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El Constitucional revisa el recurso del PP contra la ley del aborto desde hace más de cuatro años

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Imagen del edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid.
Imagen del edificio del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

La decisión hecha pública este martes por Mariano Rajoy de abandonar la reforma de la ley del aborto, que el Gobierno llevaba impulsando desde diciembre de 2013, ha hecho que ahora se vuelva a la casilla de salida, la ley del aborto de 2010, conocida también como ley Aído, una ley de plazos que el PP había recurrido ante el Tribunal Constitucional en junio de 2010 y cuyo dictamen está empantanado desde entonces.

Más de cuatro años después, el Gobierno del PP ha anunciado que retira la reforma de la ley y su principal impulsor, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que dimite.

El texto del PP contra la Ley de Reproducción Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue presentado ante el Alto Tribunal con la firma del líder del PP y ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la actual vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, entre los diputados que respaldaban esta iniciativa.

La norma, que salió aprobada en las Cortes en febrero de 2010, tuvo siempre en contra al Grupo Parlamentario Popular, que finalmente presentó el recurso en el que, además de impugnar la norma, solicitaba al Constitucional la paralización de la ley. No obstante, el 14 de julio, el TC rechazó la petición de suspender su aplicación.

Recurso del PP y del Gobierno de Navarra

La presentación del recurso de los populares ante el TC fue realizada por parte del entonces diputado del PP por Alicante y portavoz de Justicia de los populares, Federico Trillo; la actual secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo; y el exdiputado Santiago Cervera.

Durante su registro ante el Tribunal, que lo admitió a trámite el 30 de junio de 2010, Trillo ya avanzó que la reforma habría de llevarla al programa electoral de cara a las próximas elecciones generales.

Junto con el PP, el Gobierno de Navarra y el Centro Jurídico Tomás Moro también presentaron sendos recursos contra la norma que entró en vigor el 5 de julio de 2010.

Manifestación contra la ley

La ley socialista provocó la convocatoria de una gran manifestación por las calles de Madrid, promovida por colectivos antiabortistas y alentada por el Partido Popular y la Conferencia Episcopal.

Aunque Rajoy no acudió en su momento aludiendo motivos de agenda, sí lo hicieron varios dirigentes populares, algunos de los cuales tienen en la actualidad cargos en el Ejecutivo central.

En concreto, a la marcha de octubre de 2010 fueron, entre otros, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal; la entonces vicesecretaria general de Organización y Electoral y ahora ministra de Sanidad, Ana Mato; la que fuera coordinadora de Participación Social y ahora ministra de Fomento, Ana Pastor; el exportavoz en el Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja; el ex vicepresidente tercero del Congreso y ahora ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exalcalde de Madrid José María Alvarez del Manzano y el expresidente del Gobierno José María Aznar.

De una ley de plazos a la de supuestos y vuelta al principio

La ley de plazos de 2010 permite el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la madre o malformación del feto. También permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin el permiso de sus padres.

El anteproyecto de reforma encargado desde el Gobierno para que se impulsara desde el Ministerio de Justicia es, en cambio, una ley de supuestos que limita a dos los casos en los que se podrá abortar: violación en las 12 primeras semanas y riesgo para la salud física y psíquica de la madre dentro de las 22.

Es decir, el anteproyecto defendido por Gallardón eliminaba las malformaciones del feto como supuesto y exigía un informe de dos médicos distintos (en vez de uno) para demostrar que el riesgo para la mujer supone un "menoscabo importante y duradero" para su salud.

Estas cuestiones, que endurecen los supuestos para abortar a un punto más restrictivo que la legislación que había en España en 1985, provocaron una gran contestación social y política, tanto en España como en el resto de Europa, donde mayoritariamente se opta por leyes de plazos para regular el aborto.

Finalmente, tras constatar el Gobierno a lo largo de este 2014 que el consenso no iba a ser posible en un tema "que genera división en mucha gente", Rajoy ha decidido abandonar esta reforma que llevaba en su programa electoral en 2011 y en su lugar se ha comprometido a que habrá una modificación de la normativa para obligar al consentimiento paterno para las menores de 18 años para interrumpir su embarazo.

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