El PSOE quiere incluir en la Constitución el derecho a una renta mínima en situación extrema

• Es una de las propuestas de reforma de la Carta Magna
• También consolidar la laicidad y dotar de contenido el derecho a la vivienda
• Sánchez presentará este miércoles el documento de reforma

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un desayuno informativo.

El PSOE quiere introducir en la Constitución el derecho a recibir un "ingreso mínimo vital" para personas en "situaciones de carencia efectiva" y dotar de contenido al derecho a la vivienda, con "obligaciones concretas para los poderes públicos". Además, propone "actualizar y consolidar el principio de laicidad" e incluir el llamado 'derecho al olvido'.

Estas son algunas de las propuestas concretas que recoge la propuesta de reforma de la Carta Magna que aprobará este miércoles el PSOE y que presentará su secretario general y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión del Consejo de Política Federal, que preside la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz.

Sánchez ya anunció en julio que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, pondrá en marcha un "ingreso mínimo vital" para personas en situación de pobreza de 426 euros al mes.

El ingreso mínimo vital es una de las principales medidas del programa electoral del PSOE, dirigida a hogares en situación de pobreza, que no supone una renta básica con carácter general, como en su día planteó Podemos.

En el documento de reforma constitucional, al que han tenido acceso Europa Press y la Agencia Efe, los socialistas defienden la necesidad de "remodelar" el Estado para dar respuesta a los problemas de la España del siglo XXI.

Aseguran que su oferta está "abierta" al resto de formaciones políticas, porque creen que "sólo tendrá sentido y podrá salir adelante si es fruto del pacto", pero defienden que una victoria del PSOE es lo único que garantiza que se abrirá "una nueva etapa reformista bajo la premisa del diálogo y el consenso".

Cinco grandes ejes

La propuesta que los socialistas presentarán a los ciudadanos está organizada en grandes ejes en torno a la justicia social; derechos y libertades; calidad democrática y de las instituciones; la reforma de la estructura territorial y la vocación europea e iberoamericana de España.

Para fortalecer el Estado social, los socialistas incluyen su compromiso de reformar el artículo 135 de la Constitución, para que el respeto al principio de estabilidad presupuestaria permita "un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales". Este artículo ya fue reformado en el año 2011 para que el déficit público se limitara al 0,4%.

En la propuesta de revisión de la Carta Magna, el PSOE también aboga por mejorar el reconocimiento del derecho al trabajo, incorporando una referencia expresa "al derecho a la tutela judicial en caso de despido injustificado y al derecho a la seguridad, salud y dignidad" en el empleo.

También propone reconocer como derechos fundamentales los derechos a la protección de la salud y a la protección por la Seguridad Social ante situaciones de necesidad previstas en la ley, incluyendo "el reconocimiento del derecho a una renta o ingreso mínimo vital ante situaciones de carencia efectiva para el mantenimiento de una vida digna".

Asimismo, defienden la necesidad de actualizar y consolidar el principio de laicidad, incluyendo el sometimiento de los representantes públicos al principio de neutralidad religiosa en sus actuaciones.

En materia de calidad democrática, aboga por limitar el aforamiento de parlamentarios y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo y apuesta por suprimir la inmunidad parlamentaria. También quieren introducir el desbloqueo de las listas e incrementar la proporcionalidad del sistema electoral para el Congreso.

El PSOE quiere asimismo fortalecer la actuación "imparcial e independiente" de los órganos constitucionales y organismos reguladores modificando el sistema de elección de sus consejeros para que prime el mérito y no los intereses partidistas.

La reforma del PSOE plantea mantener "la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la unificación de doctrina", mientras que a los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos les correspondería "la culminación ordinaria de la resolución de los recursos judiciales".