Maricarmen, una mujer discapacitada de 87 años, vive desde hace 70 años en un piso en Madrid, cerca del Retiro. Pagaba una renta antigua, heredada del contrato de su padre y su padre. La propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos de apoyo, reclama un incremento del alquiler de un 250%.
Maricarmen logró que los tribunales le dieran la razón en primera instancia, pero finalmente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor. Ahora se enfrenta a la cuarta orden de desahucio, sin alternativa ocupacional pero con el apoyo de sus vecinos y del Sindicato de Inquilinas.
Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, la mujer de 87 años que este miércoles puede ser desahuciada de su piso en Madrid, ha afirmado que la propiedad no tiene interés en negociar ni en renovar el alquiler.
Unas 500 personas se han concentrado este martes frente a la vivienda de Maricarmen, una mujer con discapacidad de 87 años que va a ser desahuciada por un fondo de inversión. Es la cuarta vez que intentan desahuciarla después de más de 70 años viviendo en la misma casa. "Se ha informado a la propiedad de que hay negociacion es con Casa47, que depende de vivienda, para buscar una alternativa habitacional, y la propiedad siempre se ha negado a cualquier tipo de acuerdo", ha explicado Duro a La Hora de La 1 en conversación telefónica.
Maricarmen no dispone de recursos para pagar el alquiler que le exige la propiedad, muy superior al que paga ba. "No tiene alternativa habitacional, la ONU ha dicho que no debe producirse este desahucio sin alternativa, es obligación de los servicios públicos y han demostrado absoluta incompetencia".
La abogada espera que el juzgado suspenda el desahucio "en base de que por parte de las administraciones públicas se ha informado de que se están buscando alternativas habitacionales, y que hay una oferta de que una persona anónima que pagaría la renta. No hay motivo para una decisión firme de ejecutar este desahucio".
La abogada ha calificado el despliegue policial de "totalmente desproporcionado".
La compraventa de viviendas sigue disparada aunque en enero ya se experimentó un frenazo respecto al mismo mes de 2025. Aún así, los precios siguen sin tocar techo, lo que obliga a que se pidan más dinero y más hipotecas. Algo que ocurre con el euríbor al alza por la guerra en Oriente Medio. Este martes roza el 3%.
En enero de 2026 se firmaron 57.489 operaciones; un 5% menos que en el mismo mes de 2025. Se ralentiza el ritmo, pero sigue en máximos. Es el segundo mejor enero en el mercado inmobiliario desde 2008.
Para Joaquín Elizaga, Director Financiero y Responsable del Área de Explotaciones Económicas de Gloval, "más que una desaceleración es un ajuste".
Las hipotecas no acusan el freno de las compraventas. En enero se firmaron 40.273; un 6,3% más que en el mismo mes de 2025. Además, son más hipotecas por más dinero. El importe medio del crédito ha subido y roza los 166.000 euros.
Desde Podemos rechazan la propuesta del PP para que el rey emérito vuelva a España de Abu Dabi después de la desclasificación de los documentos del 23F. Pablo Fernández, el secretario de Organización, cree que estos archivos no aportan nada nuevo y que solo tratan de reforzar la figura de Juan Carlos I. Fernández apunta a que se trata "de un golpe de efecto" y que el retorno del moncarca debería ser para ser juzgado: "Que el rey emérito vuelva pero para sentarse en el baquillo, esperemos que sea juzgado y condenado". También reclama una reforma de la Ley de Secretos Oficiales para que haya "más transparencia" y ve posible "un acuerdo" entre las formaciones del Congreso para hacerlo posible.
Tras la caída del escudo social, Fernández afea el voto negativo de PP, Vox y Junts, a quienes califica de "miserables" y exige al Gobierno que apruebe otro decreto para protejer a las familias que pueden ser desahuciadas. Ante el debate a la izquierda del PSOE, Podemos continua sin desvelar si formaría parte del proyecto que propone Gabriel Rufián y solo se abre a formar parte del debate político: "Llevamos mucho tiempo diciendo que hay que abrir un debate para construir unidad". Aprovecha también para cargar contra Sumar a quienes acusa de estar "sometido al PSOE". Sobre la marcha de Yolanda Díaz le desea "lo mejor" y no valora su decisión de echarse a un lado.
Ocho familias guipuzcoanas afrontan desahucios por impago de alquiler o hipoteca, sin alternativas habitacionales.
Es el caso de Carmen (alquiler) y Enrique (hipoteca). STOP Desahucios denuncia que centenares de hogares en Euskadi - y decenas de miles en España - podrían quedar en la calle si no se prorroga el decreto de protección aprobado en 2020.
Las familias exigen que los partidos convaliden la prórroga para evitar lanzamientos masivos.
"No vamos a permitir que queden en la calle porque no convalidan el escudo social anti-desahucios", advierten ante la votación inminente en el Congreso.
Por cuarta vez, se ha paralizado el desahucio de Mariano Ordaz, jubilado de 67 años que vive en el barrio madrileño de Embajadores, y cuyo inmueble en alquiler pertenece a una orden religiosa. El Sindicato de Inquilinas había convocado una concentración a primera hora de este viernes para tratar de parar el desahucio tras los intentos anteriores y lo ha conseguido.
A las puertas de la vivienda, Ordaz ha dicho a los medios que lleva en esa casa 67 años y ha afirmado: "De momento parece que se ha parado y no hay fecha de orden de otro desahucio. No nos han notificado otra fecha". "Veremos a ver lo que dura. (...) Quisiera que hubiera posibilidad de que me arreglaran la casa y poder seguir viviendo aquí con una negociación con ellos", ha expresado Mariano a los micrófonos de TVE.
Podemos exige al Gobierno que retire el decreto antidesahucios pactado con el PNV. El secretario de Organización, Pablo Fernández, asegura que "el decreto deja a gente en la calle" y cree que "un Gobierno de izquierdas" no puede dejar que gente vulnerable se quede sin vivienda. Acusa al Gobierno de hacer "políticas de derechas" en materia de vivienda y piden que "rectifique". Fernández también destaca que Junts per Catalunya vaya a votar que no, aunque en este caso lo vincula a "tacticismo político" y porque cree que Aliança Catalana le está comiendo terreno en Cataluña. Rechaza que compartan razones con Junts y apunta que la formación catalana está del lado de los rentistas.
Fernández propone que las administraciones se encarguen del pago del alquiler de las personas en situación de vulnerabilidad o incluso que el "Gobierno apruebe cada mes un decreto antidesahucios" para así evitar que tenga que pasar por el Congreso, pero confirma cuál será el voto de la formación. Aseguran que seguirán luchando "porque nadie se quede en la calle".
El Gobierno ha aceptado trocear el decreto ómnibus para salvar las pensiones. Divide en dos el texto que PP, Vox y Junts tumbaron la semana pasada en el Congreso: por un lado, la revalorización de las pensiones, como pedían los populares. Por otro, el llamado escudo social, que incluye la prórroga de la suspensión de los desahucios a hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Moncloa ha pactado con el PNV suavizar esta última medida y que no afecte a los propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler, con lo que intentarán atraer también a Junts. Aunque los equilibrios son complicados, el Ejecutivo confía en que su plan salga adelante.
Primera derrota parlamentaria del año para el Gobierno. Junts ha vuelto a votar con PP y Vox para tumbar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones y otras medidas del llamado escudo social como la prórroga de la paralización de los desahucios a familias vulnerables. Esto último es el principal escollo porque tanto Junts como el PP dicen que esa medida favorece a la okupación. Hablamos con Irene Escorihuela, directora del Observatori DESCA, que señala que 70.000 familias vulnerables están ahora en riesgo de ser desahuciadas. Repasamos, además, otras noticias de la semana nacionales e internacionales.
