Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Está a punto de cumplirse dos años desde que se aprobó la Ley de Vivienda. Sobre este acuerdo, el Gobierno está haciendo lo posible por desbloquear su aplicación en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. De hecho, el PSOE ha registrado recientemente en el Congreso un paquete de medidas en el que se aplicarán unas rebajas en el IRPF de hasta el 100 % para los caseros que alquilen su vivienda a precios asequibles. Sobre esta nueva medida, en 'Las Mañanas de RNE' hablamos con Javier Burón, autor de 'El problema de la vivienda' y director gerente de la empresa pública de Navarra.

Sobre estas nuevas medidas llevadas a cabo desde el Ejecutivo, Burón apunta: "Hay que utilizarlas para incentivar el uso a largo plazo de las viviendas de alquiler, a precios que se puedan pagar con los salarios, y desincentivar los usos a corto plazo, que son más agresivos económicamente y más abrasivos sobre el territorio de nuestras ciudades".

Posteriormente, en la entrevista añade que "inyectar la mayor cantidad posible de vivienda protegida de alquiler es el camino", y que eso es necesario para que "generemos una infraestructura pública y público-privada de vivienda social asequible". Aunque, el autor de El problema de la vivienda advierte que "generar un parque permanente de vivienda asequible nos va a llevar años", y por último añade que "hay que debatir sobre qué medidas se utilizan a corto plazo para las personas que hoy tienen dificultades para encontrar una vivienda asequible en nuestras ciudades".

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que han llevado al Congreso una proposición de ley que tiene por objetivo aumentar "la tributación por vivienda vacía en el IRPF, completando otras legislaciones que ya están en vigor en nuestro país". Además, ha añadido que estas leyes las pueden implementar otras administraciones públicas como "los ayuntamientos a través del IBI y el recargo sobre viviendas vacías".

Con este paquete se pretende cumplir con parte de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de año para mejorar la accesibilidad de la vivienda.

A su vez, sobre las Sociedades Cotizadas de Inversión (Socimi), se modificará su tributación, que pasará del 15% al 25%, salvo que promuevan viviendas destinadas al alquiler a precio asequible, en cuyo caso la tributación será "nula".

Otra de las propuestas en la proposición de ley contempla la regulación de la transmisión a la Nueva Empresa Estatal de Vivienda, antigua Sepes, de los suelos y patrimonio del Estado para destinarlos a políticas de vivienda asequible. También está recogida en la proposición la modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para garantizar la permanencia de la vivienda pública.

Imagen: GETTY / Atardecer en Barcelona.

• Este paquete pretende cumplir con parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno a principios de año
• Se prevé modificar numerosas leyes como la de Contratos del Sector Público o de Patrimonio de las Administraciones Públicas

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves la proposición de ley registrada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados con medidas fiscales ante la crisis de vivienda. En una entrevista en Mañaneros 360, ha reconocido la "dificultad de la aritmética parlamentaria" y ha pedido a los grupos políticos que la apoyen.

"El tan manido bipartidismo resultaría muy útil si fuéramos capaces de hablar de esto, de lo importante. Pero es que este "El tan manido bipartidismo resultaría muy útil si fuéramos capaces de hablar de lo importante, ha afirmado la ministra, que ha asegurado que el paquete fiscal busca "evitar la especulación" y "movilizar vivienda vacía" a través de incentivos y "desincentivos". Entre las medidas, se encuentra la subida del IVA a los pisos turísticos al 21%, un nuevo impuesto estatal a la compra de vivienda por extranjeros extracomunitarios y no residentes, así como el aumento de la tributación de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliarias (SOCIMI) del 15% al 25%, a excepción de las dedicadas al alquiler asequible.

Preguntada por la aplicación de medidas desde los ayuntamientos, Rodríguez ha comparado la actuación "contundente" de Barcelona con Málaga o Madrid. "Madrid no se puede permitir hoy una regulación [sobre pisos turísticos]. Quizás hace un año, pero hoy tienen que prohibir. Madrid está en SOS", ha destacado.

Foto: A. Pérez Meca / Europa Press

• También incluye aquellos municipios que estén en proceso de fijar estas áreas, como ha anunciado la ministra de Vivienda
• El objetivo es que estos fondos sirvan para promover la construcción del parque de vivienda asequible

• El vídeo de Sánchez sobre el servicio militar obligatorio es un montaje
• Envíanos consultas al 659 800 555 o a verificartve@rtve.es

• Busca agilizar la construcción de vivienda industrializada y hacer asequible el acceso a la misma, según Sánchez
• Forma parte de las 12 medidas sobre esta cuestión anunciadas por el Ejecutivo el pasado mes de enero

A partir de este 3 de abril será mucho más difícil destinar un piso al alquiler turístico. El dueño necesitará que el 60% lo autorice expresamente. Esta medida permite a los vecinos reclamar el cierre de estos pisos sin licencia.

"No necesitan el respaldo vecinal los que ya existen y son legales. Pero, sí podrán exigirles que paguen a la comunidad un 20% más de cuota. Es lo que valoran en este bloque en Zaragoza que ya tiene 19 pisos turísticos", explica Enrique Villalobos, portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

Varias asociaciones de vecinos y dueños de estos negocios coindicen en que habrá más tensión. Silvia Blasco, portavoz de la Federación Nacional de Viviendas de uso Turístico, aclara que "los cambios persiguen frenar su expansión cuando es más difícil encontrar y pagar el precio de una casa".

"La medida se suma al registro que será obligatorio en verano", informa Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.

• Esta actualización incorpora por primera vez datos de Navarra
• El sistema ofrece un rango de precios de alquiler como referencia para los nuevos contratos de arrendamiento

Cuando se cumple un año de la declaración de las primeras zonas de mercado tensionadas, Cataluña es la única comunidad autónoma que las aplica. Según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, los precios del alquiler han caído un 3,3% en la región. El descenso es aún mayor en Barcelona, del 6,4%. Pero el Instituto Catalán del Suelo constata otros dos fenómenos derivados de la ley: la caída de los contratos (casi un 80% menos) y el aumento de la figura del alquiler de temporada, que permite esquivar la regulación y que se ha disparado un 45%.

Foto: Getty Images

• En Madrid, la manifestación ha sido convocada a las 12:00 de la mañana en Atocha
• El portal Fotocasa señala que un 36% de propietarios estudia sacar su vivienda del alquiler residencial por la ley de vivienda

• El dato, correspondiente a enero, es 0,09 puntos inferior al que Estadística publicó el pasado mes
• Sustituye al IPC como referencia para actualizar los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023

En España, el parque de viviendas ronda los 26 millones de inmuebles. No llegan a 155.000 las que son accesibles. Cerca de dos millones de personas dependen de otras para salir a la calle.. Se estima que otras 100.000 ni siquiera pueden abandonar sus casas. Para las personas con movilidad reducida, desplazarse por las ciudades es incompatible con la improvisación. Para el año 2050, el 30% de la población será mayor de 65 años, y prácticamente toda la población, en algún momento del ciclo vital, requerirá de entornos accesibles. ¿Pero están nuestras ciudades y edificios adaptados? ¿Qué pasa con el mundo rural? El Consejo Superior de Arquitectos de España y la Fundación Once han preparado un informe que recoge estrategias y 142 acciones concretas para mejorar la experiencia de vivir en nuestras casas y ciudades.

• Más de 500.000 inquilinos podrían beneficiarse en la Comunidad de Madrid de una rebaja en el alquiler
• El secretario de Estado destaca la importancia de la colaboración público-privada para abordar los desafíos de la vivienda

Entrevista La hora de la 1

• El Ejecutivo aspira a "alcanzar una mayoría" en el Congreso para aprobar la exención fiscal al alquiler asequible a partir de febrero
• Defiende la intervención: "La Constitución habla de una vivienda digna, pero también de proteger el suelo frente a la especulación"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha cargado este jueves contra el PP por pedir la "liberalización del suelo" para fomentar la construcción de viviendas y reducir la falta de oferta que sube los precios.

"Señor Feijóo, eso ya lo hemos visto con Aznar, fue el 1998 y trajo como consecuencia el boom y la burbuja inmobiliaria. Fueron 600.000 las familias desahuciadas en este país y miles y miles de personas desempleadas que terminaron en la calle como consecuencia de esa crisis. Aquello fue mucho dolor, sacrificio y no garantizó el acceso a la vivienda", ha afirmado en una entrevista en La hora de la 1, donde ha contrapuesto la voluntad del Gobierno de poner suelo a disposición, "todo el que sea posible", pero con un "blindaje público", "no para que nadie haga negocio con ello".

A las acusaciones de los 'populares' de intervenir el mercado inmobiliario, Rodríguez ha respondido: "Sí, pero lo hago bajo el mandato constitucional. La Constitución nos habla de una vivienda digna, pero también de proteger el suelo frente a la especulación".

La titular de Vivienda ha asegurado que el Ejecutivo aspira a "alcanzar una mayoría" en el Congreso de los Diputados para aprobar la exención fiscal al alquiler asequible y, según ha comentado, será a partir de "principios de febrero", cuando se retoma el calendario parlamentario.

En todo caso, ha desligado la marcha de estas políticas del debate de los presupuestos generales del Estado, que igualmente buscarán sacar adelante. "Tenemos instrumentos", ha aclarado.

Foto: Eduardo Parra / Europa Press

Desde la pandemia, la demanda de vivienda en España por parte de extranjeros ha crecido con fuerza. Según los últimos datos del Ministerio, compraron más de 125.000 casas en un año, casi dos de cada 10 que salieron al mercado. Es en las zonas de costa donde la fuerte demanda de extranjeros, unido a la escasez de oferta, han disparado los precios.

El Gobierno quiere limitar con más tasas la compra de vivienda para extranjeros de fuera de la Unión Europea que no sean residentes. De momento no ha precisado cómo lo hará, y plantea un impuesto especial o incrementar el de transmisiones patrimoniales. Además, en abril se pondrá fin a las Golden Visa, los polémicos permisos de residencia que adquirían extranjeros que compraran por valor de al menos medio millón de euros.

Gobierno y oposición proponen medidas para solucionar el problema de la vivienda en España. Paloma Taltavull, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Alicante, nos ha explicado en 'Las Mañanas de RNE' que nos encontramos ante una "falta de oferta y una acumulación de la demanda". "Resolver con medidas a corto plazo un problema que viene de hace décadas es difícil. El enfoque y la aplicación de estas medidas es clave", asegura. Taltavull considera que las medidas del Gobierno "son un poco más concretas", mientras que las del Partido Popular son más generales. Sobre la reforma de la Ley del Suelo, la catedrática considera que la "simplificación administrativa es algo bastante difícil de aplicar" y destaca que las ayudas a la rehabilitación "son fundamentales".

Los alquileres que se actualicen a partir de ahora podrán incrementarse un 2,20% si se utiliza el nuevo índice de referencia de arrendamientos de vivienda, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves. Esto afecta a los contratos de alquiler firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023, que deberán aplicar este índice para revisar la renta anual a partir de 2025.

La Ley por el Derecho a la Vivienda establece medidas para contener los precios en los contratos de alquiler, delegando en el INE la creación de un índice de referencia que limite las actualizaciones anuales con el fin de evitar incrementos desmesurados.

Las previsiones apuntan a que la crisis de la vivienda se agravará en 2025. El último anuncio del Gobierno para intentar frenar la subida de precios ha sido la creación de una empresa pública, una iniciativa de la que desconfía Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Desconfiamos de estas medidas porque se llevan haciendo durante décadas. Son iniciativas público-privadas que al acabo de 10 o 15 años vuelven a acabar dentro del mercado. Necesitamos soluciones ya, que bajen los precios y que lo hagan ahora".

De los Santos cree que es necesario considerar la vivienda como un derecho básico, "y cuando un derecho básico está en riesgo lo que no podemos hacer es pensar que el mercado va a solucionar el problema porque no ha sido así durante décadas".

El portavoz del Sindicato de Inquilinas ha insistido en reclamar una serie de medidas como limitar el número de pisos turísticos o establecer alquileres por tiempo indefinidos.

"La sociedad se está partiendo en dos. Los inquilinos somos cada vez más pobres y el rentismo cada vez acapara más propiedad en menos manos".