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Es una sentencia pionera. En Canarias un hombre ha sido condenado por violencia vicaria tras asesinar al perro que compartía con su expareja. Además del maltrato animal, el tribunal ha tenido en cuenta el maltrato psicológico a la mujer. Ese matiz ha permitido imponer al agresor una orden de alejamiento. Hasta ahora la violencia vicaria se ha asociado con el daño a los hijos como forma de ocasionar un dolor extremo a la mujer. Sin embargo, una jueza ha dado un paso más, al considerar que matar a un perro también puede encuadrarse dentro de esta categoría. Según el fallo judicial, la muerte del animal buscaba causar un sufrimiento.
La magistrada Auxiliadora Díaz, del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que ha condenado a doce meses y un día de cárcel a un hombre por matar al perro de su pareja, ha explicado en TVE que la sentencia es novedosa porque por primera vez se ha considerado que la muerte de la mascota se "usó para hacer daño a la víctima" y por tanto la enmarca dentro de violencia vicaria.
La jueza ha explicado que se vio "claramente" que se buscaba "hacer sufrir a la mujer" matando al animal y considera que hay que tener en cuenta el "apego" que se tiene a las mascotas para incluirlo como elemento para enjuiciar la violencia de género.
Así, Díaz ha analizado el caso con una "perspectiva de género" que le permite intervenir en un caso que, en principio, no sería materia de su juzgado: un delito de maltrato animal.
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Todo lo que aún no habías escuchado sobre el crimen de Asunta, del que se han cumplido 12 años. Esta semana en Al margen de la ley emitimos la segunda parte de la entrevista en exclusiva a la periodista Tareixa Navaza. Escúchalo en directo el sábado a medianoche, una hora menos en Canarias, en RNE y Radio 5.
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La presidenta de la asociación de víctimas de violencia machista La Volaera, María Martín Romero, ha explicado en TVE "el terror y el pánico que pasan las víctimas y los niños y las niñas" debido a los fallos que provocan las pulseras telemáticas antimaltratadores. "Esto se llama tortura institucional", denuncia Martín Romero al tiempo que acusa a la ministra de Igualdad, Ana Redondo y a los políticos y políticas españoles de convertir la violencia en "un negocio" porque "todos los servicios de Igualdad están privatizados".
Desde La Volaera también denuncian que "hay mujeres víctimas que han depositado esta pulsera voluntariamente en sede judicial porque es una tortura completa". Según la presidenta de esta asociación granadina "los maltratadores saben cómo hacer para que salte en el límite de la orden de alejamiento y van saltando constantemente. Llega a ser un miedo total el que te esté saltando una pulsera a cada instante".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado la apertura de juicio por fraude fiscal, entre otros delitos, a su novio, Alberto González Amador, con el procesamiento este martes del hermano del presidente del Gobierno por prevaricación y tráfico de influencias.
"Veo que en España los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene, él decide la agenda mediática de este país", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.
Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.
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El exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, considera que "siempre es positivo" que la comunidad internacional reaccione y reconozca el Estado palestino, aunque insiste en que es complicado llevarlo a efecto. "Netanyahu amenaza con extender la ocupación a Cisjordania, por lo que la situación es muy difícil", asegura en el informativo 'Mediodía en RNE'.
El jurista apunta que la Convención de Prevención y Sanción del Genocidio de 1948 obliga a los estados que han ratificado esa convención, entre ellos nuestro país, a actuar una vez que se reconoce que se está cometiendo ese genocidio. "España tiene la obligación de activar todos los mecanismos que puedan llevar a cabo judicial, jurídica, política y económicamente para parar el genocidio".
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Hemos hablado con el abogado de una víctima de violencia de género que habría sufrido los fallos en las pulseras antimaltrato. Denunció que su agresor había quebrantado la orden de alejamiento. Pero no lo pudo probar ante el juez porque había un vacío en el registro de movimientos. Es un ejemplo de la brecha de seguridad que denunció la Fiscalía en su última memoria y que protagoniza también la polémica política.
José Antonio Sires García es abogado de una de las mujeres que se habrían visto afectadas por el fallo en la descarga de los datos de las pulseras telemáticas. Su agresor se saltó la orden de alejamiento pero ella no pudo probarlo porque le faltaba esa prueba. El hombre, finalmente, quedó absuelto.
Tanto el Ministerio de Igualdad como la propia Fiscalía aseguran que las víctimas han estado protegidas en todo momento y que las pulseras siempre han funcionado. En la misma memoria en la que hacían referencia al fallo reconocen la indiscutible utilidad de los dispositivos.
Con todo, fiscales y jueces de violencia de género reconocen que el sistema no siempre es perfecto. En zonas rurales o aisladas donde la cobertura es escasa puede dar fallos que crean inseguridad en las víctimas.
Las empresas que se encargan del sistema de seguimiento controlan 11.400 dispositivos, 4.500 de ellos los portan los agresores.
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