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El Consejo de Estado responsabiliza por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42

  • Así lo señala una información publicada este martes por el diario El País
  • Las víctimas: "¿Ahora quién va a pedir perdon?"
  • Rajoy: "Eso ya está sustanciado judicialmente"
  • La oposición exige el cese de Trillo como embajador en Londres

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El Consejo de Estado responsabiliza al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42

El Consejo de Estado responsabiliza por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev, según publica este martes diario El País.

Tal información, que recoge Efe, señala que el dictamen de este órgano asesor reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.

El dictamen, según El País, se refiere a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración "ponderar el especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.

"Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", señala el dictamen del Consejo de Estado.

El dictamen admite, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.

El Estado tenía la obligación de "inspeccionar" a la empresa subcontratada

Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo (NAMSA), el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

Según el informe, el acuerdo de ventas suscrito con NAMSA "no permite suponer una desvinculación total de la administración militar de sus competencias en materia de seguimiento y control de las empresa subcontratada" que se encargó del viaje.

Consideran que la Ley de Contratos de la Administración Pública impone a éstas el "deber de velar por el cumplimiento de los requisitos aplicables mediante labores de comprobación, verificación, inspección o investigación de las empresas contratadas".

Unas labores previas que los redactores del informe consideran de "especial importancia" cuando la actividad a realizar presenta "riesgos".

Tres procesos judiciales por el accidente

Tras la tragedia del accidente del Yak-42, en nuestro país se llegaron a abrir tres procesos judiciales: dos por irregularidades y falsas identificaciones de los cadáveres y uno civil contra las empresas organizadoras del vuelo.

Pese a la petición del fiscal en 2012 al magistrado Grande-Marlaska, que estimó que los mandos militares incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia", y pese a considerar la "fátiga y falta de preparación" de la tripulación como causa del siniestro, el juez archivó la causa abierta por presuntas irregularidades en la contratación de este avión Yak-42, considerando que no había "responsabilidad penalemente relevante" en ninguno de los implicados, tanto el exministro de Defensa como su cúpula por aquel entonces.

De hecho, la Audiencia Nacional estudió imputar al exministro de Defensa Federico Trillo pero, finalmente, no se le imputó en la causa. En 2008 Trillo sí fue llamado a declarar como testigo ante el juez y dijo que él "no tuvo ninguna responsabilidad" en la contratación del Yak-42.

Las víctimas: "¿Ahora quién va a pedir perdon?"

Tras hacerse público este dictamen por parte del diario El País, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yakolev 42 ha destacado el "respaldo moral" que supone este informe del Consejo del Estado.

Miguel Ángel Sencianes, presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas y hermano del sargento José Manuel Sencianes, de Zaragoza, fallecido en el accidente, ha pedido una reunión "inmediata" con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal y ha asegurado que este dictamen es "muy importante" para los familiares de las víctimas porque "es como decir que ahora tengo la verdad", ha dicho en declaraciones a Efe.

"Ahora hay que reparar el daño, no queremos hablar de indemnizaciones sino de perdón. ¿Quién lo va a pedir? y ¿quién va a asumir esta responsabilidad?", ha afirmado.

También ha anunciado que enviará al Ministerio de Defensa un burofax para poder reunirse con la ministra, a la que las víctimas quieren plantear todo lo que ha pasado durante estos trece años y para que el Ministerio les expliqué a su vez "cuál es su posición actual".

Además, "en cuanto se pueda", según ha avanzado, acudirán a los tribunales para reclamar no solo los contratos del aparato siniestrado, sino todos los anteriores firmados por Defensa.

Rajoy: "Ya está sustanciado judicialmente"

También ha habido reacción por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha asegurado que no ha "visto" el informe del Consejo de Estado, si bien ha recalcado que ese asunto "ya está sustanciado judicialmente", según informa Europa Press.

El presidente del Gobierno ha asegurado que no sabía que el Consejo de Estado había "sacado" un dictamen sobre el Yak-42 y que no lo había "visto" cuando varios medios le han preguntado durante su marcha matutina por Pontevedra, donde el jefe del Ejecutivo está pasando unos días de vacaciones.

"¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso. No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años", ha señalado.

La oposición exige el cese de Trillo como embajador en Londres

La oposición también ha reaccionado este martes tras hacerse público el informe del Consejo de Estado. PSOE, Podemos y Ciudadanos piden la comparecencia de la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el Congreso, así como el cese del exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Los socialistas exigen "el cese fulminante" del exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.

En un mensaje publicado a través de la red social Twitter, los socialistas han pedido que Trillo sea apartado de su cargo y, además, han pedido que los actuales ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, comparezcan también de manera "urgente" en el Congreso.

Además, el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, ha publicado también a través de la red social Twitter la petición de comparecencia "urgente" a Cospedal y Dastis en el Congreso.

El partido de Pablo Iglesias, Podemos, también a través de la red social Twitter, ha pedido la dimisión de Federico Trillo como embajador español en Londres.

Además, el propio Iglesias ha señalado que un Gobierno "a la altura de su gente" no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado.

Ciudadanos ha solicitado este martes la comparecencia en comisión parlamentaria de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y el cese de su predecesor en el cargo y actual embajador en Londres, Federico Trillo, según ha explicado el secretario general del grupo parlamentario naranja, Miguel Gutiérrez.

En declaraciones a Europa Press, Gutiérrez ha explicado que han pedido que Cospedal detalle en la Comisión de Defensa cómo piensa asumir el Gobierno la responsabilidad patrimonial que dicho informe atribuye al Estado.

"Y queremos exigir al Gobierno el cese del señor Trillo como embajador en Londres", ha añadido Gutiérrez, que considera "irrenunciable" esta demanda ya que el Consejo de Estado "habla de unas responsabilidades patrimoniales cuando él era ministro, quizá en dejación de las funciones que tenía encomendadas en la vigilancia del transporte y la seguridad" de los miembros de las Fuerzas Armadas.