- Casi dos millones de afganos se han visto obligados a regresar a su país
- Denuncian que la espera para solicitar protección en las embajadas españolas es eterna
Obligados a volver al Afganistán de los talibanes. Este es uno de los pasos fronterizos con Irán, donde dejan a los afganos deportados. Ali Reza cuenta que en Irán la policía les pegaba y acosaba. A Sayed lo han separado de su familia y ahora no sabe dónde buscarlos.
Fahima está en Pakistán, espera con angustia su deportación, sobre todo preocupada por su hija, que en Pakistán estudia, cuenta, pero en Afganistán no podrá, los talibanes lo han prohibido. Están aquí porque los han echado de sus casas.
Según la ONU, solo este 2025, 938.000 afganos han sido deportados desde Irán y 300.000 desde Pakistán. Y el número aumenta si contamos los que se han visto obligados a volver por la presión.
Foto: GETTY
Este viernes se cumplen cuatro años desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán. En este tiempo, han borrado a las mujeres de la vida pública. Aunque prometieron respetar sus derechos, han ido recortando libertades hasta el extremo de impedirles hablar en público, estudiar más allá de los 12 años, viajar solas o salir a la calle sin acompañante, y las han sometido a un estricto código de vestimenta.
La periodista Khadija Amin fue una de las 120.000 personas que huyeron del país tras la llegada de los talibanes. “No me dio tiempo de despedirme de mis hijos, de mi familia. Tuve que dejar todo atrás y venir a España”, recuerda. Los talibanes la amenazaron de muerte, pese a las falsas promesas de que los derechos de las mujeres serían garantizados. "Es un momento muy triste, necesitamos la educación", denuncia Amin, al hablar de las niñas que deben abandonar la escuela a los 12 años. Para ella, Afganistán es "una cárcel para las mujeres, una prisión en la que solo pueden respirar, cuidar a los niños, dar a luz y nada más".
Aun así, muchas afganas continúan luchando. En la clandestinidad, mantienen abiertas escuelas y negocios, desafiando las prohibiciones. Khadija estudió en una de esas escuelas y ahora impulsa, desde su ONG Esperanza de Libertad, un proyecto de educación en línea. Su objetivo es doble: que las niñas puedan continuar aprendiendo y que las profesoras sin empleo puedan seguir enseñando.
Cuatro años después, los temores se han cumplido. El régimen talibán ha recortado derechos y libertades, y ha impuesto un estricto código moral que afecta, sobre todo, a las mujeres y a las niñas.
Los talibanes han aprobado más de 70 decretos contra los derechos de los 20 millones de mujeres y niñas afganas. No pueden salir solas a la calle, hablar en público o estudiar a partir de los 12 años.
En julio, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra dos líderes talibanes por crímenes de lesa humanidad por la persecución a mujeres. Sin embargo, el mismo mes, Rusia se convirtió en el primer país en reconocer al régimen talibán. Desde el exilio, la clandestinidad o las calles, las afganas siguen gritando contra quienes intentar arrebatar su voz. FOTO: EFE / QUDRATULLAH RAZWAN
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Para contener el horror de la guerra existen reglas que limitan cómo se combate. Ese conjunto de normas conforman el Derecho Internacional Humanitario. Cuando esas reglas se violan gravemente, hablamos de crímenes de guerra. Hablamos con Alejandro Gálvez, responsable adjunto de campañas y derechos humanos en Amnistía Internacional.
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El informe publicado por Médicos Sin Fronteras relata las situaciones a las que se tienen que enfrentar las víctimas en los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza. Su directora general Raquel Ayora lo analiza en Las Mañanas de RNE. "Lo que nos parece importante documentar es que los 1.380 heridos que hemos tratado durante estas siete semanas se dan en clínicas de atención primaria que no deberían recibir ningún herido, pero la escala de violencia y brutalidad es tal que incluso clínicas como la nuestra están recibiendo una llegada masiva de heridos".
"Son heridas que van a matar". Con esa contundencia se expresa la directora. "Comienzan los disparos, la gente huye y terminan en el suelo pisoteados por otros. En la lucha por conseguir la comida, que es muy escasa la que se reparte [...] el resultado natural es que la gente termine peleándose por ella [...] Las familias mandan a los que están más preparados para sobrevivir a ese viaje", cuenta Ayora. Sobre el futuro, Raquel Ayora no sabe lo que vendrá. "El problema que tenemos con esta situación es que no sabemos qué es lo que viene después. Estamos pasando líneas rojas de cosas que no hemos visto nunca antes", concluye.
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Hoy se cumple un año desde que a Noelia, una joven de Barcelona, le paralizaron su derecho a la eutanasia. Ella consiguió el aval unánime de los médicos, pero un juzgado suspendió su muerte asistida a petición de su padre, representado por Abogados Cristianos. El suyo fue el primer caso que llegó a juicio.
Noelia está a la espera de una sentencia firme. La Asociación Derecho a morir dignamente pide cambios legislativos para que la resolución de estos recursos sea más rápida.
- La reforma aprobada amplía el período presidencial a seis años y elimina la segunda vuelta electoral
- El último paso que entre en vigor será la ratificación final de la reforma por la misma legislatura
- 264,8 millones de personas han migrado internamente a causa de desastres naturales entre 2014 y 2024
- En el podcast Esto merece una explicación nos adentramos en las causas por las que estos migrantes no son considerados refugiados
Desplazados: la otra cara de la crisis climática
Cuando hablamos de personas refugiadas, normalmente nos referimos a personas que han tenido que huir de su país por estar en situación de peligro por motivos políticos o por un conflicto bélico. Pero, a día de hoy, hay gente que está yéndose de su hogar porque la naturaleza los está expulsando y no hay leyes internacionales que los amparen. No se considera que el cambio climático sea un motivo para protegerlos.
En este capítulo de 'Esto Merece Una Explicación' hablamos con Czarina Musni, una abogada filipina especializada en derechos humanos que es una “víctima colateral” de esta problemática. No puede volver a su país porque es considerada una terrorista por desarrollar su trabajo con personas que se ven obligadas a migrar por el cambio climático. También hablamos con Beatriz Felipe, ambientóloga y doctora en derecho, con Andrés Góngora, de COAG, con Bruno García, alcalde de Cádiz, y con María Teresa Pedrosa, geóloga marina.
Un trabajo de Marta Plazuelo, con edición de Marta Vicedo.
- La declaración se enmarca en la Conferencia por la Paz en Oriente Medio de la ONU, que busca reactivar el proceso de paz
- Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, más de 60.000 personas han muerto desde octubre de 2023
- Ucrania y Rusia se han reunido dos veces en suelo turco
- Catar o Arabia Saudí son Estados con mucho interés en convertirse en mediadores
Esto merece una explicación