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Las operadoras británicas pierden la apelación contra la ley anti-P2P

  • Tendrán que enviar avisos a los usuarios que descarguen contenidos protegidos

  • También llegarán a la desconexión de los usuarios infractores

  • BT y TalkTalk habían apelado la Ley británica

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Los proveedores de servicios BT y TalkTalk han perdido la apelación ante en Tribunal británico contra las polémicas medidas antipiratería puestas en marcha en el Reino Unido, según informa la BBC.

Las operadoras argumentaban que la Ley de Economía Digital británica era incompatible con la legislación europea, pero su alegación ha sido desestimada en los tribunales.

Los magistrados del Tribunal de apelaciones afirmaron al rechazar el recurso que el dictamen del Superior "estaba bien argumentado" y subrayaron que no hay necesidad de buscar clarificación ante el tribunal de justicia europeo.

La Ley prevé que los proveedores de servicios tengan que enviar cartas de advertencia a los internautas que se descarguen archivos usuales, así como llevar a cabo la desconexión a internet de los supuestos infractores.

"Las medidas para intentar reducir las descargas ilegales de archivos son injustas, no funcionarán y pueden resultar en que millones de clientes que no han vulnerado ninguna ley sufran las consecuencias y vean invadida su privacidad", dijo en ese momento el director de estrategia y regulación de Talk Talk, Andrew Heaney.

Las medidas para intentar reducir las descargas ilegales de archivos son injustas

Mientras que la industria cultural argumenta que la piratería les supone al año unas pérdidas de 400 millones de libras (unos 479 millones de euros) los abogados de las operadoras alegaron que las medidadas podrían suponer una invasión de la privacidad además de elevados costes tanto como para los proveedores de internet como para los consumidores.

Al conocer el fallo de hoy, el director de la Alianza de productores de cine y televisión, John Mcvay, instó a las dos empresas demandantes a "dejar de gastar dinero y tiempo" en intentar revocar la ley y centrarse en cambio "en trabajar con los poseedores de los derechos de propiedad intelectual y el Gobierno" para implementarla.

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