El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en presuntos contratos irregulares de mascarillas.
El instructor ha dictado este lunes un auto, al que ha tenido acceso RTVE, de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el mismo, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares —lideradas por el PP— para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias. Foto: Diego Radamés / Europa Press
Todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo, donde, por primera vez en democracia se sienta en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado. Un juicio inédito que Jordi Nieva Fenoll, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, ha analizado en Las mañanas de RNE con Juan Ramón Lucas, asegurando que adolece de serias deficiencias técnicas y carece de pruebas sólidas. “Repasando todas las actuaciones del juez de instrucción, que además ha empleado medios extraordinarios de investigación solo utilizados en casos de terrorismo, no se ha descubierto absolutamente nada" ha dicho. Además, el jurista ha asegurado que los indicios acumulados en favor del acusado son “abrumadores” y que, por tanto, la causa “no debería haber continuado adelante”. Según cree, el proceso debería haberse archivado en una fase temprana por falta de base probatoria, ya que, ha insistido, "no había indicios de peso para sentar en el banquillo al señor García Ortiz”. Además, Nieva Fenoll ha manifestado la gravedad de que el juicio haya llegado a celebrarse, ya que "ha habido muchas filtraciones a los medios y nunca se ha perseguido con esta intensidad. En este caso ha habido un especial empeño no en averiguar de dónde salió la filtración, sino en demostrar que la hizo el fiscal general del Estado”. Ante la posibilidad de que alguna de las partes afectadas emprenda acciones legales por presunta prevaricación contra el juez instructor, se ha mostrado prudente, y, aunque ha reconocido que la vía existe, cree que tendría “poco futuro”. El catedrático también ha señalado cómo este proceso contra el fiscal general ha puesto sobre la mesa un debate más amplio sobre los límites del poder judicial y, sobre todo, la independencia de los fiscales y el papel de los medios en la formación de opinión pública sobre causas aún abiertas: "está en juego no es solo la reputación del fiscal general, sino la confianza de los ciudadanos en que la justicia actúa con rigor y sin prejuicios”.
Este lunes declara como testigo Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana en las horas más críticas. La jueza preguntará a Vilaplana por las llamadas que el presidente de la Generalitat Valenciana recibió o hizo delante de ella durante la comida. Aportará, a petición de la magistrada, los tickets del parking que aclararán a qué hora se despidieron.
Este lunes comienza en el Supremo el juicio contra Álvaro García Ortiz. La primera vez en democracia a un fiscal general del Estado. Se investiga si en marzo de 2023 filtró a la prensa unos correos en los que la pareja de Ayuso reconocía dos delitos fiscales. Algunos medios adelantaron esa información horas antes de la nota de prensa de la fiscalía. En el juicio declararán 40 testigos, durante 6 jornadas. Este martes, el novio y el jefe de gabinete de Ayuso. Y el próximo miércoles, el fiscal general. Durante la fase de instrucción siempre ha negado los hechos.
El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) , que prevé que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales, en lugar de los jueces, como hasta ahora. La norma actual que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos ha sido reformada en varias ocasiones per mantiene las bases desde que fue aprobada en 1882. Además, el texto desvincula la figura del Fiscal General de la legislatura, y su mandato pasará de cuatro a cinco años. Solo podrá ser cesado si incumple de forma grave sus funciones. Y con la nueva ley los partidos políticos se quedan fuera de la acusación popular, que en la actualidad pueden ejercer para cercar al adversario y acceder de primera mano a toda la información sobre el proceso. Tampoco podrá ser ejercida por sindicatos o asociaciones que no tengan un vínculo con la causa. Foto: Un mazo de juez junto a un libro de derecho. Getty Images.
El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) , que prevé que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales, en lugar de los jueces, como hasta ahora. La norma actual que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos ha sido reformada en varias ocasiones per mantiene las bases desde que fue aprobada en 1882. Además, el texto desvincula la figura del Fiscal General de la legislatura, y su mandato pasará de cuatro a cinco años. Solo podrá ser cesado si incumple de forma grave sus funciones. Y con la nueva ley los partidos políticos se quedan fuera de la acusación popular, que en la actualidad pueden ejercer para cercar al adversario y acceder de primera mano a toda la información sobre el proceso. Tampoco podrá ser ejercida por sindicatos o asociaciones que no tengan un vínculo con la causa. Foto: Un mazo de juez junto a un libro de derecho. Getty Images.
La Fiscalía investiga una presunta manipulación de informes médicos que han denunciado algunas mujeres además de los fallos en los cribados. Alguien, presuntamente, ordenó al Hospital Virgen del Rocío dejar de notificar a las mujeres sobre sus mamografías.
Las primeras denuncias sobre los fallos en los cribados partieron de la asociación Amama hace casi un mes. Mujeres que no habían sido notificadas de que los resultados de sus mamografías no eran concluyentes. Y, en algunos casos, se agravó su enfermedad.
Estas semanas han sido numerosas las manifestaciones en diferentes puntos de Andalucía para pedir soluciones y responsabilidades. La que era consejera de Sanidad cuando empezó todo, dimitió. Su sustituto, Antonio Sanz, anunció un plan de choque y la contratación de más de un centenar de profesionales.
La Junta ha asegurado esta semana que se han realizado ya nuevas mamografías a más de 1.700 de mujeress y ha admitido que hay 2.317 mujeres afectadas por los fallos de cribados.
Foto: Francisco J. Olmo/Europa Press — Concentración convocada por Amama en Sevilla
A punto de cumplirse un año de la dana, se conocen nuevos detalles sobre el itinerario de Carlos Mazón la tarde de la tragedia. Lo ha desvelado el diario Levante EMV y lo ha confirmado RTVE con fuentes cercanas a la periodista con la que almorzó Mazón, Maribel Vilaplana.
Tras acabar la larga sobremesa de casi cuatro horas, Mazón la acompañó hasta el parking público donde ella había dejado su coche. Un parking situado en la plaza de la Paz, a tres minutos andando del Ventorro. Un dato que la periodista no incluyó en su carta, porque lo consideró "intrascendente".
Tanto ella como el presidente de la Generalitat habían dicho que tras el almuerzo cada uno se fue por su lado. Hoy lo ha reiterado Mazón en una entrevista en El Español, donde ha detallado el camino que siguió hacia la Generalitat. Obviando que primero hizo una parada en el parking, situado en dirección opuesta al camino que dice haber seguido.
Mazón habla de campaña "repugnante". Todavía se desconoce qué hizo hasta su llegada al CECOPI. Su entorno siempre ha defendido que se encontraba en el Palau trabajando. El 3 de noviembre Maribel Vilaplana declarará ante la jueza como testigo.
