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Mariano Ordaz tiene 67 años, los mismos que lleva viviendo en su casa en el barrio de Embajadores en Madrid. Le quieren desahuciar porque le subieron el alquiler hasta los 800 euros y no puede pagarlos: "Ojalá me den más tiempo para encontrar un lugar donde ir, ¿qué hago con mis cosas?". La vivienda además presenta graves problemas de habitabilidad, como la cocina que tiene el techo roto y que no han reparado. Mariano teme que en el momento en que saliera de su casa para que hicieras las obras ya no podría volver: "Es una treta, quieren que me vaya de aquí, restauran la finca y me dejan fuera". Lamenta que ahora mismo sobrevive gracias a la ayuda de los vecinos que le permiten asearse y que tiene que comer fuera de casa.

Explica que ha intentado negociar con la propiedad, pero la respuesta es que les debe 15.000 euros y no han querido negociar con él. Una de sus vecinas también tiene problemas en su casa que no han arreglado y está pagando un alquiler de 1.500 euros. Mariano recibe el apoyo del sindicado de inquilinas e inquilinos de Madrid, que lamenta que con la caída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, personas en situación como Mariano quedan desprotegidas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca lamenta que la prórroga que impide los desahucios pueda decaer en el Congreso si no sale adelante el decreto ómnibus del Gobierno. El portavoz, Paco Morote, lamenta que esta cuestión forme parte de la pugna política y pide que se garantice el derecho a la vivienda: "Hay grupos políticos que quieren darle una patada en el culo al Gobierno con la gente vulnerable". Avisa que, de decaer, pueden producirse "decenas de miles de desahucios" de personas en situación de vulnerabilidad. Pide que los derechos de las personas no estén "supeditados" a este tipo de negociaciones y que tengan carácter estructura y permanente.

Partidos como Junts per Catalunya se oponen porque "perjudica a los pequeños propietarios" una premisa que Morote asegura que es "falsa". Explica que el decreto ya contienen medidas de compensación para los propietarios y lamenta que el sistema público no cuenta con alternativa habitacional para todas las personas que podrían perder su vivienda. En este sentido, también pide a las comunidades gobernadas por el PP que apliquen medidas para garantizar el acceso a la vivienda.

Uxía González Novoa, portavoz de la Organización de Vivienda de Tetuán (Madrid), explica en 'Las Mañanas de RNE' el caso de Manuel, un hombre de 81 años con problemas de salud que fue desahuciado. No tenía alternativa habitacional lo que ha hecho que desde el mes de septiembre ande malviviendo entre hostales o habitaciones compartidas: "Se ha sentido abandonado, desorientado, no han sabido darle recursos para gestionar esta situación, no ha tenido ningún tipo de alternativa". González denuncia que podría pagarse un alquiler de una habitación, pero las inmobiliarias o los propietarios rechazan concederle el alquiler.

Desde la entidad también denuncian el trato por parte de los servicios sociales, que tampoco brindan apoyo psicológico en momentos así: "caen en los discursos de odios, se deshumaniza a las personas para justificar no darles un recurso".

También explica otro caso en Villalba, donde se desahució a una vivienda por razones de insalubridad, pero sin alternativa se quedan en la calle: "El derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la vida". Pide al Gobierno leyes efectivas porque incluso donde se aplica la ley de vivienda que limita el precio de los alquileres, los propietarios conseguían sorteara: "deberían poner leyes que realmente protejan".

Eduard Sala, director de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha recordado este sábado en una entrevista para el Informativo de Fin de Semana del Canal 24h, que no sólo los desalojados se encuentran "en situación de desamparo". La ONG, que estos días ha reubicado a 52 migrantes, atendió en 2024 a un total de 4.800 personas, de las que "casi ocho de cada diez tiene como problema principal la vivienda".

"No imaginábamos que se iba a hacer el desalojo antes de Navidad, sabiendo que las previsiones serían de tiempos tan nefastos", ha criticado, para luego concluir que, desde Cáritas, "tampoco imaginábamos que no había nada preparado".

Foto: EFE/ Quique García

Cruz Roja, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y la Fundación Llegat Roca i Pi han concretado este domingo que acogerán a 15 personas con especial vulnerabilidad del grupo que fue desalojado del antiguo instituto B9 de Badalona, que seguían durmiendo en la calle.

El desalojo el pasado miércoles, por orden judicial y a petición del Ayuntamiento de Badalona, del instituto B9, donde se habían llegado a instalar unas cuatrocientas personas, en su mayoría migrantes, dejó a muchas de ellas en la calle y unas cincuenta acabaron acampando bajo el puente de la autopista C-31.

Foto: Lorena Sopêna / Europa Press

En el contexto actual de precios elevados de la vivienda y de escasez de oferta, sobre todo en alquiler, organizaciones sociales están pidiendo al Congreso que amplíe la moratoria antidesahucios que finaliza el 31 de diciembre. En RNE, Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA (de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), calcula que esta norma ha estado paralizando los desahucios de más de 60.000 personas hasta finales de 2024. "Estas decenas de miles de familias puede ser que terminen en la calle, porque no hay una alternativa por parte de las administraciones públicas. No hay vivienda social, el mercado desregulado tampoco es una opción con los precios que hay". Desde el DSCA proponen a las administraciones que se convierta en una medida "más estructural". Esta moratoria viene de la pandemia pero los problemas de vivienda, dicen, no. "Los mecanismos para parar desahucios son muy débiles. Pedimos que esta moratoria no sea algo coyuntural y que se transforme en algo de tipo estructural", añade Escorihuela, a la vez que insiste en que se prorrogue esta medida. Entrevista completa en RNE Audio.