Diez años después de la tragedia del Yak 42 los familiares no dan por cerrado el caso

• Se cumplen 10 años del accidente en el que murieron 62 militares españoles
• La causa por las irregularidades en la contratación del avión se archivó
• Hubo tres condenados por las identificaciones erróneas de los cuerpos
• Los familiares de las víctimas acudirán al Tribunal Europeo de Estrasburgo
• Insisten en que el accidente se pudo evitar y en responsabilizar a Defensa

"Han pasado diez años y la sensación sigue siendo la misma. Nos sentimos desprotegidos por la Justicia y el dolor no cesa porque fue una muerte evitable. Ese avión nunca debió volar y ni siquiera hay culpables".

Francisco José Cardona, que perdió a su hijo, se muestra triste e indignado a la vez al recordar el accidente del Yakovlev 42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 en Trebisonda (Turquía), y en el que murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles que regresaban de Afganistán.

Fue la peor tragedia sufrida por el Ejército español en tiempos de paz y los familiares denuncian que "nadie ha pagado por ello" en el décimo aniversario del accidente del avión ucraniano y después de tres procesos judiciales ya cerrados.

Al dolor por la pérdida de sus hijos, hermanos, maridos y padres, 30 familias sumaron además la indignación por la falsa identificación de los cuerpos, que consideró probada la Audiencia Nacional.  

"Les maltrataron y ultrajaron. Nosotros no merecíamos este trato pero mucho menos los militares muertos", asegura a RTVE.es el padre del sargento Cardona, quien achaca a la prisa por la celebración del funeral de Estado la "catastrófica identificación que realizaron". "Ni siquiera eran médicos forenses", denuncia.

Granada Ripollés perdió a su hermano, el comandante José Manuel Ripollés. En declaraciones a RTVE.es se pregunta por qué en España no se cancelaron los contratos con el Yak 42 "ante la falta de seguridad de este avión, tal y como hicieron, por ejemplo, en Noruega".

En relación a la identificación de los cuerpos habla de "trasvase de sacos sin mirar lo que había dentro" y puntualiza: "Por muy fuerte que suene, sí". "No tuvieron la delicadeza de comprobar alianzas de boda para ver si coincidian con sus datos", lamenta Ripollés. Y Cardona añade: "Había mucha prisa por traer los cuerpos de cualquier manera y enterrarlos".

Tres procesos judiciales cerrados en España

En total se llegaron a abrir tres procesos judiciales en España por el trágico accidente del Yak 42. La Audiencia Nacional abrió dos: uno por posibles irregularidades en la contratación del Yakovlev 42, que se archivó, y otro por las falsas identificaciones de los cadáveres de los militares, que condenó a tres mandos militares.

Hubo un tercero civil por el que la empresa alemana Chapman Freeborn, que junto con la ucraniana UM Air organizó el vuelo, fue condenada al pago de una indemnización de seis millones de euros a las familias. Aún no han recibido un solo euro.

En febrero de 2012 el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska archivó la causa de las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, desoyendo la petición del fiscal, que estimó que los mandos militares incurrieron en una "imprudencia grave" y una "absoluta falta de diligencia, pese a conocer las enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban este tipo de vuelos".

La Audiencia Nacional consideró la "fátiga y la falta de preparación" de la tripulación como causa del accidente y el Tribunal Constitucional avaló esta decisión judicial.

En esta causa estaba imputada la cúpula militar del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo: el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Moreno; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta; el jefe de la División de Operaciones, José Antonio Martínez; los coronales Joaquín Yáñez y Abraham Ruíz; y el teniente coronel Alfonso Elías. El juez consideró que no había "responsabilidad penalemente relevante" en ninguno de ellos.

La Audiencia Nacional estudió imputar al exministro de Defensa, pero finalmente no se le imputó en la causa. En 2008 Trillo sí fue llamado a declarar como testigo ante el juez y dijo que él no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación del Yak 42. Por escrito declaró que tras el accidente puso su cargo a disposición del entonces presidente José María Aznar y que éste no lo aceptó porque consideró que Trillo no tenía competencias.

El exministro de Defensa José Bono también declaró ante Grande-Marlaska. Dijo que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias para volar y que "probablemente" Trillo debía conocer alguna de las 18 quejas sobre la seguridad de los vuelos contratados para el traslado de tropas.

Penas de cárcel para el general Navarro y dos comandantes

El segundo proceso, el de las irregularidades en las identificaciones, finalizó en 2009 con la condena de tres años de cárcel al general Vicente Navarro, a quién Trillo encargó la repatriación de los cadáveres; y dos años de cárcel para los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez.

El primero falleció y nunca fue a la cárcel y los otros dos condenados no entraron en prisión al ser la pena inferior a los dos años. Además, en 2012 estos dos comandantes recibieron un indulto parcial por el año de inhabilitación impuesto, que indignó a las familias de los soldados muertos.

Tras esta sentencia, Trillo señaló que no supo de las identificaciones erróneas hasta meses después del accidente y dijo que los responsables "obraron de buena fe". En ese momento el exministro era portavoz de Justicia del PP y propuso de nuevo su dimisión pero el presidente del PP, Mariano Rajoy, no la aceptó.

"En España nos han cerrado las puertas. Vamos a Estrasburgo"

Desde la Asociación de Víctimas de Familiares del Yak 42 denuncian que no se haya celebrado un juicio por las irregularidades en el vuelo y la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la contratación de ese avión. RTVE.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, que ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto.

Los familiares no se dan por satisfechos con las condenas por las falsas identificaciones porque el origen de la tragedia fue "la inseguridad de un avión que Defensa nunca debió contratar".

"Los propios militares se habían quejado del estado de las aeronaves en las que viajaban. Les daba miedo volar así. Y había preguntas parlamentarias previas al accidente pidiendo explicaciones", ha manifestado a RTVE.es el presidente de la asociación, Miguel Angel Sencianes, quien añade que los indicios de que el accidente pudo evitarse son "claros" .

"El avión era inseguro, las cajas negras y el detector de fuel no funcionaba, se juntaba la carga con el pasaje y la tripulación no tenía la formación suficiente y llevaba 24 horas de vuelo sin descansar", ha explicado Sencianes. También denuncia que "nunca aparecieron los contratos del vuelo" para su aportación al proceso judicial.

Los familiares lo tienen claro: una vez que "las puertas de la Justicia" se han cerrado en España, acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. También están dispuestos a abrir un proceso judicial en Alemania para que la empresa Chapman Freeborn pague las indemnizaciones.

Sencianes, que perdió a su hermano José Manuel, dice que seguirán luchando "porque tenemos que ser fieles a los nuestros, pero también a los valores militares que defendían: la verdad, la honradez y el cumplimiento de la obligación".

Y añade: "A algunas familias nos han llegado a decir que nuestros muertos no estarían conformes con lo que estamos haciendo. Daban por hecho que también callaríamos y que taparíamos la verdad pero no es así, nuestros militares estarían muy orgullosos de defender unos valores que la cúpula militar no ha defendido".

La hermana del comandante Ripollés solo pide "justicia para poder resolver el duelo".