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El 'caso Malaya', la operación más importante en España contra la corrupción urbanística

  • Marbella protagonizó la mayor trama de corrupción municipal de la historia
  • La investigación provocó la primera disolución de un ayuntamiento en España
  • El caso Malaya llevó al banquillo a políticos, abogados y empresarios
  • Cientos de miles de folios de sumario en un caso que arrancó en 2006

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Caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística de España

La sentencia del caso Malaya, dada a conocer el viernes 4 de octubre de 2013, pone fin al macrojuicio por excelencia de la historia judicial española -solo el caso de los ERE ha tenido más imputados-, un proceso histórico en nuestro país, ya que su investigación desembocó en la primera disolución de un Ayuntamiento en la historia de nuestra democracia y puso en el juzgado el mayor caso de corrupción urbanística municipal en España.

Todas las cifras en torno a este proceso han sido descomunales. Desde el número de los imputados, 95, a las penas que se solicitan, que para el presunto "cerebro", Juan Antonio Roca, asciende a 30 años de cárcel.

En consonancia con la magnitud del delito, 2.400 millones de euros blanqueados, el sumario ocupó más de 200.000 folios, la sentencia ha necesitado 5.000 -solo la resolución final ocupa 150 folios- y a lo largo de su dilatada historia se convirtió en un espectáculo mediático a la estela de sus imputados, varios de los cuales eran y aún son protagonistas de la crónica social.

Entre los 95 imputados, destacan el considerado cerebro de la trama y ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Antonio Roca, que es el único que permanece en prisión, y los ex alcaldes de Marbella, Julián Múñoz (en la cárcel, pero por otros casos de corrupción) y Marisol Yagüe.

¿Cómo empezó todo? A raíz de la operación Ballena Blanca, que investigaba la mayor red de blanqueo de dinero del país, se interceptaron unas conversaciones telefónicas relacionadas con casos de corrupción urbanística en la Costa del Sol.

Pero el pistoletazo de salida formal llegó con la denuncia de un funcionario, Jorge González, apartado de sus funciones en el servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, que testificó sobre unas irregularidades en las obras de un hotel.

Operación policial en tres fases

Arrancaba así la investigación del caso Malaya en marzo de 2005, cuyas primeras detenciones no llegaron hasta marzo de 2006. Era el comienzo de una operación en tres fases y 20 meses de duración, hasta que el juez Miguel Ángel Torres cerró la instrucción en julio de 2007 con el procesamiento de 86 personas, entre ellas 20 exediles del ayuntamiento costasoleño.

Durante la primera fase, que comenzó el 29 de marzo de 2006, las Fuerzas de Seguridad detuvieron a 28 personas, entre ellas a Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella desde 2003; a la teniente de alcalde, Isabel García Marcos; y al asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

Ostentosas propiedades en los registros, incluido un Miró colgado en un cuarto de baño de la casa de Roca

La operación se llevó a cabo en Málaga, Madrid, Murcia, Huelga y Cádiz y en ella se bloquearon más de 1.000 cuentas bancarias y se efectuaron 17 registros.

En ellos se intervinieron 1.000 pisos en Murcia, dos hoteles, fincas, dos helicópteros, 60 caballos de pura raza y obras de arte, entre otras pertenencias de los detenidos. De hecho, una de las imágenes de esta operación fue un cuadro de Joan Miró que colgaba en la pared de un cuarto de baño en la lujosa casa de Juan Antonio Roca.

Las obras de arte de Roca

La documentación incautada en los registros facilitó el desarrollo de una segunda fase que se saldó con detención de 32 personas en junio de 2006. Entre ellos había 13 exconcejales de Marbella, 15 constructores y empresarios.

Poco después, el 19 de julio fueron arrestadas otras personas. Fue el turno entonces del exalcalde Julián Muñoz y exsecretario del Partido Andalucista de Málaga y exconcejal, Pedro Pérez.

La tercera fase comenzó el 14 de noviembre de 2006 cuando fueron arrestadas la exesposa de Julián Muñoz, Maite Zaldívar y el promotor inmobiliario José María González de Caldas, presidente del Sevilla CF.

Tres fases de detenciones, y la más sonada fue la de la cantante Isabel Pantoja en 2007

Ya en 2007 la Policía detuvo a la esposa de Roca, María Rosa Jiménez; su hija, María Roca; su cuñado, Antonio Jimeno y la ciudadana sueca Karen Marika, por vender presuntamente lotería premiada para blanquear dinero.

El 1 de mayo fue detenido el ex primer teniente de alcalde de Marbella Pedro Román, "mano derecha" de Jesús Gil entre 1991 y 1998, y su hija Pilar Román.

Pero la detención que más revuelo causó tuvo lugar al día siguiente, cuando la cantante Isabel Pantoja fue detenida en su domicilio de Marbella acusada de varios delitos contra la hacienda pública y de blanqueo de capitales. La artista, pareja del alcalde Julián Muñoz, fue puesta en libertad con cargos un día después tras pagar una fianza de 90.000 euros.

No tan grande como para no ser juzgado

El juez instructor, Miguel Ángel Torres -que se llevó la sorpresa de que un colega suyo, el juez Francisco Javier de Urquía, había recibido presuntos sobornos de Roca- prolongó su estancia en los juzgados de Marbella durante dos años para seguir la investigación, para pasar en 2007 el testigo al juez Óscar Pérez.

Pero fue al final el magistrado presidente del caso Malaya, José Godino, el que tuvo la capacidad organizativa de poner en marcha una operación desmesurada de la que se desprendía una cascada de causas y casos, cuya documentación precisó de un búnker bien custodiado en la Ciudad de la Justicia de Málaga y hubo que habilitar una macrosala para un macrojuicio en el que se apelotonaban, entre otros, un centenar de abogados y tres de periodistas.

La ingente documentación precisó de un búnker en la Ciudad de la Justicia de Málaga

El caso llegó a juicio el 27 de septiembre de 2010 con cifras desbordantes: 95 imputados -rebajado luego a 86 acusados-, un centenar de abogados, 196 tomos de sumario y más de un millón de documentos. Se procesó a una veintena de testaferros y 29 empresarios, 20 exconcejales -llegaron a estar implicados 17 de los 27 concejales de Marbella-.

Las cifras del proceso del Caso Malaya

El juicio necesitó de 199 sesiones, en las que declararon unos 400 testigos y peritos. Tres exalcaldes, concejales, empresarios -vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol- y abogados son los protagonistas, y muchas alusiones al fallecido Jesús Gil, alcalde de Marbella entre 1991 y 2002.

Y de esta gota malaya salieron poco a poco otras investigaciones que dieron origen a un total de 30 procedimientos, como el caso Blanqueo, el caso Saqueo, en dos partes, el caso Minutas, el caso Pantoja, todos alrededor de la gestión de un ayuntamiento, el de Marbella, anegado por la corrupción y el blanqueo de capitales.

La "estructura criminal" de la corrupción en Marbella

Según relataba el auto de procesamiento de julio de 2007, Roca encabezó "una estructura criminal" con el objetivo de conseguir el "control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos".

El exasesor del Ayuntamiento marbellí, considerado un alcalde en la sombra, manejó durante años a su antojo a concejales para conseguir elevadas comisiones ilegales de constructores a cambio de licencias y permisos urbanísticos. El dinero conseguido mediante los sobornos sistemáticos era repartido luego entre "sus colaboradores".

El resultado fue una "alteración total de la realidad urbanística" de Marbella, según la acusación pública, y una trama que se extendía a otras provincias andaluzas, a Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid.

La trama urbanística habría defraudado 460 millones a las arcas de Marbella

La trama urbanística destapada en Marbella habría defraudado a las arcas municipales hasta 460 millones de euros. Una cantidad que habría dejado de percibir el Ayuntamiento por la actuación de los imputados. Esta cifra es la equivalente a la deuda acumulada por Jesús Gil durante los 15 años que estuvo de alcalde en la localidad marbellí.

Cuando el Gobierno tomó cartas en el asunto, disolvió el Ayuntamiento y creó en su lugar una comisión gestora, el abogado Diego Martín Reyes, su presidente, se encontró un Ayuntamiento un ayuntamiento en quiebra, con unos ingresos corrientes de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones, con una plantilla "sobredimensionada" y una cúpula "inexistente".

Seis años después, el 30 de julio de 2012, el caso quedó visto para sentencia, pero han hecho falta 14 meses más para que el tribunal, formado por José Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald, redacte y pula el texto definitivo contra la mayor trama de corrupción conocida en España.

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