En la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, este viernes han declarado cuatro periodistas del diario 'El País' como testigos.
Le han dicho al juez que conocieron antes que el fiscal general el hecho de que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quería hacer un pacto con la Fiscalía.
Además, han precisado que ellos no tenían el correo ni el expediente con los datos de la denuncia, pero que sus fuentes, que procedían de la Fiscalía de Madrid, les habían contado que la defensa de González Amador había pedido un pacto con la Fiscalía.
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El magistrado del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, toma declaración como testigo a Carlos Neira, el abogado de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- que envió un correo electrónico a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un pacto.
FOTO: Carlos Neira (d), abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Tribunal Supremo para declarar como testigo ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. EFE/ Rodrigo Jiménez
Dolores Delgado, fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, ex ministra de Justicia y ex fiscal general del Estado, ha estado en Las mañanas de RNE. Delgado se ha pronunciado sobre la reforma legal aprobada por el Consejo de Ministros que busca que sea el ministerio fiscal el que dirija a la Policía Judicial en sus funciones de investigación de los delitos: "Bienvenidas sean las normas que garanticen la independencia, la autonomía y la transparencia en la actuación del Ministerio Fiscal [...] Necesitábamos un ajuste del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal previo a asumir la investigación. Esto es lo que parece que va a acontecer", ha afirmado.
"Es nuestra obligación -de los fiscales, del Ministerio Fiscal- y entre nuestras competencias está informar a la opinión pública, que es lo que hizo el fiscal general del Estado. Informó en cumplimiento de un deber legal", ha añadido Delgado sobre la causa contra el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz:
Sobre los polémicos mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Pedro Sánchez, la ex ministra de Justicia reconoce que es un asunto "muy sensible", que tiene trascendencia pública y afecta al derecho a la intimidad y pide ser "muy cautos" y respetuosos en esta materia: "Para dar una respuesta jurídica, sería preciso que yo conociese todos los elementos y circunstancias, que no las conozco. Lo que sí puedo decir es que estamos hablando del derecho a la intimidad, al igual que otros derechos fundamentales, está en la Constitución". ¿Debería ser la Fiscalía quien tome una iniciativa de investigación? "Depende de las circunstancias", ha respondido Delgado. Respecto a si la reputación de la Fiscalía General del Estado está en entredicho, Dolores Delgado asegura que desde la Fiscalía son "trabajan día a día por la ley": "La imagen del Ministerio Fiscal no se altera".
Sobre el homenaje que se rindió hace unos días a los españoles de Mauthausen, en el 80 aniversario de la liberación del campo, Delgado reconoce que la presencia del rey de España supuso "un hecho histórico": "Fue un rey rodeado de víctimas. Rodeado de hombres y mujeres que todavía andan buscando justicia y respuestas, que están esperando de una investigación. El rey estuvo con las víctimas, reconociendo la memoria democrática y los derechos humanos". "Hemos institucionalizado la memoria democrática", ha añadido la fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Entrevista completa en RNE Audio.
El Gobierno aprueba ampliar el mandato del fiscal general a cinco años para desligarlo de la legislatura a partir de 2028. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se ha sorprendido en el informativo 24 horas de RNE de esta noticia porque "ni nos han preguntado nuestra opinión como asociación." "Me da la impresión de que el objetivo es blindar a Álvaro García Ortiz", ha recalcado. Pallarés ha considerado que "hay que revestir de garantías de independencia del poder Ejecutivo al fiscal general del Estado" porque si no "nos encontramos con la sospecha de estar con un fiscal general del Gobierno."
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con el objetivo de fortalecer su autonomía y desvincular el mandato del fiscal general de la legislatura y del Gobierno, ya que este durará cinco años y no cuatro, como hasta ahora.
Seguirá siendo el Gobierno quien elija al fiscal general, como marca la Constitución, pero no cesará automáticamente cada vez que haya elecciones, algo que pedía Europa desde 2013.
"Se desvincula la duración del mandato del fiscal general del Estado, de la legislatura y del término del Gobierno. El fiscal general del Estado será nombrado por cinco años", ha explicado desde Moncloa Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Otra novedad es que se prohíbe expresamente que el Gobierno central o los gobiernos autonómicos den indicaciones a la Fiscalía. Además, el ministro de Justicia tendrá que dirigirse al fiscal general por escrito, quedando registradas todas las comunicaciones.
El Consejo de Ministros va a aprobar este martes una ambiciosa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, entre otros cambios, establece un mandato fijo de cinco años para el Fiscal General del Estado (FGE), rompiendo así su vinculación con la duración de la legislatura. Hasta ahora, el cargo se renovaba con cada cambio de Gobierno, pero la nueva norma busca reforzar su independencia.
Además, para impedir ceses discrecionales por parte del Gobierno, el FGE solo podrá ser cesado, en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial. El FGE tampoco podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros, y las comunicaciones entre el FGE y el Gobierno deberán realizarse por escrito y serán publicadas y registradas.
