Enlaces accesibilidad

El Gobierno colombiano y las FARC acuerdan un mecanismo para dar seguridad jurídica al acuerdo de paz

  • El acuerdo de paz necesita "medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo", señalan
  • Pretende garantizar su cumplimiento en base al derecho nacional e internacional
  • Habrá un mecanismo de "refrendación popular" para dar voz a los ciudadanos

Por
Negociadores del gobierno colombiano y de las FARC anuncian el acuerdo
Negociadores del gobierno colombiano y de las FARC anuncian el acuerdo

Los negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han anunciado este jueves en La Habana, durante las negociaciones que mantienen en la capital cubana, un mecanismo para dar seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.

"Se trata de una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios que en su conjunto constituyen una ruta expedita y segura para cumplir" con esos objetivos, según el texto del acuerdo dado a conocer por los negociadores.

El futuro texto de paz tendrá la consideración de "Acuerdo Especial" y pasará a formar parte del llamado "bloque de constitucionalidad" colombiano "en sentido estricto y con carácter transitorio", ha indicado el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle.

La consideración de "acuerdo especial" se realiza en base a los Convenios de Ginebra y éste se incorporará al derecho interno por medio de un acto legislativo, que se tramitará como una ley ordinaria, se debatirá en comisiones constitucionales conjuntas en Congreso y Senado, así como en los plenos de las dos cámaras.

Según lo acordado, el Gobierno de Colombia planteará ante las cámaras legislativas, antes del próximo 18 de mayo, la tramitación del mecanismo acordado este jueves, incluida una propuesta de artículo transitorio dentro de la Constitución que supone el desarrollo del derecho a la paz.

Un "acuerdo político" que tendrá "refrendación popular"

De la Calle ha explicado que el acuerdo de paz es un "acuerdo político", fruto de una negociación entre un Gobierno y una guerrilla, por lo que "requiere medidas adicionales para darle solidez y estabilidad en el tiempo", así como garantías para su cumplimiento.

"Lo hemos conseguido utilizando herramientas de derecho internacional pero aplicando procedimientos internos propios del Estado de Derecho", ha subrayado el jefe negociador del Gobierno.

Las partes han anunciado que el acuerdo final se entregará al Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra sobre derecho humanitario; y que una vez se firme la paz, habrá una declaración presidencial ante el Secretario General de Naciones Unidas para que ese organismo ampare el acuerdo de paz.

Además de apoyarse en el marco del derecho internacional, De la Calle ha aclarado que, entre estas medidas de seguridad jurídica de la paz, habrá un mecanismo de "refrendación popular", aunque aún no ha sido pactado en la mesa de La Habana.

"El Gobierno mantiene su promesa de que los ciudadanos tendrán la última palabra. El jefe de la delegación de las FARC hace pocos días abrió la puerta a una consulta popular (...) Lo reafirmamos, habrá un mecanismo que garantice que los colombianos tomen sus decisiones en conciencia sobre lo pactado", ha señalado.

El jefe de la delegación gubernamental ha indicado que la mesa de negociaciones trabaja también en estos momentos en "fórmulas para un cese el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, las zonas de ubicación transitoria de la guerrilla, y el sistema de garantías para quienes dejen las armas y el pueblo colombiano".