presuntas infracciones de dopaje  que se deriven de la Operación Puerto, cuya competencia ejerce la  Federación Española de Ciclismo". 

Asimismo, recordaron que la llamada Operación Puerto, fue llevada  a cabo por la Guardia Civil por orden de un juzgado español y, por  tanto, "debe ser la justicia española quien resuelva definitivamente  un procedimiento que, como es conocido, celebrará juicio oral en  próximas fechas". 

En tercer lugar y a pesar de que el Juez instructor prohibió la  utilización de las pruebas en anteriores ocasiones (3 de octubre  2006, 10 de octubre de 2006 y 20 de noviembre de 2006), la Federación  Española de Ciclismo, de acuerdo con el CSD, solicitó nuevamente el  23 de febrero de 2009 la obtención de todas las pruebas en poder del  juzgado. La petición fue desestimada nuevamente pero se presentó el  correspondiente recurso, por lo que se está a la espera de la  resolución definitiva. 

Y es que, aunque se respeta la autonomía del CONI y el libre  ejercicio de actuación en el ámbito de su competencia, actuarán  conforme a lo que resuelva la justicia española respecto a la  petición de todas las pruebas solicitadas por la Federación Española  de Ciclismo, "de acuerdo con los principios de legalidad e  independencia judicial que rigen nuestro Estado de Derecho". 

Finalmente, el comunicado del CSD afirma que respetan "la  autonomía e independencia del corredor y su equipo para llevar a cabo  cuantas actuaciones consideren oportunas en el marco de la legítima  defensa de sus derechos e intereses".