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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este viernes que no dimitirá de su cargo tras ser procesado por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general", ha señalado ante las preguntas de los medios, en sus primeras declaraciones tras conocerse su procesamiento el pasado lunes. Foto: EFE/Leo Redondo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizarán hoy miércoles el último pleno del periodo de sesiones de control. Uno de los temas a tratar es el procesamiento este lunes del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal. En Las Mañanas de RNE hablamos con Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales: "En este caso, si examinamos con detenimiento lo que está haciendo el fiscal general del Estado es ser un servidor público que pone a la institución en primer término y le pedimos que no dimita porque es un dique de contención para nosotros".

Respecto a la reputación de la institución explica: "no tiene que demostrar el fiscal general del Estado su inocencia, sino su culpabilidad. Por lo que comenzó fue por una nota de prensa para aclarar un bulo, que atacaba la independencia y profesionalidad de los fiscales". El presidente de la UPF ha recalcado el papel de los fiscales en defensa de García Ortiz: "No somos un apéndice del Poder Judicial, somos una institución constitucional fundamental para que el Poder Judicial funcione correctamente [..] y para eso tenemos que ser fuertes, tenemos que ser autónomos, tenemos que ser independientes y tenemos que tener la posibilidad de poder emitir notas de prensa para desmentir bulos, sin que por ello se nos abran causas penales", concluye.

El fiscal Javier Zaragoza recuerda la operación Nécora en su 35 aniversario: "No fue algo simbólico, fue un punto de inflexión en el combate contra la droga y contra el narcotráfico". Fue uno de los mayores golpes al narcotráfico en la historia de España y el momento en que se empezó a nombrar, investigar y juzgar a las grandes redes criminales que operaban en Galicia con total impunidad. La operación empezó el 12 de junio de 1990 y terminó con la lectura de la sentencia el 27 de septiembre de 1994. En total, en el juicio celebrado unos años más tarde fueron procesadas 68 personas y 52 se sentaron en el banquillo.

Zaragoza rememora hoy desde la Fiscalía General del Estado el valor de las declaraciones a partir de las cuales comenzó la investigación: "Durante varios meses estuvimos contrastando e intentando objetivar y corroborar con otras pruebas".

En la comisaría de Vilagarcía de Arousa estaba el fiscal "recibiendo no solo a los detenidos, sino una gran cantidad de documentación y de efectos que se encontraron en los registros". Allí, con el estruendo de fondo de los gritos de apoyo hacia las autoridades y de rencor hacia los detenidos, Zaragoza examinaba y analizaba lo que llegaba para dos días más tarde poder desplazarse a Madrid y "tomar declaración a los detenidos y legalizar su situación".

Informa: Lucía González

Edición: Uxía Pérez

Foto: EFE/Kote Rodrigo

Este martes, la UCO de la Guardia Civil ha registrado durante casi diez horas la casa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia. Sobre este asunto, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, asegura en el informativo 24 Horas de RNE que, respecto a todo lo que está dando de sí el Caso Koldo, "estamos viviendo un circo, un fango, un esperpento, que desvía el foco o desvía la mirada de donde realmente debemos ponerla". Añade además que es necesario centrarse en "la creación de una oficina de anticorrupción, la democratización de la justicia y mecanismos que realmente eviten y pongan un cortafuegos a situaciones como estas".

La ejecutiva de Compromís mantiene el pulso con Sumar y ha asegurado que reevaluará el pacto parlamentario. Respecto a esto, Hernández recalca que mantienen un compromiso con el partido valenciano que es el siguiente: "Nuestro objetivo político es desalojar a Mazón de las instituciones valencianas. No tenemos otra meta más que reivindicar este derecho de los valencianos".

Respecto a los casos que más preocupan actualmente y que afectan directamente al presidente del Gobierno —como el de Leire Díaz, el caso Koldo, la investigación a David Sánchez o el de Begoña Gómez—, Hernández señala que "estamos asistiendo a una sucesión constante de ruido mediático, de fango, agitado también y promovido por la derecha y por la extrema derecha, y por una justicia que, tenemos que decirlo, no funciona en términos democráticos; no existe una separación nítida y clara de poderes”.

Por último, añade: "España hoy en día es una excepción. Vivimos en una democracia, en un gobierno de coalición progresista, que es una auténtica isla ya no solo en Europa".

Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista y coordinador de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se ha mostrado contundente en el informativo 24 horas de RNE asegurando que el fiscal general del Estado no debe dimitir ya que, asegura, "nos encontramos ante un auto carente de fundamento." Ha añadido que "no procede que se valide una instrucción truculenta que evidentemente tiene que ver con el hecho de que se intentaba encubrir un fraude fiscal."

La Comisión Europea ha enviado un informe crítico con la ley de amnistía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha expresado su preocupación de que la norma no esté alineada con el interés común de la Unión Europea, aunque no ve que afecte a fondos europeos. Sobre ello, López Aguilar se ha centrado en que la norma no afecta a los intereses económicos comunitarios y ha dicho que "corresponde al ordenamiento jurídico español depurar la compatibilidad entre la ley orgánica y la Constitución y lo que sabemos es que el Tribunal Constitucional no ha encontrado ninguna contradicción."

Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, ha estado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní hablando sobre el procesamiento del fiscal general del Estado por revelación de secretos. "Sí creo que debiera dimitir. No ahora, debiera de haber dimitido ya tiempo antes, desde que se inició esa investigación penal por hechos supuestamente delictivos cometidos en el ejercicio del cargo", afirma la entrevistada. "El hecho de que el máximo responsable de la institución esté siendo investigado por el Tribunal Supremo, también arroja una sombra de dudas sobre la profesionalidad de los que integramos la carrera fiscal", prosigue Dexeus.

Sobre el tratamiento mediático de estos asuntos, Dexeus opina que deberíamos replanteárnoslo: "Al final da una sensación de manipulación de todo el material existente en las causas y, cuando haya una resolución definitiva, nadie acabará de respetarla, porque se habrá hablado tanto de cada uno de esos asuntos que se habrá preconfigurado cada uno el resultado", comenta. La presidenta de la Asociación de fiscales hace hincapié en que si García Ortiz no dimite, "seguirá dañando la institución": "Yo creo que, en este momento, tener a un fiscal general del Estado que en breve esté sentado en el banquillo de los acusados será muy duro para el crédito y para la reputación de la Fiscalía", opina

El juez procesa al fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid y senador, ha expresado en el informativo 24 horas de RNE, ha expresado que es un "hecho inédito" que atenta contra la democracia y ha asegurado que demuestra "la degradación política y ética en la que se ha metido el propio Gobierno y que llega hasta la propia Fiscalía General del Estado." Ha recalcado que ha hecho "uso de sus competencias, de su poder y de su influencia para para revelar secretos en un tema que afecta a un particular" y que, por ello, "no solo debería de implicar la dimisión del fiscal general del Estado, sino de la de todo el Gobierno empezando por Sánchez." Además, ha insistido en que "el objeto ha sido dañar políticamente a un adversario."

También ha hablado otros asuntos de actualidad como el tema de la vivienda y ha considerado que si se le da "seguridad al propietario a la hora de que ponga su vivienda en alquiler y estoy convencido de que miles de viviendas saldrían al mercado de alquiler" y ha comentado que están trabajando para que el PP aglutine todo el espacio que está a la derecha del PSOE.

Al igual que el PP, Vox también presiona al Ejecutivo para que cese a García Ortiz si él no dimite de manera voluntaria. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, critica al juez. Se refiere a él como "la oposición real" que busca tapar el desastre que, a su juicio, fue la manifestación del PP.

Sumar, que ha defendido la actuación del fiscal general contra los bulos, también ve un intento de desviar la atención para "tapar la posible corrupción del entorno de la señora Isabel Díaz Ayuso". Podemos habla de "guerra sucia" y "lawfare". "Es consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo", ha dicho Ione Belarra.

Foto: EFE/Alberto Aguado

El PP exige la dimisión inmediata del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Génova insisten en que la situación es ya insostenible.

"Es el momento de que se vaya el fiscal general y quien le daba las indicaciones", ha reclamado el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, a través de sus redes sociales mediante un mensaje en el que incluye un fragmento del auto judicial que apunta a la presunta responsabilidad del Gobierno.

Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha acordado procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así, el magistrado deja a García Ortiz a un paso de sentarse en el banquillo, lo que conllevaría su inhabilitación en una situación inédita en la historia democrática, en la que ningún fiscal general ha sido procesado. Y lo hace basándose principalmente en la filtración del email donde Amador se ofrecía a reconocer delitos contra la Hacienda Pública para pactar con la Fiscalía. Hurtado cree que el fiscal general actuó por "indicaciones" de Presidencia del Gobierno y con una actitud "frenética" de "ganar el relato" a favor del Ministerio Público.

El auto, al que ha tenido acceso RTVE.es, ve indicios de que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación (El Plural) contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado de González Amador al fiscal del caso que se seguía contra éste. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este lunes la presunción de inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haya acordado procesarle por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Mañaneros 360, Torres ha asegurado que ha habido casos de personas que han acabado en juicio oral que finalmente han sido "exoneradas", por lo que cree que esta presunción de inocencia "hay que mantenerla hasta el final".

A su vez, ha señalado que no hay pruebas de que Moncloa diera instrucciones al respecto y se ha mostrado convencido de que, al final, "la verdad relucirá": "Ahora empezará un nuevo proceso en el que estamos convencidos de que saldrá a relucir la verdad, que repito todo se inicia cuando se publica una información que no es verdadera. La justicia tiene sus pasos, la presunción de inocencia debe darse", ha insistido.