El Congreso ha aprobado el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria que prohíbe los déficits públicos a partir de 2020 con el voto en contra del PSOE, pese a que se trata de la norma que desarrolla la reforma constitucional que pactó el verano pasado con el PP.
Tras una jornada de múltiples negociaciones que se han prolongado hasta el último momento, el texto ha salido adelante con 192 votos a favor (PP, CiU y UPyD), 116 en contra y cuatro abstenciones, un resultado que el Gobierno ha considerado “espléndido”.
El grupo socialista ha votado en contra porque el Gobierno ha optado finalmente por incluir el denominado déficit 0 en la norma, que también establece la “prioridad absoluta de pago de la deuda pública” frente a cualquier otro gasto. En agosto pasado pactó con el PP que ese déficit sería del 0,4% del producto interior bruto o el que marcase el pacto de la UE; y este ha sido fijado recientemente en el 0,5%.
España hará un esfuerzo superior a lo que marca la UE
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que España hará así “un esfuerzo superior a lo que marca la UE”. No obstante, el director de la oficina económica de La Moncloa, Álvaro Nadal, que ha comparecido junto al ministro tras la aprobación del proyecto de ley orgánica, ha justificado la prohibición total del déficit porque el texto del llamado Pacto Fiscal comunitario [ver .pdf] se refiere antes que al 0,5% al “objetivo nacional específico a medio plazo”, y según él, el Gobierno anterior, como el actual, marcó en este caso el objetivo en el 0%.
Por su parte, CiU ha votado a favor tras haber conseguido que el plazo para reducir el endeudamiento acumulado de las comunidades autónomas pase de ocho a veinte años. UPyD también ha apoyado la norma, mientras el PNV, que amenazó con votar en contra, se ha abstenido después de que el PP aceptara una enmienda para que se respete el concierto económico vasco y el fuero navarro.
Los partidos minoritarios de izquierda rechazaban frontalmente la reforma porque considerar que con la ortodoxia liberal que se aplica se limita la posibilidad de recuperación económica y se pone en grave peligro el estado del bienestar, con recortes de gasto en educación o sanidad como los planteados los últimos días.
Con la reforma, el Ejecutivo quiere lanzar un mensaje claro a los acreedores de España y a los mercados de su compromiso con la reducción del déficit.
Tras su aprobación, el texto se remitirá al Senado, y en caso de que este apruebe cambios, la normativa podría entrar en vigor a principios de mayo. La norma incluye también mecanismos de control reforzado y graves sanciones para las administraciones, especialmente las comunidades autónomas, que incumplan sus objetivos.
En esencia, traslada el mismo esquema que la UE aplica con los Estados miembros al marco español.
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