La juez de los ERE retira la principal imputación al exviceconsejero de Economía José de Haro
- No le ha acusado al final de "coordinar e impulsar" la política presupuestaria
- José de Haro se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez
La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha retirado este miércoles la principal imputación que pesaba sobre el exviceconsejero andaluz de Economía José de Haro, ya que no le ha acusado de "coordinar e impulsar" la política presupuestaria andaluza.
De Haro, que estaba citado como imputado, se ha acogido a su derecho a no declarar pero ha presentado un escrito en el que afirma que Alaya ya no es competente para seguir instruyendo la causa, dada la presencia de aforados, por lo que su citación es "nula y desconoce su derecho al juez predeterminado por la ley".
Al comienzo de su comparecencia, la juez ha advertido de que se ha producido una modificación en los hechos que imputa al ex alto cargo, ya que entre 2004 y 2009, cuando él fue secretario general de Hacienda, las competencias de coordinación de la política presupuestaria recayeron en el viceconsejero del ramo.
Por tanto la única imputación contra De Haro ha consistido en la aprobación de una encomienda de gestión cuando a continuación fue viceconsejero de Economía.
Al término de su comparecencia, ni la Fiscalía ni las demás acusaciones han pedido ninguna medida civil contra el exviceconsejero.
Alaya "ya no es competente" en la instrucción
El imputado ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar porque considera que el Juzgado de Mercedes Alaya "ya no es competente" y cree que la juez instructora comparte esta opinión, "al dictar la resolución del pasado 25 de julio de 2014, del mismo modo que vienen entendiéndolo la Fiscalía y mi defensa".
De Haro se ha referido así a la providencia en la que Alaya solicitó al Ministerio Público que informara sobre qué tribunal es competente para seguir investigando a los aforados 'preimputados' en la causa, como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros.
Al hilo de ello, el exviceconsejero considera que su derecho de defensa "sólo se salvaguarda" prestando declaración ante el órgano judicial "que es competente", y que, de proseguir la presente actuación judicial, "no sólo sería nula, sino que se desconocería gravemente" su "derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley".
Asegura desconocer los hechos que se le imputan
De otra parte, el imputado ha asegurado desconocer hasta los hechos que se le imputan. Así, asegura que fue citado el pasado 23 de julio para prestar declaración, "sin que en la citación se hiciera mención a ningún hecho, lo que me ha impedido conocer los hechos que se me atribuyen y, con ello, articular mi derecho de defensa, lo que indudablemente me causa una manifiesta indefensión".
El abogado del imputado, José María Mohedano, ha informado a los periodistas de que la juez ha modificado el auto inicial de imputación y ha retirado la parte donde ponía de manifiesto que, como secretario general de Hacienda entre abril de 2004 y 2009, "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".
Con ello, y según Mohedano, "si eran endebles los indicios, ya se han disuelto como un azucarillo", pues esta modificación "es sustancial y lo deja al margen de toda función en la política presupuestaria".
La magistrada también ha citado este miércoles a la sindicalista de UGT-A Blanca Uruñuela como firmante en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis, y a dos imputados relacionados con la empresa malagueña A Novo Comlink, como son José F. Pardo Fernández, alto directivo, consejero y representante e "interlocutor" de la empresa con la Consejería de Empleo, y Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa.
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