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Portugal sube las pensiones mínimas y recupera algunas ayudas sociales

  • Habrá mejoras para dos millones de pensionistas que ganan menos de 629 euros
  • Tendrá un coste de 173 millones en 2016, el 0,1% del producto interior bruto
  • El Gobierno anuncia la retirada de un impuesto extraordinario sobre las nóminas

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Una pareja pasea en Lisboa
Una pareja pasea en Lisboa. Getty Images

El Gobierno socialista de Portugal ha anunciado la mejora y actualización de las pensiones y las ayudas sociales, que se recortaron o congelaron entre 2011 y 2014, lo que tendrá un coste de 173 millones de euros en 2016, equivalente al 0,1% del producto interior bruto.

Al término del Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, José Antonio Vieira da Silva, ha estimado que casi la mitad de los 173 millones corresponden al leve aumento de la mayoría de las pensiones.

Habrá mejoras de pensiones para unos dos millones de portugueses, los que ganen menos de 629 euros al mes. Según cálculos efectuados por algunos medios portugueses, las pensiones tendrán así una subida máxima de unos 2,5 euros mensuales (equivalente a la tasa de inflación del 0,4% de noviembre).

La reposición de las ayudas sociales para quienes tienen salarios muy bajos costará 50 millones; 37 millones se corresponderán a la ampliación de la ayuda a las familias; y 6 millones irán para las ayudas a los ancianos con pocos recursos económicos.

Con estas medidas de recuperación de renta de las familias "se beneficiarán 440.000 portugueses, por reponer los auxilios sociales, y más de 1,1 millones de niños por el aumento de las ayudas a las familias", ha dicho Vieira da Silva.

El Gobierno socialista, que cuenta con el apoyo de la izquierda radical en el Parlamento, también ha anunciado que retirará a la mayoría de los trabajadores un impuesto extraordinario sobre las nóminas aplicado por el anterior Ejecutivo conservador, como medida para sanear las cuentas públicas debido al rescate financiero.

No obstante, todas estas iniciativas deben ser aprobadas por el Parlamento y, en caso de que lo sean como se espera, tendrán que ser sancionas por el presidente luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, para que entren en vigor.

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