La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha incoado diligencias contra el cantante Julio Iglesias tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero por dos de sus antiguas empleadas domésticas. Le acusan de agresiones sexuales y de un delito de trata.
Los hechos, que habrían ocurrido entre el año 2021 y 2022, han salido a la luz gracias a una investigación periodística de 'El Diario' y de la cadena Univisión, que han difundido los testimonios de estas dos víctimas.
Foto: Bertrand GUAY / AFP
El Gobierno y la Iglesia han sellado un pacto para reconocer e indemnizar a las víctimas de abusos sexuales que ya no puedan acudir a la vía judicial. Tendrá una vigencia de un año, prorrogable otro más.
El Gobierno firma con la Conferencia Episcopal un acuerdo para reconocer y reparar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Este pacto implica la colaboración Iglesia - Estado para atender a las víctimas que ya no pueden recurrir a la vía judicial. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha hecho hincapié en que será el Estado quien decida la indemnización pero la Iglesia Católica la que lo pagará y que estará exenta de tributación, también de forma retroactiva.
En Mediodía RNE hablamos de ello con Manuel Barbero, representante de las personas abusadas por miembros de la congregación de los Maristas. Afirma que esto es "histórico" pero que estarán "vigilantes para que se haga con rigor". "No se trata de hacer una caza de brujas" dice, "sino de reparación" de todas las víctimas. Aunque señala que aún queda por hacer, esto abre "un capítulo" pero trabajarán para conseguir más de lo que se plantea en este acuerdo, que por el momento consideran insuficiente porque solo da un año para denunciar a las víctimas. Esto, señala, se lo contarán al ministro en su reunión próximamente.
El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han alcanzado un acuerdo histórico para la reparación y el reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica a través del Defensor del Pueblo en aquellos casos en que ya no es posible la vía judicial bien por la prescripción del delito o por el fallecimiento de la agresión. Se trata de un sistema mixto en el que participan la Iglesia, el Estado y las víctimas, que lo hacen de forma individual y colectiva a través de las asociaciones en el que la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo en el que las reparaciones económicas correrán a cargo de la Iglesia y que estarán exentas del pago del impuesto sobre la Renta, tanto aquellas que ya hayan sido entregadas ya en el marco del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (PRIVA) creado por la Iglesia Católica en julio de 2024, como las como las que se decidan por esta nueva vía. El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha valorado este nuevo paso para "saldar una deuda histórica, moral" con las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. En España, como en "tantos países del mundo", ha dicho Bolaños, hay "centenares de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia" con unas características que los hacían "especialmente complicados para darles solución en el ámbito judicial", al haberse producido en muchos casos hace décadas, y al haber prescrito los hechos en la mayor parte de los casos. Foto: Diego Radamés / Europa Press.
Hoy Gobierno e Iglesia han firmado un acuerdo que cambia el sistema de reparación a las víctimas de abusos en esta institución. En Las Mañanas de RNE, Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada, celebra este acuerdo aunque cree que debería haber llegado antes. "Dada la desidia que ha demostrado la Conferencia Episcopal de España con este tema durante muchos años, pues creo que ya era hora de que las víctimas puedan tener acceso a una serie de medidas a implementar para lograr su reconocimiento y su reparación", celebra. "Siempre llega tarde, porque esto es un mal endémico estructural que ha sucedido dentro de la Iglesia, que se debería haber atajado hace mucho tiempo en vez de haber estado encubriendo a los pederastas. Pero bueno, yo entiendo que nunca es tarde si la dicha es buena y hay muchas víctimas que llevamos esperando hace mucho tiempo estas medidas", afirma. El cambio fundamental de este acuerdo con respecto al anterior es que la Iglesia se compromete con el Gobierno a colaborar en el sistema de reparación mixto, abordará ella el pago de las indemnizaciones y será el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien lo gestione, estudie caso por caso y realice la propuesta. Una figura, dice Cuatrecasas, que "nos da muchísima credibilidad y muchas garantías de que esto podrá llegar lejos".
"Estas víctimas están sometidas de por vida a una serie de cambios, necesitan apoyo institucional tanto a nivel de sanidad, porque es un tema de salud pública [...] Pero también la protección cuando denuncian", dice Cuatrecasas. Pide a víctimas que nos se callen y denuncien porque "ayuda a la sanación".
El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos han cerrado un acuerdo para la creación de una nueva vía para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmará el acuerdo este jueves a las 9:30 horas en el madrileño Palacio de Parcent -una de las sedes del ministerio- con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Tras la firma, el ministro presentará los detalles del acuerdo en una rueda de prensa. El acuerdo llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo. Foto: El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. EFE/Nacho Gallego.
Se siguen conociendo nuevos datos del archivo del pederasta Jeffrey Epstein, que está publicando el Departamento de Justicia de EEUU. Los últimos documentos apuntan, de nuevo, al príncipe Andrés de Inglaterra y a Donald Trump.
Un documento interno del FBI que recoge la declaración de un chófer que llevó a Donald Trump explica que le escuchó al teléfono hacer referencias a abusar de una chica. Además añade que llevó también a una mujer que le confesó que Trump y Epstein la violaron. Trump ha negado rotundamente esos hechos y no ha sido acusado de ningún delito; los papeles difundidos ahora no aportan pruebas nuevas, pero incorporan esa denuncia al archivo oficial.
El Departamento de Justicia ha querido marcar distancias, en un comunicado dice que algunos documentos incluyen acusaciones "falsas y sensacionalistas" contra Trump, presentadas ante el FBI antes de las elecciones de 2020, y que carecen de credibilidad.
Foto: Afp
En Estados Unidos se siguen conociendo nuevos datos del archivo del pederasta Jeffrey Epstein, que está publicando el Departamento de Justicia norteamericano. Los últimos documentos apuntan, de nuevo, al príncipe Andrés de Inglaterra y a Donald Trump. En el primer caso, un correo electrónico sitúa al expríncipe en la trama pederasta. En el mensaje, una persona que firma como "A" y escribe desde Balmoral, residencia de los Windsor en Escocia, pide a Ghislaine Maxwell "amistades inapropiadas". Maxwell, colaboradora y cómplice de Jeffrey Epstein, responde que sólo ha encontrado "amigas apropiadas". El intercambio no prueba delitos, pero refuerza el escrutinio sobre la relación del exduque de York con la red del financiero.
En ese contexto aparece también otro documento interno del FBI, que esta vez recoge la declaración de un chófer que llevó a Donald Trump y que denuncia que le escuchó al teléfono hablar de "abusar de una chica". Además, añade que también llevó a una mujer que le confesó que Trump y Epstein la violaron. Trump ha negado rotundamente esos hechos y no ha sido acusado de ningún delito; los papeles difundidos ahora no aportan pruebas nuevas, pero incorporan esa denuncia al archivo oficial. El Departamento de Justicia ha querido marcar distancias, en un comunicado dice que algunos documentos incluyen acusaciones "falsas y sensacionalistas" contra Trump, presentadas ante el FBI antes de las elecciones de 2020, y que carecen de credibilidad. Un mensaje que refleja la tensión política alrededor de la publicación de los papeles de Epstein.
Foto: GETTY/ Richard Corkery/NY Daily News Archive
En Reino Unido empieza un juicio por un caso similar al de la francesa Gisèle Pelicot. Acusan a un hombre de drogar y violar a su mujer durante 13 años, entre 2010 y 2023, y dejar que la violaran otros cinco hombres. Ahora todos tendrán que responder ante la justicia. El presunto violador está acusado de 56 delitos sexuales contra su esposa. Él, junto a los otros cinco acusados, se han presentado este martes ante el tribunal, aunque por separado. Tres de ellos están acusados de violación, otro de abuso sexual, y el quinto de tocamientos. Sobre el principal inculpado, Philip Young, conocido en Swindon, localidad al oeste de Londres de la que fue concejal, pesan, además, cargos de tenencia de pornografía infantil, necrofilia y zoofilia. Su esposa, Joanne Young, ha renunciado al anonimato y está siendo atendida por especialistas de la policía.
Foto: Reuters/Alexandre Dimou
Una mujer ha interpuesto una denuncia contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por una supuesta agresión sexual continuada que habría comenzado cuando ella tenía 17 años. Los hechos habrían ocurrido hace unos 40 años, pero alega que sólo ahora ha podido dar el paso.
En declaraciones a RTVE, ha explicado que no era consciente de los abusos sufridos y ha lamentado que, en su caso, la muerte del presunto agresor no ha supuesto una liberación sino una revictimización. Reclama una reparación social y que se retire el nombre de Suárez del Aeropuerto Madrid-Barajas.
Foto: EFE/jt
