La policía custodia a los mineros detenidos tras el enfrentamiento que acabó con la vida de 34 de sus compañeros.AFP
Los 270 mineros sudafricanos que fueron arrestados el pasado 16 de agosto por el tiroteo policial en Marikana han sido formalmente acusados del asesinato de sus 34 compañeros muertos pese a que estos murieron a manos de los agentes.
"El tribunal ha inculpado a todos los mineros por asesinato, conforma a la ley", ha indicado el portavoz de la Fiscalía, Frank Lesenyego, que ha reconocido que entre esos 270 se encuentran mineros que estaban desarmados o que se encontraban en la parte trasera de la multitud, que no llegó a participar en los disturbios.
La cláusula legal, conocida como "propósito común", prevé que sean inculpadas todas las personas arrestadas en el lugar de un tiroteo en el que esté implicada la policía, sean las víctimas policías o no.
Seis de los 270 mineros siguen en el hospital tras resultar heridos en el tiroteo de la minda propiedad de Lonmin, el mayor productor de platino del mundo, en la provincia sudafricana del noroeste.
Los otros han comparecido ante los magistrados del tribunal de Ga Rankuwa, cerca de la capital, Pretoria, donde han sido inculpados. Su petición de libertad bajo fianza ha sido denegada y otra vista se ha convocado para el próximo 6 de septiembre.
Alrededor de un centenar de personas ha protestado en las inmediaciones del tribunal pidiendo la liberación inmediata de los mineros, según la BBC.
El antiguo líder de la liga juvenil del dirigente Congreso Nacional Africano (CNA), Julius Malema, enfrentado a los dirigentes del partido, ha asistido a la vista que ha denunciado lo ocurrido como una "locura" y ha recordado que los policías que dispararon y mataron a los 34 mineros no están inculpados ni están en la cárcel.
Por su parte, los policías no han sido acusados aún de nada debido a que hay una comisión de investigación abierta que está estudiando si actuó correctamente.
Esta comisión y la investigación interna de la policía tardarña varios meses en completarse, aunque los agentes aseguran que empezaron a disparar tras ser amanezados con machetes por un grupo considerable de mineros.
Diez personas, incluyendo dos agentes de policía y dos guardias de seguridad, murieron durante las protestas antes del tiroteo policial.
Esta decisión ser explosiva políticamente teniendo en cuenta que la claúsula de "propósito común" era la usada por la Sudáfrica del apartheid para condenar los manifestantes negros que protestaban contra el régimen de supremacía blanca.
De hecho, el gobernante Congreso Nacional Africano se opuso radicalmente a esta claúsula durante el apartheid pero tras llegar al poder la ha mantenido.
Ahora los críticos del CNA le acusan de estar aplicando la misma política que en el apartheid, convirtiendo a las víctimas en verdugos.
El gobierno ya ha sido muy criticado por el tiroteo, calificado como "la masacre de Marikana" y comparado a las atrocidades cometidas por la policía en la era del apartheid.
Aunque la fiscalía es un órgano oficialmente independiente la mayoría de los sudafricanos consideran que tienen lazos estrechos con el CNA y su decisión es probable que suponga más rechazo popular para el gobierno del presidente, Jakob Zuma.
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