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Condenas 'procés'

Volver al Supremo, el Constitucional o Estrasburgo, nuevas vías judiciales tras la sentencia del 'procés'

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Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasbusgo en una imagen de archivo.
Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasbusgo en una imagen de archivo. EFE

Conocida la sentencia condenatoria del juicio del 'procés', que cuenta con el respaldo unánime de siete magistrados del Tribunal Supremo e impone penas de 13 años por sedición y malversación para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras o de nueve para 'los Jordis' por el primer delito, las defensas del exvicepresidnete, los exconsellers y los líderes civiles miran ya hacia la justicia europea.

Se intuye que esta nueva batalla judicial podría durar años y, aunque Estrasburgo puede tener la última palabra, antes tendrán que agotar las vías que aún podrían tener en la justicia española. Un proceso que requeriría de un nuevo pronunciamiento del Supremo y del Tribunal Constitucional.

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Segundo asalto en el Supremo: incidente de nulidad

En concreto, les quedan dos pasos antes de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El primero, teniendo en cuenta que no cabe recurso contra la sentencia del Supremo, consistiría en presentar un incidente de nulidad en el que tendrían que alegar que no se han respetado los derechos fundamentales de los procesados.

El incidente de nulidad lo resolvería la misma sala que juzgó el caso y, en el caso de que el alto tribunal apreciara una vulneración, permitiría dejar sin efecto la condena. Sin embargo, los abogados se lo plantean como un trámite para asegurarse el acceso al Tribunal Constitucional, cuya doctrina exige agotar la vía judicial para solicitar el amparo.

El Supremo puede despachar el incidente con una inadmisión a trámite o entrar en el fondo del asunto, tras escuchar los argumentos de las partes, con lo que la decisión de si anula su propia sentencia podría tardar un par de meses.

Recurso de amparo ante el Constitucional

La segunda opción consistiría en presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, concebido como una vía excepcional frente a vulneraciones de libertades y derechos fundamentales y peaje indispensable para llegar a Estrasburgo.

Sin límite temporal para resolver y sin que las causas con preso deban ser consideradas prioritarias, el fallo del Constitucional sobre el 'procés' podría demorarse, enredado en las deliberaciones entre magistrados, no menos de uno o dos años, lo que a su vez encallaría el camino a Europa.

Mientras resuelve la demanda de amparo, el Constitucional tiene potestad para suspender las penas de cárcel impuestas, si así lo solicitan las defensas, aunque solo hay precedentes de ello en los casos de condenas leves, en torno a los tres años de prisión.

Conscientes de que todas sus resoluciones sobre el 'procés' terminarán en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los magistrados tratarán de erigir sus sentencias sobre argumentos sólidos, sin dejar ninguna atadura expuesta ante Estrasburgo, en el asunto sin duda más complejo que el Constitucional ha dirimido jamás.

La justicia europea

Recelosos de un Constitucional que el independentismo siempre ha visto politizado, la última vía en la justicia española es además un paso previo imprescindible para poder llegar a Estrasburgo.

Ahora bien, el TEDH no entraría a valorar los delitos cometidos, solo si se han respetado derechos fundamentales como los de expresión o manifestación. Además, su decisión podría tardar y, de estimar que ha habido una violación, podría fijar indemnizaciones para las víctimas o abrir la puerta a la revisión de condenas en el país demandado.

Dos son las principales vulneraciones que las defensas barajan para esgrimir ante Estrasburgo: el derecho a un juicio justo y las libertades de expresión, reunión y asociación que creen ampararían las movilizaciones independentistas de Cataluña y el referéndum inconstitucional del 1-O.

En base al principio conocido en el derecho internacional como fair trial (juicio justo), los abogados quieren denunciar irregularidades en el transcurso de la causa del 'procés' como las -a su juicio- abusivas prisiones preventivas u otras actuaciones que consideran arbitrariedades: desde la designación del tribunal juzgador hasta el veto del Supremo a que se exhibieran los vídeos del 1-O durante los interrogatorios del juicio.

Para ello, se aferran al precedente de Pussy Riot, las miembros del grupo ruso de punk que fueron condenadas por una protesta en la catedral de Moscú, en una sentencia que Estrasburgo censuró después al considerar que el tribunal se había excedido al laminar su derecho a la libertad de expresión.

Las defensas confían en que el TEDH concluya que los líderes independentistas ejercían derechos fundamentales de expresión y manifestación, especialmente en el caso de 'los Jordis', si concluye que su papel en el 'procés' se limitó a organizar movilizaciones, por mucho que algunas desembocaran en incidentes.

¿Y después de Estrasburgo?

De acuerdo con una reforma legislativa que España incorporó en 2015, en caso de que Estrasburgo les diera la razón, los demandantes podrían instar a la revisión de su sentencia ante los tribunales españoles, lo que -salvo excepciones- corresponde al Supremo.

Si las vulneraciones apreciadas por Estrasburgo derivasen de irregularidades en el proceso, el Supremo podría optar por repetir el juicio, subsanando esos defectos, o dictar una nueva sentencia, lo que no impide que el resultado sea una condena idéntica.

Caso distinto sería si el TEDH admitiera que la justicia española se extralimitó al condenar por hechos cometidos en el ejercicio de libertades fundamentales. En esa hipótesis, según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press, la sentencia del Supremo no podría ser otra que la absolución.

En ambas situaciones, la eventual victoria podría acabar siendo meramente moral porque, tras años de trámites en los recursos, la última palabra de Estrasburgo llegaría cuando los procesados hubieran cumplido ya entre rejas buena parte de la condena. Eso sí, posiblemente tendría impacto sobre la jurisprudencia.

La vía del indulto

Finalmente, y de forma paralela a este proceso, la defensa de los líderes del 'procés' podría solicitar el indulto. Una medida que pondría la pelota sobre la mesa del Consejo de Ministros, que sería el responsable de aprobarlos.

Finalmente, la sentencia firme también puede afectar a los siete políticos huidos, entre ellos al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, para quien el juez Pablo Llarena ha decidido reactivar la euroorden de detención que retiró hace unos meses, cuando un tribunal alemán decidió extraditarle pero solo por delito de malversación.

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