La presidenta de 'Casa 47', Leire Iglesias, cree que la rebaja del IRPF que propone el Gobierno a los propietarios es una medida que busca darle más seguridad a los inquilinos: "Esto no es nuevo. Los verdaderos beneficiados son los inquilinos, que son los que ven como el precio no se dispara". Pese a esta medida, Iglesias apunta a que la solución también pasa por incrementar la oferta pública, que es lo que busca la empresa pública que preside.
Iglesias también pone el foco en que las Comunidades Autónomas deben aplicar la Ley de Vivienda, que asegura que "está funcionado" como en A Coruña, donde apunta que ya están bajando los precios.
La presidenta de 'Casa 47' rechaza la prórroga de los contratos de alquiler que piden las asociaciones de defensa del derecho a la vivienda: "Genera dudas jurídicas, se pueden ver perjudicados si se anula". También cree que esto es un "parche" y que hay que ir más allá de "medidas puntuales" y proteger no solo a los que ahora son inquilinos, sino también a los que buscan una nueva vivienda para alquilar.
Uxía González Novoa, portavoz de la Organización de Vivienda de Tetuán (Madrid), explica en 'Las Mañanas de RNE' el caso de Manuel, un hombre de 81 años con problemas de salud que fue desahuciado. No tenía alternativa habitacional lo que ha hecho que desde el mes de septiembre ande malviviendo entre hostales o habitaciones compartidas: "Se ha sentido abandonado, desorientado, no han sabido darle recursos para gestionar esta situación, no ha tenido ningún tipo de alternativa". González denuncia que podría pagarse un alquiler de una habitación, pero las inmobiliarias o los propietarios rechazan concederle el alquiler.
Desde la entidad también denuncian el trato por parte de los servicios sociales, que tampoco brindan apoyo psicológico en momentos así: "caen en los discursos de odios, se deshumaniza a las personas para justificar no darles un recurso".
También explica otro caso en Villalba, donde se desahució a una vivienda por razones de insalubridad, pero sin alternativa se quedan en la calle: "El derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la vida". Pide al Gobierno leyes efectivas porque incluso donde se aplica la ley de vivienda que limita el precio de los alquileres, los propietarios conseguían sorteara: "deberían poner leyes que realmente protejan".
Leigh Sheik y su hija malviven en una habitación alquilada en Jerez. De hecho, su habitación es una terraza cubierta. Su historia ejemplifica lo que muchos denominan 'crisis habitacional': hacinamiento, problemas de humedad, infravivienda. Lamentablemente, no estamos hablando de un caso único. Así lo atestiguan algunos datos recogidos por Cáritas y la Red de Lucha contra la pobreza. En 15 años los sueldos han subido un 10%. La vivienda lo ha hecho un 30% y el alquiler, aún más. Un tercio de los hogares más pobres sufren hacinamiento o humedades. Un reportaje de Isabel Jiménez
'Casa 47' es la empresa pública dedicada a buscar ampliar el parque vivienda asequible en España. Su presidenta, Leire Iglesias, ha defendido en 'Las Mañanas de RNE' que había que cambiar lo que se estaba haciendo en materia de vivienda, uno de los principales problemas del país: "Si habláramos en términos bélicos, diríamos que hay que intervenir la vivienda por tierra, mar y aire". En este sentido, Iglesias defiende que hay que atajar la vivienda como un bien especulativo, ya que cada vez se le pide "una rentabilidad cada vez mayor".
Iglesias sitúa uno de los inicios del problema en la burbuja inmobiliaria que frena la construcción de nueva vivienda y a partir de ahí se ha ido generando un déficit. Presenta 'Casa 47' como una vía para acortar tiempos:"Solapamos tiempos, empezamos a desarrollar, vamos a edificar nosotros y a gestionar el parque". Aun así, reconoce que también les afecta la burocracia. Por un lado, proyectos que dependen de ayuntamientos como en Madrid o Málaga y por otro, la modificación de la Ley de Suelo sobre la que no hay acuerdo en el Congreso.
La empresa ya tiene disponible 40.000 viviendas de la Sareb y van a destinar 100 millones de euros para construir vivienda asequible. A partir de 2026, cada trimestre se lanzará una oferta pública y habrá un portal para encontrar los pisos. Los pisos se adjudicarán por sorteo y para acceder hace falta cumplir unas condiciones: tener una renta entre 2,5 y 7 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y no tener una vivienda en propiedad. Estos pisos tendrán un precio que será por debajo del precio de mercado y que será el 30% de la renta media de cada municipio, pero con factores de corrección. Los contratos podrán alargarse hasta 75 años. Ante las personas en situación de vulnerabilidad que puedan quedarse fuera de los requisitos, Iglesias asegura que el objetivo es "llegar al 60% de la población que no puede acceder a una vivienda" y que son personas que tienen ingresos medios. En el caso de rentas más bajas, emplaza a los servicios sociales de cada Comunidad Autónoma y cree que en estas situaciones el acompañamiento va más allá de una vivienda.
Iglesias también hace un llamamiento a la colaboración público privada para poder llegar a un mínimo del 8% del parque de vivienda público. Recuerda que muchas viviendas se han construido a lo largo de los años en suelo público y que una vez han perdido la descalificación "han multiplicado su precio". Lamenta que se han perdido "millones" de viviendas por esta vía y no niega que "pueda haber negocio" pero se tiene que garantizar el "derecho a la vivienda".
La cifra de firmas de hipotecas ha alcanzado cifras récord de los últimos 15 años. En octubre, según el Instituto Nacional de Estadística, se han firmado más de 52.000 operaciones. Y con el precio de compra disparado, también ha aumentado el número de reformas que se realizan en España.
De media, el coste para reformar un piso supera los 1.000 euros por metro cuadrado. Hasta hace unos años, ese precio rondaba los 400 euros por metro y ahora se ha multiplicado por 2,5. Además, las reformas se han ido haciendo más complejas con sistemas de domótica o climatización que también son más costosos y que hacen aumentar el presupuesto destinado.
En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler en España, según datos del Ministerio de Consumo, la mayoría se firmaron en 2021 después de la pandemia con unos precios mucho más bajos que ahora. Para la mayoría de inquilinos supondrá pagar un alquiler máscaro o tener que mudarse a otro piso, probablemente más pequeño o peor situado.
Si no se trata de una zona declarada como tensionada, al finalizar el contrato los propietarios tienen libertad para establecer una nueva renta. El mismo piso podría costar ahora 300 euros más que hace cinco años. Esta es la media, pero hay ciudades en los que los precios han aumentado aún más.
Sumar propone que suba solo el IPC, que además exige a su socio de Gobierno que todos los contratos se prorroguen tres años. El PSOE ha respondido pidiendo que hagan sus propuestas en el Congreso. Vivienda ha recordado a Consumo que la declaración de zonas tensionadas ya permite limitar precios cuando acaba un contrato, pero son las Comunidades Autónomas las que deben solicitarlo.
Hoy está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo (Sepes), rebautizada como Casa 47, y por otro, la ayuda a propietarios en caso de impagos de alquiler en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables. Analizamos estas iniciativas en Las Mañanas de RNE con Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante. El plan marca que los alquileres de esa vivienda que pone el Estado en el mercado no superen el 30% de la media del salario en esa zona en donde se oferten esas viviendas, una "medida estándar", dice la catedrática, y universal.
"A partir del año 2008 la construcción se hunde en España, en Europa, en la mayor parte de los países desarrollados y hay una mínima construcción durante 15 años. En 15 años la población ha crecido", explica, "lo que nos encontramos ahora mismo en los mercados es que no tenemos esa reposición de viviendas nuevas que había en el pasado y que permitían que los precios se equilibrasen y lo que tenemos es el mismo incremento de demanda que en el pasado, compitiendo por las pocas viviendas que quedan [...] Yo creo que ya en España ya lo estamos viendo como está empezando a recuperarse, pero esto es un proceso muy lento porque construir es lento y los hogares se forman más rápidamente vamos a seguir teniendo que vivir esta situación durante un tiempo".
En el contexto actual de precios elevados de la vivienda y de escasez de oferta, sobre todo en alquiler, organizaciones sociales están pidiendo al Congreso que amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el 31 de diciembre. En RNE, Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), calcula que esta norma ha estado paralizando los desahucios de más de 60.000 personas hasta finales de 2024. "Estas decenas de miles de familias puede ser que terminen en la calle, porque no hay una alternativa por parte de las administraciones públicas. No hay vivienda social, el mercado desregulado tampoco es una opción con los precios que hay". Desde el DSCA proponen a las administraciones que se convierta en una medida "más estructural". Esta moratoria viene de la pandemia pero los problemas de vivienda, dicen, no. "Los mecanismos para parar desahucios son muy débiles. Pedimos que esta moratoria no sea algo coyuntural y que se transforme en algo de tipo estructural", añade Escorihuela, a la vez que insiste en que se prorrogue esta medida. Entrevista completa en RNE Audio.
Los ministros del PSOE cierran filas con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Defienden su labor, después de que la portavoz de Sumar en el Congreso sugiriera este martes que debía dimitir. La misma Rodríguez se ha defendido también este miércoles de las críticas.
Si hace unos días chocaban por la subida a las cuotas de los autónomos, ahora la vivienda vuelve a enfrentar a los socios de coalición y en Sumar sugieren que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, debería dimitir por no tomar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. "Se nos está acabando la paciencia con ella", ha avisado la portavoz de Sumar, Verónica Barbero.
Rodríguez presentó a principios de octubre a las comunidades autónomas un plan Estatal para "consolidar" el parque público de vivienda, rehabilitar inmuebles en barrios urbanos y medio rural, y ayudas para los jóvenes para adquirir una residencia. Además, propuso atajar lo que considera que es la "raíz" del problema: incentivar la construcción para atajar la falta de oferta.
Preguntados en el Gobierno por las declaraciones de Sumar, evitan el choque directo. "En esta legislatura este Gobierno ha demostrado que se toma muy en serio este problema. Nadie tiene duda de que para este Gobierno la vivienda es una prioridad y no vamos a cejar en ese empeño", se ha limitado a defender la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El Ministerio de Vivienda ha dado pasos para proteger la vivienda, presentando su plan hasta 2030 con una dotación histórica de 7.000 millones de euros, que permitirá crear un sistema público comparable al de otros países europeos. La ministra ha anunciado también un teléfono de información para orientar a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la vivienda. En este contexto, en el 24 Horas de RNE hemos hablado con David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
Lucas ha explicado que "hemos invitado a las comunidades autónomas a que aporten más recursos económicos, el Estado aportaría el 60% de sus 7.000 millones y estas, el 40%", destacando la colaboración entre administraciones como clave para garantizar su éxito. Además, ha señalado que "hemos venido acordando los diferentes parámetros del plan estatal de vivienda, incorporando sus propuestas y creo que estamos cerca de poder establecer mecanismos de entendimiento que lo posibiliten".
El secretario de Estado ha insistido en la importancia de la protección a largo plazo: "es posible que podamos tener un parque público y protegido de vivienda que no se vea perturbado con el tiempo" y que "aquello que se financie con recursos públicos tendrá una protección permanente e indefinida, para que no solo las generaciones presentes, sino también las futuras, puedan beneficiarse de esas viviendas a precios limitados". Según Lucas, "este es un asunto fundamental para los jóvenes, que son el sector de la población que más padece la desigualdad de oferta que tenemos".
