Una asociación de fiscales pide al Supremo que procese al fiscal general del Estado por revelación de secretos
- Junto a Álvaro García Ortiz, también pide el procesamiento de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid
- Solicita a la UCO que investigue si en la agenda del fiscal general estaba el contacto de Pilar Sánchez Acera
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La acusación popular formada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que procese a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por un delito de revelación de secretos ante "la abrumadora prueba en su contra". Esta solicitud se enmarca en la causa que investiga la presunta filtración de correos privados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, imputado por supuesto fraude fiscal.
Así lo ha requerido esta asociación de fiscales en un escrito al que ha tenido acceso RTVE, en el que ha solicitado que dicte el auto de procedimiento abreviado, cuestión similar a un procesamiento, para Álvaro García Ortiz: "Entendemos que, practicadas las diligencias ya acordadas y las pedidas en este escrito, procede el dictado el auto de procedimiento abreviado".
En el escrito, la asociación se ha preguntado por qué el fiscal general "procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información" y han considerado que "nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente".
Pide también el procesamiento de Pilar Rodríguez
Asimismo, han pedido que se dicte el mismo procedimiento para la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa, para lo que existe una "abrumadora prueba".
Además, han añadido que las pruebas ya existentes se "han visto reforzadas" por las declaraciones de los propios investigados, de los testigos y por los informes presentados por la UCO.
El procedimiento abreviado consiste en el cierre del sumario y el inicio de un plazo para que cada una de las partes presenten un escrito de acusación o pidan el archivo de la causa. Con esto, la acusación popular plantea que se dicte este procedimiento porque "no existe más prueba por practicar que las dos declaraciones", entre ellas la de Alberto González Amador, y porque "concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso".
Junto a esto, la asociación de fiscales también ha solicitado en el escrito que la UCO identifique si en la agenda del fiscal estaban los contactos de personas como Pilar Sánchez Acera, exasesora de Moncloa, o de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Solicita los expedientes de dación de González Amador
Por otro lado, han emplazado a Hurtado a requerir a la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, recordando que la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testificó que "debían existir necesariamente tres expedientes tramitados: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Fiscalía Superior de Madrid y otro en la Fiscalía General del Estado".
"Es evidente, de acuerdo con la prueba desplegada hasta el momento, que el inicio de esta 'dación de cuenta' fue más bien telefónico, pero también que la referida fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, señaló que debían existir dichos expedientes. Lo contrario sería atentar directamente contra" la ley, ha advertido la APIF.
La asociación de fiscales explica que, "como quiera que dichos expedientes deben estar acompañados de los correos electrónicos firmados digitalmente", "aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial, qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir y la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones".
