Fotografía del hasta ahora defensor del menor de la comunidad de Madrid, Arturo Canaldartve
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid ha pedido a las autoridades que tomen medidas "contundentes" para evitar que sigan aumentado de forma "alarmante" los casos de riesgo de pobreza, que afectan directamente a los menores en su entorno familiar, recomendando que se incida en la orientación para el empleo.
Arturo Canalda ha defendido este jueves el informe del Defensor del Menor correspondiente a 2011, que a su vez será el último ya que se suprime este puesto a causa de los ajustes tomados por el Gobierno de la comunidad de Madrid liderado por Esperanza Aguirre y a pesar de que el propio afectado ha calificado esta institución como "un referente nacional e internacional en la difícil tarea de la lucha por los derechos de los más indefensos".
El Defensor ha alertado de que a lo largo de la crisis económica los parámetros para definir el concepto de riesgo de pobreza y exclusión social han cambiado, y además de la renta ahora se tienen en cuenta la privación material severa y la estabilidad en el empleo.
A este respecto, la situación "de deriva" de muchas familias en situación de paro de larga duración o de trabajo inestable está repercutiendo en los menores, por lo que ha considerado que la orientación para el empleo debe constituir la base de toda recomendación para prevenir la pobreza y la exclusión.
El aumento "alarmante" del porcentaje de casos de riesgo de pobreza, y de familias que han ocupado edificios abandonados o en mal estado requiere, ha dicho, "actuaciones contundentes" por parte de los poderes públicos.
Otro de los aspectos a combatir, ha continuado, es la mendicidad de menores, y para ello ha subrayado que es imprescindible garantizar la efectiva escolarización de los niños, puesto que el abandono prematuro de los estudios en determinados ambientes puede favorecer la práctica de la mendicidad.
Caso particularmente destacado es el de los poblados chabolistas, como la Cañada Real o el Gallinero, para lo que Canalda ha demandado a todas las administraciones -Comunidad y ayuntamientos- que se impliquen más en su solución.
"Es imprescindible una actuación integral y combinada", ha insistido, para que la labor sobre estos poblados "no se quiebre ni se relaje", y para conseguirlo ha instado a que se unifiquen protocolos de actuación y prevención.
En este texto también se recomienda a los padres y educadores que se impliquen más en la prevención del "ciberacoso", cuestión que suscitó el año pasado más quejas que en ejercicios precedentes. De hecho, en 2011, se tramitaron 1.864 expedientes por posibles vulneraciones de derechos de la infancia, la mayoría (47%) por cuestiones relativas a la integración social y la protección jurídica de los menores, pero también por temas de educación y cultura (otro 37% de los expedientes), salud (6,4%), tecnologías de la información y la comunicación (6%) y funcionamiento de las administraciones (2,3%).
En cuanto a las motivaciones de apertura de estos expedientes, Arturo Canalda ha destacado los conflictos familiares. Junto a la búsqueda de fórmulas para agilizar la ayuda ante situaciones de maltrato familiar, el Defensor ha abogado por trabajar para que los niños no se conviertan en "arma arrojadiza" entre los padres, sobre todo en procesos de separación.
También ha recomendado que se cree una jurisdicción especializada en la familia, unificando los criterios a nivel estatal para abordar conflictos surgidos de situaciones como el cumplimiento del régimen de visitas o el pago de pensiones, problemas que repercuten directamente en los niños.
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