Una decena de familias viven pendientes del desalojo en Badajoz. "No nos negamos a marcharnos, pero necesitamos una alternativa para no quedarnos en la calle"
- Ocupan desde 2017 los antiguos pisos de la Guardia Civil
- La Junta va a rehabilitarlos para alquiler social
Una treintena de vecinos que desde hace casi una década ocupan un bloque de viviendas públicas en Badajoz afrontan un futuro incierto. La Junta de Extremadura les ha comunicado que disponen del mes de agosto para abandonar los inmuebles, un paso necesario para iniciar obras de rehabilitación que las acondicionará como viviendas públicas de alquiler. Les ha advertido que si no lo hacen voluntariamente el caso seguirá la vía judicial para forzar su salida. Apoyados por Campamento Dignidad y por la organización 25 de marzo, reclaman que antes de ejecutar el desalojo, las administraciones les ofrezcan una solución. Una alternativa que evite que estas familias, muchas de ellas con menores, se queden sin un lugar donde vivir.
En el interior de los conocidos como bloques de la Guardia Civil , en la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz, hay una decena de familias para las que ha empezado la cuenta atrás. Llegaron aquí empujados por la pobreza y ahora les apremian para abandonarlas.
O pagaba el alquiler o comía
María Elena Domínguez llegó al bloque después de perder su vivienda. Explica que entonces cobraba la antigua renta básica, unos 500 euros mensuales, de los que destinaba 300 al alquiler.
“O pagaba el alquiler o comía”, recuerda. Tras el desahucio, cuenta que acudió a los servicios sociales y se alojó en el Centro Hermano mientras sus hijas tuvieron que quedarse con familiares. “El padre de las niñas era un toxicómano y no podía contar con su ayuda. Yo me dejé con él porque era insoportable la vida y ahí tengo los papeles de mi abogado que (demuestran) que no me ha pasado nunca ni un duro”
Fue poco después, en 2017, cuando, junto a otras familias vinculadas al Campamento Dignidad, decidió ocupar una de las casas de un bloque que llevaba años vacío. “Si nosotros no hubiéramos entrado aquí, estos pisos seguirían deshabitados”, sostiene. Desde entonces, asegura, ha intentado acceder a una vivienda pública sin éxito.
Hoy, con 47 años, continúa percibiendo el Ingreso Mínimo Vital. “A mí, los trabajos que me van saliendo no me da opciones para alquilar un piso”, lamenta. Asegura que ella acepta cualquier empleo pero que no puede darse de alta. Denuncia que la temporalidad le impide aventurarse a prescindir de ese recurso.
“Si trabajo dos meses pierdo la ayuda y luego vuelvo a empezar todo el trámite. Lo que necesitamos es un trabajo estable y una vivienda”, explica.
En esta situación provisional lleva viviendo casi una década en la que ha ido haciendo las mejoras que han podido en los pisos. Desde el principio, ella y sus vecinos, todos en parecidas circunstancias, pudieron darse de alta en el suministro eléctrico. Con el de agua no les han puesto las cosas fáciles.
“Se lo hemos pedido al Ayuntamiento, que dice que la culpa es de Seragua, y Seragua culpa al alcalde. No sé de quién será la culpa el caso es que sólo nos ayudaron con bolsas de agua en la pandemia" , se queja María Elena.
Nueve años viviendo sin agua corriente
Rocío Mejías llegó al bloque tras perder el empleo y no poder hacer frente al alquiler de la vivienda en la que residía. Tenía 18 años y una situación familiar muy complicada. Sin dar detalles, da a entender que no podía contar con el apoyo de sus progenitores. "Se acaba siendo okupa en una casa por necesidad. Cuando la vida no te da opción a tener un alquiler en condiciones”
“Se acaba siendo okupa por necesidad“
Su vida laboral ha consistido en enlazar empleos temporales “He trabajado de camarera pero a veces la jornada era de trece horas y estaba dada de alta solamente dos. Para entrar en un alquiler te piden hasta tres meses de fianza y una nómina” E insiste en que nunca ha tenido un papel para demostrarlo.
Madre de una niña de cuatro años, afirma que encontró en estas viviendas la única alternativa para evitar quedarse en la calle. Su situación, asegura, sigue siendo muy precaria. Explica que en su vivienda no dispone de agua corriente en la cocina, que friega en el plato de ducha y que calienta ollas de agua para bañar a su hija.
“Mi hija no sabe lo que es abrir un grifo y ducharse con normalidad”, dice con tristeza. La niña, añade, ha vivido siempre en este bloque. “Cuando nos dijeron que teníamos que irnos me decía: Yo no me quiero ir de mi casa y se me parte el alma’”.
No nos negamos a marcharnos
El edificio que habitan forma parte de la barriada de viviendas de la Guardia Civil que, en el momento de la ocupación, estaba sin uso. Recientemente se ha completado la cesión del Ministerio de Interior a la Junta de Extremadura . Una vez que el gobierno regional ha ido asumiendo la titularidad del complejo, lo ha ido rehabilitando para destinarlo a viviendas sociales de alquiler. En total 110 inmuebles de los que ya ha reformado y adjudicado 40 entre familias inscritas en el registro de demandantes. En la segunda fase, que se aborda ahora, se encuentra este bloque en el que viven las familias “okupas”
Aseguran que durante una reunión mantenida con responsables de Vivienda se les comunicó que disponían del mes de agosto para desalojar voluntariamente las casas. En caso contrario entendieron que se iniciaría el procedimiento judicial correspondiente. Una denuncia por ocupación ilegal.
Nos quedaremos hasta el final
Los vecinos insisten en que comprenden que los inmuebles vayan a rehabilitarse, pero piden que esa actuación vaya acompañada de una alternativa habitacional para ellos.
“No nos negamos a marcharnos. Lo que pedimos es que antes nos den un sitio donde vivir”, resume Rocío. “Si no encontramos nada, ¿qué hacemos?, ¿irnos con una niña a una tienda de campaña?”.
“No sé dónde voy a ir. Me quedaré hasta lo último que pueda“
La Asociación Campamento Dignidad apoya a los vecinos y pide a la Junta que deje de anunciar expulsiones sin que exista una resolución judicial. Francisco González, portavoz del colectivo, defiende que, gracias a estas familias, un edificio abandonado se ha salvado del deterioro. "Han invertido sus escasos recursos para hacer esas viviendas habitables", apunta. Advierte que "el problema de la vivienda seguirá creciendo mientras no existan alternativas habitacionales para las familias vulnerables".
