Los proveedores de los ayuntamientos que perdonen una parte de su deuda cobrarán antes

  • Además de la quita, se tendrá en cuenta la antigüedad para priorizar el cobro
  • Cuanto más se perdone, antes se cobrará la cantidad pendiente
  • Las facturas se cobrarán desde mayo y hasta finales del año 2012
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RTVE.es 

Los proveedores de los ayuntamientos que tengan facturas pendientes anteriores de pago generadas antes del final del pasado año comenzarán a cobrar a partir de mayo. Así lo han confirmado a RTVE.es fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que también han confirmado la prioridad de pago: cobrarán antes los que acepten renunciar a parte de esa deuda y aquellos que lleven más tiempo esperando.

En cualquier caso, para cobrar, la condición indispensable que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro "es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público".

Todos los acreedores que cumplan estas premisas cobrarán y lo harán antes de que acabe el año 2012, independientemente de la antigüedad de su factura y de si perdonan parte de lo que le deben o no. De hecho no tienen por qué efectuar descuento alguno.

¿Cómo se conocerán las facturas pendientes?

Los entidades locales deberán enviar antes del 15 de marzo una relación con todas las facturas pendientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En ellas, según señala el Gobierno, "debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro".

¿Se puede consultar la inclusión en la lista?

Sí. Una persona o empresa podrá consultar si ha sido incluída. Los ayuntamientos tendrán que permitirlo y existe un plazo: del 15 al 30 de marzo. En esa quincena los acreedores podrán realizar las alegaciones correspondientes.

Si no aparecen, y aportan la documentación necesaria, los contratistas afectados pueden reclamar a la corporación que emita un certificado individual y ésta no podrá negarse. El Ministerio trabaja para que haya un formulario común para todo el territorio español para estos casos.

Lo que sí contempla la norma es que "el incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas tendrá la consideración de faltas muy graves".

¿Cuándo se empieza a cobrar?

Según lo publicado por el Gobierno, en mayo. El mecanismo de financiación que se aprobará en las próximas semanas, y al que los Ayuntamientos podrán acogerse, estará vigente solo y durante 2012.

¿Cómo se efectuará el pago?

"Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito del país". Es lo que especifica la reseña del Consejo de Ministros y está en la línea con lo anunciado hace unos días por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

¿Quién cobrará antes?

Cobrarán antes aquellos que lleven esperando más tiempo el pago y los que acepten renunciar a parte del dinero que se le debe.

Una vez realizada la petición de cobro a la entidad bancaria correspondiente, será el propio banco el que le comunicará cuándo podrá tener acceso al dinero que se le debe. Es entonces cuando el acreedor puede negociar una quita, un descuento. A mayor cantidad que se perdone a la administración, antes cobrará.

Esta medida está pensada, según han explicado fuentes del Ministerio de Hacienda a RTVE.es, para aquellas empresas cuya situación sea axfisiante.

El otro criterio para la prioridad de cobro es la antigüedad de la factura. Un ejemplo, cobrarán antes los que lleven esperando dos años que los que lleven esperando seis meses. Y se hará con un cierto equilibrio entre todos los ayuntamientos.

¿Quién pone el dinero que se debe?

El dinero lo pone las entidades financieras, con el aval de la Administración Central. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el Estado negociará con la banca una compensación, por debajo del precio de mercado, para que los bancos y cajas ganen con estos créditos, pero que ese diferencial no sea excesivo.

Pero será el ayuntamiento el que tenga que negociar las condiciones generales con cada banco y establecer en qué entidad se realizará la operación.

¿A qué se compromete el ayuntamiento con el Estado?

A tres cosas: a mandar la lista de facturas pendientes, a enviar el plan negociado con la entidad financiera y a especificar cómo y en qué plazo van a saldar la deuda que van a contraer con la banca (deuda avalada por el Estado). Las tres tendrán que estar en manos de Hacienda antes del 31 de marzo, subrayan las mismas fuentes del Ministerio.

Entonces se abre un plazo de 30 días naturales. Antes del 30 de abril de 2012 el Ministerio dará su conformidad (o no) al plan. Si la respuesta es positiva se comenzarán a pagar las facturas. De ahí el plazo del mes de mayo.

Si los ayuntamientos no pagaran a los bancos en el plazo previsto, el Estado le dejará de pagar parte de los ingresos que depende de él.

¿Cuál es el objetivo de la operación?

Limpiar los cajones de los ayuntamientos de facturas: liquidar la deuda de las corporaciones con sus acreedores y que éstos no pasen apuros económicos por este motivo, subrayan desde el Ministerio.

Para ello, las entidades locales tendrán que financiar las facturas abonadas (por la entidad financiera con el respaldo del Estado) mediante una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.

"El objetivo no será otro que garantizar la sostenibilidad de la situación financiera del Ayuntamiento, es decir, que cuente con una adecuada financiación de los servicios públicos y recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento", subraya el Gobierno central.

¿Y las Comunidades Autónomas?

Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el pago pendiente a proveedores de las CC.AA. se tratará en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Antes se debe aprobar de forma definitiva el proyecto de ley orgánica de la reforma de la ley de estabilidad financiera, presentado hace unas semanas por el Gobierno en Consejo de Ministros, y que ha recibido este viernes el visto bueno del Gobierno.

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